Durante el 2018, se investigó US$ 1,783 millones por lavado de activos. Esto significaría un incremento de casi el 300% con relación a la verificada el año 2017. Por este motivo, una mayor cantidad de empresas se encuentran en la obligación de responder y reportar por cualquier operación que pueda resultar sospechosa.
Por su parte, son las empresas constructoras las que reciben más visitas de supervisión. Para la UIF, representan el 30% de las observaciones. Asimismo, el año pasado los reportes de actividades sospechosas, aumentó vertiginosamente a 15,736.
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