En la etapa más aguda de un conflicto que suele denominarse de escalamiento y que la Defensoría llama de crisis, lo más aconsejable es el diálogo que permita bajar los niveles de tensión propiciando la búsqueda de soluciones. El peor escenario es el de la confrontación y la criminalización de la protesta, pues existe una elevada posibilidad de radicalización que luego conduzca a situaciones críticas como la vivida en Bagua años atrás. Un conflicto es la expresión de intereses contrapuestos. Con frecuencia es la manifestación de un estado que actúa a destiempo, cuando la olla se destapa y el agua hierve.
Para solucionar el conflicto no hay otra opción que escuchar la verdad de ambas partes. Por eso estimamos como positivo el acuerdo logrado en la reunión sostenida en la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) entre el Premier Salvador Del Solar, Monseñor Miguel Cabrejos, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba y con la presencia de los ministros de Transportes y Comunicaciones, de Salud, y de Desarrollo e Inclusión Social. Fueron facilitadores el Defensor del Pueblo Walter Gutièrrez y Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de La CEP.
Como se sabe, los actores principales son por un lado la empresa minera china IMMG que obtiene las tres cuartas partes de sus ganancias en Las Bambas, que según fuentes del Banco Central de Reserva no ha exportado 94 millones de dólares por el bloqueo de la carretera y por otro la comunidad de Fuerabamba que pide una compensación por los daños ambientales producidos por los más de 300 camiones que circulan diariamente por la carretera transportando mineral. Cabe recordar que en el proyecto original se contemplaba la construcción de una faja transportadora subterránea que reduciría los índices de impacto ambiental. Se sabe que en el acuerdo se logró resolver el asunto económico y se acordó el desbloqueo de la carretera.
Decir que hay intereses políticos de por medio no es ninguna novedad. Tanto más si entendemos la política como la búsqueda del bien común, por cierto ajena a la corrupción, el latrocinio o la politiquería. Se sabe que en este caso concreto no está de por medio una visión antiminera de la comunidad. Pero paradójicamente un día después del acuerdo el nuevo asesor de la comunidad Jorge Paredes anunció que todavía faltaba que la comunidad ratificara el acuerdo. Este es un asunto que deja interrogantes pues este nuevo asesor dirige un grupo político que ha tenido estrechas vinculaciones con el MOVADEF, que evidentemente no se interesa por solucionar conflictos.
Para complicar el asunto, el acuerdo solo involucra a dos de las 38 comunidades en conflicto con la minera MMG en Las Bambas. Por tanto no se producirá el desbloqueo. En su Reporte de conflictos sociales 180, la Defensoría del Pueblo registra a febrero del presente año 179 conflictos. Por otra parte, en este mismo mes la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM identificó 189 casos de conflicto social a nivel nacional. Cabría preguntarnos aparte de las cifras ¿dónde y cómo se activan los mecanismos de prevención de conflictos?. ¿Es esta dependencia de la PCM solo un ente burocrático que aporta poco en la solución de los conflictos sociales?
Amaro La Rosa
Periodista e Investigador
MUY INTERESANTE punto de vista emite el profesor La Rosa en está oportunidad, que nos permite tener una visión más clara del problema.
Esperemos que se solucionen los problemas con soluciones que beneficien al pueblo peruano, por que últimamente, el Gobierno de Vizcarra realiza acuerdos que atentan contra nuestra patria.
TeTenemos que estar alerta.