Como bien se sabe, la empresa constructora brasilera Odebrecht ha despertado el escándalo de corrupción más grande de Sudamérica de las últimas épocas, tras el descubrimiento de las fechorías que ha cometido en complicidad con la clase política de los países, que inició con el Foro de Sau Paulo, el Partido de los Trabajadores de Lula y los algunos partidos de izquierda para extenderse después a la región. De esta manera, en el Perú se han evidenciado los enormes agujeros que existen en nuestro sistema político, a través de los cuales ha sido posible la filtración de la corrupción en su forma más organizada e institucionalizada.
Jorge Barata en sus últimas declaraciones (23 y 24 de abril), ha señalado con nombres y apellidos a aquellos líderes políticos que han recibido dinero ilegal proveniente de la famosa Caja 2, acusaciones sustentadas, además, documentariamente. Esto por sí mismo, y a un lado de la obvia desaprobación de la ciudadanía en general, ha generado una difícil crisis en los partidos cuyos líderes han sido involucrados, donde no se distingue colores políticos, ni género, ni clase social. Las acusaciones de corrupción sencillamente han transversalizado a todas las organizaciones políticas, a través de sus más importantes representantes o intermediarios.
Esto nos conduce a una profunda reflexión: ¿qué debemos hacer para no repetir esta historia?
Aquí nuevamente entra a tallar la importancia de las reformas políticas (las mismas que han pasado a segundo plano estas últimas semanas), sobre todo, en el sistema electoral y en el sistema de partidos políticos. ¿Por qué?
La razón reside en que en la mayoría de los casos, Odebrecht desembolsó fuertes sumas de dinero para financiar las competitivas y costosas campañas electorales de candidatos de nuestro amplio catálogo de partidos político. ¿Para qué? Para que una vez que alguno de ellos sea electo y llegara al poder pague el favor a través del otorgamiento de grandes proyectos a la empresa brasileña.
Entonces, ahí debemos apuntar. Para luchar contra la corrupción es indispensable que se modifique el marco normativo que permite esta situación. Se necesita con urgencia aprobar el financiamiento público total de partidos políticos, incluyendo el financiamiento para campañas electorales, tanto de manera directa como indirecta; para de esta forma crear pisos de igualdad económica y evitar la filtración de dinero ilegal en la política.
Cabe señalar que hay pasos importantes en esta dirección. En diciembre último, uno de los puntos sometidos al referéndum y posteriormente aprobado por la mayoría de los ciudadanos fue el financiamiento directo de los partidos políticos. Ahora bien, hace falta una ley de desarrollo que permita un marco jurídico adecuado para su correcta aplicación.
La comisión de alto nivel para la reforma política ha presentado su informe final donde una de sus propuestas trata de forma integral este tema. Es indispensable retomar el debate, así como la presión y vigilancia permanente de las organizaciones políticas y la sociedad civil para la aprobación de esta y otras reformas, y con ello evitar más casos de corrupción como este en el futuro.
Isabel Manrique
Abogada
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