¿Qué tienen en común los brasileños Marcelo Odebrecht y José Pinheiro con los peruanos Jorge Yoshiyama y Miguel Atala?
Simple. Además de estar involucrados, por distintas causas, en graves casos de corrupción por el caso Lava Jato en Brasil y Perú respectivamente, los cuatro enfrentan el juicio y las acusaciones fiscales desde sus cómodos domicilios y no en gélidas y perturbadoras cárceles públicas.
¿Y cómo así tienen este privilegio del cual no gozan otros cientos de inculpados que también están siendo investigados/encarcelados por el mismo escándalo?
La respuesta es, nuevamente, simple: porque los cuatro se acogieron al esquema de colaboración efectiva, en el caso de Brasil, y a la colaboración eficaz o confesión sincera, en el caso peruano, y esa sola confesión -a tiempo- les permite enfrentar el proceso judicial desde sus propios escritorios.
De esta manera, por ejemplo, Odebrecht, dueño del Grupo que inició esta tragedia de coimas de dinero y sobornos en 16 países, se salvó de pasar 19 años y 4 meses en una cárcel brasileña y hoy reorganiza sus empresas desde su casa.
Y si el brasileño decidió confesarlo todo, porqué al resto de peruanos implicados en esta trama de corrupción les cuesta tanto aceptar algún grado de responsabilidad en los hechos imputados, siendo que su grado de participación fue menor a la de él.
Nuestros presidentes, ministros, alcaldes, funcionarios, políticos, jueces y líderes empresariales involucrados han escogido el camino más largo –y riesgoso- al ejecutar una estrategia legal que niega absolutamente todo con la intención de librarse de la cárcel.
Es decir, ni siquiera existe el mínimo de aceptación de que pudieron incurrir en alguna mala práctica, en que pudieron equivocarse o, inclusive, obviar algún mecanismo de control financiero u operativo. No. Es una negación absoluta de los hechos que se les imputan.
Pero, sin duda, se trata de un relato legal que no se condice con la investigación, con los hallazgos, con las pruebas e, inclusive, con la percepción de la población que sí reconoce en el acusado algún grado de responsabilidad.
Desafortunadamente, se trata de una estrategia legal que va contra los argumentos contundentes del fiscal o el juez, contra toda la lógica de hechos evidentes, ofreciendo por el contario una falsa realidad.
Nos queda claro que la función del abogado es defender a sus clientes y aminorar las penas, pero ¿cuál es el límite? ¿En qué momento la estrategia legal se contrapone a una cuestión ética?¿En qué parte del proceso se analizan fríamente los resultados y beneficios de una negación/ aceptación de los hechos? ¿En qué momento se concluye que una declaración sincera significa menos tiempo en la cárcel?
Los abogados –y sus clientes- están creando un modelo legal que va sustituyendo el sentido común de los hechos, una falsa inocencia que, a todas luces, se convierte en una falsa protección. Y apelan por ello a respuestas que ya son clásicas: no sé nada, no recibí dinero, no es mi firma, no reconozco, se trata de una persecución política, aun sabiendo que se llevan a la verdad de los hechos por delante.
Lamentablemente, es una estrategia que no tiene vuelta atrás y que puede resultar muy tarde si se la quiere aplicar posteriormente, como acaba de ocurrir con Susana Villarán o con lo que, aparentemente, está ocurriendo en el caso de José Miguel Castro, cuyo abogado acaba de renunciar a defenderlo. Porque, además, la confesión sincera solo aplica en una parte del proceso legal, cuando pueda aportar algo nuevo que la Fiscalía desconoce. Después será muy tarde.
El abogado dirige sus esfuerzos a evitar o disminuir impactos negativos o penas, pero cualquier estrategia legal tiene que estar basada en la ética y la verdad. Si se pierde la credibilidad, la causa está perdida.
José Salazar
Comunicador, periodista y CEO de Proel
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