Política

Alan García: a un mes de su muerte

Alan Gabriel Ludwin García Pérez, presidente constitucional del Perú en dos ocasiones, tomó la decisión de quitarse la vida, con su propio revolver, el 17 de abril del 2019, luego que el representante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Henry Amenábar Almonte, se apersonara a su domicilio ubicado en Miraflores para detenerlo preliminarmente. Esto, después que el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, ordenara la diligencia, debido a las imputaciones que colocaban al exmandatario como el presunto líder de una organización criminal que favorecía a la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, este trágico momento en torno a una investigación fiscal, posee una serie de contextos y antecedentes que son pertinentes revisar para entender mejor el caso.

El 28 de julio de 1985, Alan García comenzó su gobierno como presidente del Perú, luego de ganar las elecciones con el partido aprista, en el cual militaba desde muy joven. Para algunos, él era considerado el discípulo directo del fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre. Su régimen se vio marcado por la inflación y la inseguridad ciudadana que era duramente golpeada por el terrorismo. De hecho, fue por la matanza de los penales, en la que fueron asesinados alrededor de 300 terroristas, que en el año 1990 —al término de su primer gobierno—, recibió su primera acusación constitucional, la cual fue evitada por el parlamento de aquella época.

Un año después, el fiscal estadounidense Robert Morgenthau, acusó a García de conocer del depósito de sobornos provenientes del BCCI a dos ex funcionarios del Banco Central de Reserva. En este caso, se le abriría la primera investigación por enriquecimiento ilícito. Por su parte, el fiscal de la Nación, Pedro Méndez, formuló una denuncia, nuevamente por enriquecimiento ilícito, debido a su presunta intermediación en la compra-venta de aviones Mirage. La Sala Civil de la Corte Suprema, declaró procedente la extradición del exmandatario, el cual se encontraba exiliado en Colombia. Fue declarado reo ausente. El líder aprista, también fue denunciado por actos de corrupción que involucraban al tren eléctrico. Sin embargo, nunca fue a prisión, sus delitos prescribieron y regresó en el año 2001 para ser candidato presidencial del Apra. Perdió aquellos comicios contra el candidato de Perú Posible, Alejandro Toledo, y en el 2006 sería electo nuevamente presidente, al vencer en segunda vuelta a Ollanta Humala.

El segundo gobierno de Alan García, comenzó el 28 de julio del 2006. Poseía mayoría parlamentaria. Este periodo fue mucho mejor que el anterior en materia económica: el país creció 7,2% al final de los 5 años. El tren eléctrico fue inaugurado, se creó la Alianza del Pacifico, los colegios emblemáticos fueron remodelados, la Interoceánica concluida y otras tantas obras a lo largo y ancho del país. Sin embargo, este mandato también recibió cuestionamientos por el “Baguazo”, donde murieron policías y nativos enfrentados por una ley que el ejecutivo se negaba a derogar y los “Narco Indultos”, realizados al final de su lustro. También presuntas coimas recibidas por la constructora Odebrecht.

Caso Odebrecht:

Las investigaciones por el caso Odebrecht comenzaron gracias al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Policía Federal Brasileña y los fiscales del caso Lava Jato — En español: Lavado de Autos. Es la operación que descubre el escándalo de corrupción más grande en América Latina. Se ven involucrados mandatarios, hombres de negocios y empresas de Brasil—. Ellos determinaron el pago de coimas y sobornos en 12 países, con dinero proveniente de su “caja 2”. En Perú, exalcaldes, empresarios, funcionarios y expresidentes, se encuentran siendo investigados. Entre ellos estaba Alan García. Trabajo Parcial Según la fiscalía, el expresidente constitucional del Perú, Alan García, habría estado coludido durante su segundo periodo presidencial con la empresa Odebrecht, con la finalidad de adjudicarle obras públicas a cambio de coimas. La manera en la que habría beneficiado a la constructora brasileña es mediante seis decretos de urgencia y dos decretos supremos, los cuales modificaban el marco legal previo establecido para ejecutar proyectos de infraestructura.

Con relación al Tren Eléctrico, determinó que la obra pasará a manos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de la autoridad autónoma del mismo nombre. El encargado de aquella cartera era Enrique Cornejo (postuló para la alcaldía de Lima en los años 2014 y 2018) y como director de AATE estaba Oswaldo Plasencia Contreras. Actualmente se encuentran coinvestigados por brindarle facilidades a la constructora brasileña para la ejecución de los tramos 1 y 2 del metro. Asimismo, la fiscalía, también habría indicado que García favoreció a la empresa en la adjudicación del proyecto de Integración e Infraestructura Regional Sudamericana-IIRSA Sur, tramos 2 y 3, cuando Odebrecht conformó el consorcio CONIRSA. De este modo, el Ministerio Público también habría imputado al exsecretario general del MTC, Jorge Menacho Pérez y el exdirector Ejecutivo de Provías del MTC, Raúl Torres Trujillo, pues habrían colaborado con el ex mandatario en actos de corrupción.

La fiscalía consiguió el 8 de diciembre del 2018, firmar un acuerdo de colaboración eficaz con los directivos de Odebrecht, los cuales brindarían información suficiente para comprobar la culpabilidad — o no— de los investigados. De esta manera, lograron interrogar a los ejecutivos de Odebrecht, que tenían conocimientos sobre las coimas entregadas desde el Perú, durante el 2019. Sin embargo, el exdirectivo de la constructora brasileña, Jorge Barata, declararía entre el 23 y 26 de abril.

Por el lado político, la comisión Lava Jato del Congreso de la República, investigó al expresidente. Sin embargo, García quedó excluido del informe final aprobado el 9 de diciembre del 2018. «Los elementos de convicción acaban de aparecer hoy (martes 30 de abril del 2019), hasta ayer no había ningún nexo que vinculara directamente al ex mandatario con la posibilidad de alguna recepción de dinero”, justificó la presidenta de la mesa de trabajo parlamentaria, Rosa Bartra. No obstante, los detractores indicaron que existían indicios suficientes para que el exmandatario sea nombrado en el texto final. Asimismo, lo calificaron de blindaje e indicaron, suspicazmente, que solo se encontraban señalados en el manuscrito, los enemigos políticos del fujimorismo y el Apra.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, recibió de la fiscalía, como elementos de convicción, la investigación por cohecho pasivo y lavado de activos contra el exvicepresidente de Petroperú, Miguel Atala. Mediante la empresa offshore, Ammarin Investment, el ejecutivo de la empresa petrolera peruano, habría recibido US$1’312,000.00 por parte de Klienfeld Service Ltda en la Banca de Privada de Andorra. Asimismo, el Ministerio Público imputó al ex presidente García, la autoría de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, vinculado a US$100,000.00 recibidos de la División de Operaciones Estructuradas –o caja 2 – de Odebrecht. El expediente resolutorio indica que el ex mandatario utilizó, presuntamente, a los investigados Luis Nava Guibert y José Nava Mendiola, como testaferros. Ellos habrían recibido US$4’555,486.62, tal y como indica la documentación entregada por la constructora brasileña.

Alan García declaró en múltiples ocasiones, que las imputaciones en su contra eran falsas. Luego que se le impusiera un impedimento de salida, el exjefe de estado indicó estar a gusto de poderse quedar en Perú. Sin embargo, le pidió asilo político a Uruguay, y de esta manera se refugió en la embajada en la que reside Carlos Barros, hasta el 3 de diciembre del 2018. Esto llevó a una tensa situación diplomática, debido a que estaba en juego el reconocimiento institucional y democrático del país. Incluso, el actual presidente Martín Vizcarra, envió una carta al presidente Tabaré Vázquez, explicándole la situación. En otra ocasión, el exmandatario declaró tener contactos en la fiscalía que lo surtían de información. En los medios de comunicación se hablaba de peligro procesal, pues no parecía querer allanarse a la justicia. El expresidente era un hombre muy preocupado por su lugar en la historia y constantemente hacía mención sobre sus logros. Del mismo modo, señalaba la indignidad que significaba para él, ver desfilar políticos por la cárcel. En este punto, cabe mencionar que lo correcto es siempre allanarse a la justicia. Sin embargo, García declaraba que nunca se le encontraría culpabilidad alguna y que él no era ningún “trofeo”.

La fiscalía sustentó su solicitud de prisión preliminar para el expresidente Alan García. Esta fue aceptada debido a su idoneidad y a los “actos de obstaculización”, que se indicaban el documento. Del mismo modo, el magistrado consideró la existencia de peligro de fuga. “Por último, en la ponderación que se debe realizar entre la afectación del derecho a la libertad y el derecho del estado a perseguir los delitos y sancionarlos, el primero debe proceder ante el segundo”, declaró el juez.

El día 17 de abril del 2019, se llevaría a cabo la prisión preliminar, sin embargo, García se dispararía en la cabeza, acabando con su vida, a pesar de los intentos por salvarle la vida que tuvieron los médicos del hospital Casimiro Ulloa. Posteriormente sería velado y los simpatizantes y parlamentarios apristas culparían a jueces, fiscales, al ejecutivo y la prensa, de lo ocurrido.

La fiscalía interrogó al exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, en las fechas previstas. Con esto, se comprobó la vinculación entre la empresa brasileña y Alan García. Asimismo, los roles que cumplían sus hombres de confianza y la forma en la que operaban. Según el exsuperintendente de Brasil, Atala era «un Josef Maiman en una postura bastante pasiva”. Del mismo modo, se descubrió que el exmandatario sabía de las coimas que recibió Alejandro Toledo durante el periodo presidencial de Perú Posible.

La muerte de Alan García es un hecho trágico que conmueve a sus familiares y amigos, pero no es un mártir, ni se inmoló. Es un ejemplo de lo que es la desesperación. Un hombre que rechazó allanarse a la justicia y defenderse como las leyes del Perú mandan. Las investigaciones continuarán y se sabrá toda la verdad.

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