El conflicto social que trae el paro de agricultores, acatado por miles -liderados principalmente por la Convención Nacional del Agro Peruano, la Confederación Nacional Agraria y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego- en la mayoría de regiones desde el 13 de mayo nos confronta con problemas estructurales, así como con situaciones aparentemente contradictorias en la dinámica económica y política nacional.
Mientras Perú celebra el histórico crecimiento de su agroexportación, que ha triplicado su volumen en los últimos siete años, consolidando al país como una potencia mundial en la producción de espárrago, palta, plátano orgánico, mandarina, alcachofa, arándano, entre otros, así como aumentando sostenidamente el -tan escaso- empleo formal en un sector que ha quintuplicado sus aportes tributarios en los últimos 15 años, a través de empresas que utilizan alta tecnología para el riego tecnificado y control de calidad, miles de familias apurimeñas, cusqueñas y cajamarquinas -vecinas de grandes minas- que enfrentan a diario la pobreza, se adhieren a una protesta con múltiples exigencias que van desde la reestructuración del Ministerio de Agricultura (sin una propuesta sugerida) hasta S/ 1500 millones para créditos mediante Agrobanco (cuya deuda por cobrar a pequeños agricultores supera ese monto), pasando por críticas a la muy lenta reconstrucción con cambios.
Varias demandas resultan económicamente inviables y las autoridades políticas se centran en refutarlas con fundamentos racionales y técnicos, al tiempo que desaprovechan la ocasión para replantear la agenda programática, priorizando asuntos de infraestructura, gestión del agua y acceso a mercados, de manera que cambie el sentido del debate público, sin que ello implique abandonar legítimos reclamos de millones de campesinos y ganaderos que siguen siendo parte de la población con menor acceso a servicios públicos adecuados.
Los grandes conflictos sociales son una magnífica oportunidad para el surgimiento de liderazgos políticos. Si bien dichos liderazgos suelen emerger desde los sectores que protestan, también se genera un escenario para que -en un gabinete ministerial de perfil tan bajo- la titular del MINAGRI, Fabiola Muñoz, transforme en acciones concretas su potente mensaje “tenemos más coincidencias que diferencias”, a partir de una agenda acotada con puntos de encuentro, cronograma de ejecución y rendición de cuentes orientadas a fortalecer la confianza y evidenciar resultados; elementos esenciales para gobernar.
La informalidad y baja productividad son problemas estructurales de nuestra sociedad y no un asunto coyuntural o agropecuario. Asimismo, la conflictividad social está más asociada a la debilidad institucional que a alguna crisis económica sectorial.
Luego de muchos años en que la pobreza y el desempleo eran los problemas fundamentales percibidos por los peruanos, hemos pasado a casi una década en que la inseguridad ciudadana y la corrupción son los principales dramas nacionales. Tal vez, afrontar esta conflictividad política y social, requiera repasar las nuevas prioridades estructurales.
Jeffrey Radzinsky
Abogado y especialista en comunicación política
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