Inmunidad: ¿impunidad o garantía?

Hoy, la inmunidad parlamentaria es sinónimo de impunidad y de blindaje. A diario vemos como es atacada su naturaleza, finalidad y objetivo.

También es utilizada para atacar al Congreso, a pesar que dicha prerrogativa la tiene, igualmente, el presidente de la República, los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, los Fiscales Supremos, entre otros.

Pero, ¿qué es la inmunidad parlamentaria? Es una garantía institucional. No protege a la persona ni a un grupo parlamentario determinado.

Es un atributo del Congreso de la República que permite a sus miembros investigar los hechos de corrupción u otros, sin temor a las represalias ni amenazas.

Un ejemplo de ello, es la investigación que llevamos a cabo desde la Comisión de Defensa a la gestión del ex presidente Ollanta Humala y al ex primer ministro Pedro Cateriano.

Sin inmunidad, nos hubiera llovido un sinnúmero de denuncias. Estaríamos peleando nuestra inocencia en el Poder Judicial.

Sin embargo, esta inmunidad no es absoluta.

Los congresistas podemos ser procesados y detenidos a solicitud del Poder Judicial, previa evaluación a que no exista motivación de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria por parte del Congreso.

En caso de delito flagrante, debemos ser puestos a disposición del Parlamento dentro de las veinticuatro horas, a fin de que se autorice o no la privación de nuestra libertad y el enjuiciamiento.

La inmunidad no protege a los congresistas contra las acciones en su contra de naturaleza diferente a la penal, ni de los procesos penales iniciados antes de su elección. En este último caso, los procesos siguen su curso.

Tampoco impide que el Fiscal de la Nación pueda levantar nuestro secreto bancario y la reserva tributaria, al amparo de la Ley N° 27399, que regula las investigaciones preliminares de los funcionarios comprendidos en el artículo 99° de la Constitución.

 Como congresista fui investigada en mérito a dicha ley y, tras 3 años de investigación, el ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, declaró su archivamiento en el año 2016, sin haber pasado por un procedimiento de levantamiento de inmunidad previo.

Procedimiento que también está sujeto a crítica. Sin tomarse en cuenta sus requisitos y plazos tanto a nivel de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria (CLIP) como del Pleno del Congreso.

Para ejemplificar dicho procedimiento, cito el caso de Edwin Donayre, precisando que el Poder Judicial no pidió propiamente el levantamiento de su inmunidad de arresto, sino que se le autorice la ejecución de una sentencia condenatoria de primera instancia.

Por su relevancia, desde la CLIP, que presido, agendamos dicha petición y apenas recibimos la sentencia firme de segunda instancia -como manda la norma- se procedió a su debate, siendo aprobada por unanimidad y ratificada a los pocos días por el Pleno.

¿Cuánto tardó el Parlamento para levantarle la inmunidad al congresista Donayre?: no más de cinco días.

¿Cuánto tardó el Poder Judicial para concretar ese pedido?: Trece años (el proceso judicial inició en el año 2006).

Entonces, ¿La inmunidad es la culpable de la demora del Poder Judicial? Entendemos, la respuesta es obvia.

Proteger la inmunidad como garantía es defender nuestro estado derecho, democracia y el equilibrio de poderes.

No hacerlo, en el absurdo de derogar dicha prerrogativa, nos haría plantear la eliminación de la inmunidad de todos los altos funcionarios, incluida la del presidente Vizcarra.

Con esto tampoco queremos decir que dicha figura no podría mejorarse. No nos negamos al debate como dice el Ejecutivo.

En el Parlamento, ya venimos evaluando la posibilidad de establecer un plazo máximo de 30, 60 o 90 días para dicho procedimiento, y en caso se supere los mismos, se entienda por procedente la solicitud del Poder Judicial.

Asimismo, se ha planteado eliminar la inmunidad de arresto para que los parlamentarios que cuenten con sentencia firme puedan cumplir de manera inmediata su pena; entre otras medidas.

 Por eso las cosas claras y el chocolate espeso: la inmunidad no es impunidad, es una garantía.

Como país, sin duda, merecemos tener un buen Congreso. Pero para eso la ciudadanía debe elegir bien a sus representantes y nosotros, los congresistas, entender que al Parlamento se va a trabajar y no a esconderse de la justicia.

Luciana León.
Congresista de la República reelecta para el periodo legislativo 2016-2021. Abogada con estudios de maestría en Gobernabilidad. Autora del Libro “Acuerdos Comerciales del Perú”. Ha impulsado la Ley del Concejal Joven, Ley del Libro, Ley del Ministerio de Cultura, Ley de la Autoridad del Transporte para Lima y Callao, Ley de apología al terrorismo, Ley de protección a la mujer, entre otras.