Opinión Susana Gutiérrez

La democracia no es gratis

La democracia cuesta, y no es gratis. Los países que han pasado por el proceso de fortalecimiento y que hoy gozan de una democracia alta, saben que nada de esto fue fácil. Casos como el europeo o el sistema estadounidense, han invertido en reformas constitucionales para lograr el estado democrático y el índice de gobernabilidad consolidada con el que ahora gozan; que va desde un claro financiamiento de sus partidos, plataformas bien definidas y estructuradas, y que el Perú aún ve muy de lejos.

Sabemos que estamos en niveles muy bajos de legitimidad y de las instituciones representativas, sin embargo, lo único que hemos estado presenciando son consensos para la pantalla y no acuerdos en la práctica. Modificaciones parciales que no terminan siendo reforma, y entonces seguimos en el mismo problema: escasa confianza de la población a los partidos y nula participación ciudadana.

Pero así como se exige un riguroso esclarecimiento del financiamiento público directo (no opcional), también se debe exigir sancionar las infracciones y que lamentablemente no está estipulado en la actual Ley de Partidos Políticos. Empero, esta figura no puede ir sola, pues debe ir de la mano con la derogación del voto preferencial, además con un sistema bicameral del Parlamento; que permita contar con calidad legislativa, conjuntamente con una paridad de hombres y mujeres en las listas municipales y congresales, donde prime la meritocracia.

En cuanto a la observación sistemática de los partidos, tenemos lo siguiente: elecciones internas cuestionadas por los mismos miembros del partido, que no se sienten satisfechos y que, por el contrario, se sienten limitados para poder acceder a un cargo. La ley nos dice que los delegados deben nacer de las elecciones internas, sin embargo “éstos” aparecen muchas veces en último momento, por puesta de mano. Por eso aquí lo ideal es eliminar el voto preferencial en conjunto con listas abiertas.

En un sistema constitucional se respetan las competencias, eso sin duda lo tenemos bien claro, pero el meollo del asunto es que dicho paquete de reformas no viene con este gobierno, recuerdo perfectamente que se iniciaron los procesos de debate desde el 2016 en la Comisión de Constitución (y eso que antes hubieron más intentos), un tema que se ha venido alargando por intereses mezquinos de ciertos congresistas que quieren perpetuar la impunidad y la desconfianza en la población.

La reforma de los partidos políticos, el sistema electoral y la justicia en nuestro país no debería significar una constante pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo. Pero muchos me dirán: ¿Quién moraliza al moralizador? Creo que la reforma de partidos es un primer peldaño a todo el cambio estructural y social que debemos hacer desde casa.

Hace falta que nos sumerjamos – desde las tribunas que nos encontremos – en  aportar a este cambio. Finalmente sabemos que las leyes se hacen, lo que es realmente difícil de cambiar son los valores desde el hogar para forjar mejores personas, mejores ciudadanos y por ende para contar con mejores autoridades.

Pero si queremos seguir quejándonos de nuestros políticos y oportunistas outsiders presidenciales, basta sólo mirar con resignamiento lo que sucede alrededor. No nos olvidemos que nuestra tarea como ciudadanos no termina en el voto. Una reforma de los partidos políticos de forma integral supone recobrar la confianza perdida, supone un desafío necesario en el proceso de la consolidación democrática.

Susana Gutiérrez.
Comunicadora política con experiencia en gestión pública. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Nacional de Piura, con Maestría en Estudios Políticos Aplicados y Gestión Electoral por el Jurado Nacional de Elecciones en conjunto con el Instituto Ortega y Gasset de España y la Universidad de Piura. Trabaja en el empoderamiento de jóvenes y nuevos líderes, así como en proyectos que fomentan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ha sido reconocida como «Mujer Líder & Emprendedora Internacional», por el Congreso de la República.

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