Bajo la nueva administración de Graña y Montero, liderada por el ingeniero Augusto Baertl, fue entregada la suficiente documentación al fiscal Germán Juárez Atoche, en donde se halló un reembolso ilícito 12.5 millones de soles para obtener, en conjunto con ICCGSA y EIVI, la adjudicación de una obra por 476.7 millones de soles. Todo esto dentro del esquema del “Club de la Construcción”, en donde la constructora aceptó pagar el 2.69% del total del proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Quinua-San Francisco, tramo 2, en Ayacucho.
La coima fue encubierta por parte de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Provías Nacional. Entre ellos se encuentran el ex asesor del MTC Carlos García Alcázar y Rodolfo Prialé de la Peña, quienes recibieron por parte de ICCGSA un soborno de 37.5 millones de soles (quien más tarde le cobraría un reembolso de 12.5 millones a Graña y Montero) para así simular una licitación y dirigir la buena pro al mencionado grupo de constructoras en el año 2011, bajo el gobierno de Ollanta Humala.
Si las autoridades homologan la información que ha proporcionado para esclarecer dichos casos en donde los ex directivos o funcionarios de la firma participaron, Graña y Montero sería la primera compañía constructora implicada en colaborar en los casos Laca Jato y ‘Club de la Construcción’.
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