Gonzalo García Núñez Opinión

Sobre la cuestión de confianza: jaque mate

Una cuestión de confianza fue  planteada al Congreso por el Poder Ejecutivo por segunda vez. Se trata de un pronunciamiento sobre  seis  proyectos de ley de reforma política, priorizados  por Vizcarra para decisión de la plaza Bolívar.

El propósito del gobierno era  que dichas herramientas permitieran avanzar hacia una reforma  del Estado,  el régimen de partidos y de los modos de representación de la ciudadanía,  en suma, una primera renovación del rol de los influencers y de los actores de la clase política.

El presidente de la República, en una alocución televisiva, con asistencia de los gobernadores regionales y del pleno del gabinete, declaró que estos 6 proyectos así planteados contribuyen al fortalecimiento institucional y  la lucha contra la  corrupción.  Y,  exhortó también a la reconsideración del voto  parlamentario que (archiva) “blinda” al infraganti Fiscal Supremo Chávarry,  vinculado a una red corrupta de altos funcionarios. El primer mandatario aludió a los sentimientos que despiertan Ira, indignación, boicot, daño al Perú, impunidad,  motivadas por el lento procesamiento de estas  drásticas reformas,

En caso de haber prosperado un voto adverso en la cámara, NO a la cuestión de confianza,  caería  el  gabinete. Seguido de la disolución y la convocatoria, en el mismo acto, a una nueva elección de 130 nuevos congresistas  (dentro del plazo máximo de cuatro meses), sin reelección por cierto de los y las actuales padres y madres de la patria. 

Mientras habría quedado en funciones  la comisión permanente del actual Congreso hasta el fin del periodo.

Pero no. El  voto  no fue adverso. Fue a favor. Hubo  77 a favor, 44 en contra y 3 abstenciones «Amor al curul» o lo que fuere, las consecuencias a la vista son una dispersión del fujiaprismo, 33 por el sí y 12 por el no. Dos bloques. Un intento cainita y tardío de descabezar al presidente del Congreso. Un virulento enfrentamiento entre los insubordinados con lo que queda del núcleo duro, hoy en retirada, o tal vez en derrota definitiva, lo  que incluye, ceteris paribus,  la presunta pérdida de la próxima mesa directiva, y la propia composición de los organismos de comisiones del Congreso; lo que sería en realidad un golpe certero al cogollo fujiapromontesista. Curioso 4 del PAP, voto No.

El dilema era evidente en el tablero de ajedrez. Un voto en contra  habría conducido al cierre constitucional y temporal del Congreso. Pero un  voto a favor, le otorga poder a las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Como dicen Alfredo Quintanilla en el Búho y la columnista  Rosa María Palacios, en un diario local,  ante el dilema, «los fujis pierden por angas o por mangas, jaque mate». Así fue. Y si al voto si  se le incorporara los 19 votos por el no -argumentados como si-, el score hubiese sido aún más concluyente, 96 votos, una losa democrática.  

Nótese que en las calles hay un fuerte consenso ciudadano por un eventual cierre constitucional del Congreso. Desde las audio- revelaciones del  “Lava Jato”, Odebrecht, OAS,  los “Cuellos Blancos”, ya existía un extendido sentido común  en las calles sobre la necesidad de extirpar  la  corrupción y  desterrar la criminalidad organizada en los partidos políticos y las instituciones judiciales, legislativas, regionales, municipales,  partidarias, empresariales y sociales. Un que se vayan todos.

Al develarse los hechos que han llevado a siete ex presidentes a la cárcel, la huida, el suicidio, la reclusión en sus domicilios,  surge la convicción ciudadana  que la hondura de la crisis de representación  no se resuelve sin modificar el andamiaje del  modelo político neoliberal que encarna el régimen instaurado por el autogolpe del 5 de abril de 1992, hoy denominado aprofujimontesinismo.  

Para evidenciar la gravedad del asunto sobre el futuro del país baste comparar el impacto de la corrupción y los costos de la pacificación del país entre 1980-2000.

Según la CVR, hubo 70 mil muertos en la lucha contra el terrorismo y se perdieron 25 mil millones de dólares por la violencia.  Por la corrupción 30 mil millones de dólares en los últimos 20 años. Y el costo social, sicariato, narcotráfico, bandas, asesinatos de civiles, no sería muy distante de los muertos por la lucha contra el terror, dice Carlos Tapia. Pero si le agregamos, la pérdida de los recursos para combatir el déficit de salud, la vivienda, la anemia, camas de hospital, etc. El costo aumentaría.

Después del terrorismo, la corrupción es el otro flagelo de tal importancia que  convoca a la acción convergente del  Estado y la gente.

En cualquier caso, el terrorismo fue derrotado. Nunca tuvo apoyo de la mayoría de la población. No es el caso de la corrupción. Esta carcome la democracia y el sentido común de las mayorías. Ser  «avivato» deviene en ser “prestigioso líder” (no hay que ser “Zonzo” dicen,  «todos lo hacen»). La riqueza y el poder “vienen solos”.

Luchar contra este mal entendido sentido común,  será una gesta heroica, como lo fue la lucha contra el terrorismo. Para acabar con la corrupción, entonces, se  necesita una reforma del modo de hacer  política que garantice que la sociedad, los partidos, los poderes públicos y el  gobierno de las instituciones estén al servicio de la gente y no de intereses subalternos. Nuevas reglas. Cero coimas.

La solución a esta crisis invoca también a la  movilización permanente de la sociedad civil por las demandas  ciudadanas que debieran ser concurrentes con la adopción de mecanismos políticos constitucionales innovadores  como la transparencia, el referéndum y el propio uso de la cuestión de confianza.

Herramientas con que los sectores honestos pugnan por revertir el manto de impunidad que la mayoría parlamentaria  impone al país, Por eso la urgencia de impulsar la reforma política. Por eso hay que denunciar y levantar el blindaje de los operadores  corruptos de esa mayoría.   

Si no se logran estos cambios urgentes se activaría el inminente curso de consulta de  carácter referendario sobre el cumplimiento de las exigencias democráticas ciudadanas aprobadas en la consulta popular previa. Seria plenamente lógico puesto que no habría otra salida que revocar el hoy lerdo  mandato de representación.

Por eso se requiere abrir el sistema político a nuevas fuerzas sociales con la inscripción de nuevas organizaciones políticas, sujetas a reglas  ventiladas  de elección, votación y participación democráticas, primarias internas, alternancia y paridad. Medidas que remplacen a las oligarquías partidocraticas y destierren el financiamiento del dinero sucio a las campañas electorales.

En ese contexto  consideramos que las fuerzas progresistas honestas y  militantes deben participar en las más amplias movilizaciones ciudadanas, buscando que el  cambio de la correlación en el sentido común ciudadano se refleje plenamente en la vida  política. Y, desde allí, desde talleres reflexivos de la sociedad civil, impulsar los cambios institucionales que el país  requiera para acabar con la corrupción institucionalizada, defender su soberanía y garantizar los derechos ciudadanos.

Gonzalo García Núñez.
Economista y ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

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