En el mundo, cerca de mil millones de personas carecen del acceso al agua potable segura y 31 países ya padecen de su escasez. En el Perú, casi la tercera parte de la población no cuenta con acceso a agua potable, pese a que somos el octavo país con la mayor reserva hídrica del planeta.
En el 2010, la ONU reconoció el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, instando a los Estados Partes incorporarlo en sus legislaciones domésticas como un derecho fundamental. Siete años más tarde, el Estado peruano constitucionalizó el derecho de toda persona de acceder de forma progresiva y universal al agua potable, elevándolo a la categoría de derecho fundamental.
El acceso al agua potable como un derecho fundamental es núcleo indispensable para la realización de otros derechos humanos como la salud o la alimentación que dignifiquen la vida de las personas. Sin embargo, al ser este un derecho de corte prestacional (económico y social) su solo reconocimiento no garantiza su satisfacción, pues requiere, además, de acciones positivas por parte del Estado para asegurar su accesibilidad de manera oportuna, algo que no noto sea una de las prioridades en la gestión actual.
Ser un país con las mayores reservas de agua en el mundo es un privilegio. No obstante, el aprovechamiento sostenible de este recurso es muy limitado y un serio problema que se hará más evidente en las próximas décadas debido a su inminente escasez. Explico el porqué: el Perú cuenta con tres vertientes hidrográficas (el Pacífico, el Atlántico y el Lago Titicaca). Cerca del 97% del agua que tenemos fluye hacia la vertiente del Atlántico y se pierde en el Amazonas, y solo un poco más del 2% fluye hacia la vertiente desértica del Pacífico en donde vive más del 70% de la población, lo que significa que hay una inmensa demanda insatisfecha, y ello se incrementará más aún en los siguientes años debido al crecimiento poblacional y la escasez del agua como consecuencia del calentamiento global.
En ese mismo orden, el Perú alberga casi el 70% de los glaciares tropicales del planeta distribuido en sus 19 cordilleras andinas, una de las principales fuentes de nuestra reserva hídrica que por miles y millones de años ha suministrado de agua —de manera natural— a los ecosistemas, la biodiversidad y la propia actividad humana. Pero hay un riesgo irreversible llamado calentamiento global. Según los últimos estudios realizados por la Autoridad Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, solo en los últimos 50 años hemos perdido casi el 50% de nuestra masa glaciar, y se prevé que en las siguientes décadas muchas montañas y glaciares desaparecerían para siempre. Las consecuencias son obvias: la inminente escasez del agua.
El Perú es un país muy frágil ante el cambio climático. Somos una Nación, que debido a su insipiente industrialización casi no contribuye al calentamiento global. De hecho, no superamos ni el 1% del CO2 que provoca al calentamiento de la tierra; sin embargo, y, aunque parezca paradójico, somos uno de los tres países con el mayor impacto global por el cambio climático, lo que nos debe llevar a una urgente y seria reflexión sobre las acciones que deberíamos adoptar como parte de una política nacional e internacional para mitigar y adaptarnos frente a este fenómeno que nos golpea y nos empobrece con mayor frecuencia. En esa línea, el acceso al agua potable se convierte en un problema nacional mayor, pues no solo va requerir de ingentes recursos económicos para garantizar su accesibilidad (incluso progresiva) a todas las familias, sino que debido a su inminente escasez, su satisfacción será más limitada y onerosa, afectando la realización de otros derechos fundamentales que —incluso en las actuales circunstancias— ya son muy difíciles de satisfacer.
Abel Hurtado.
Abogado especializado en Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. Magíster en Derechos Humanos por la PUCP. Becario en Derechos Humanos y Conflictos por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y egresado del Programa de Derechos Humanos y Política de Vassar College, NY. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario del Congreso de la República y docente universitario.
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