La reforma pendiente del Congreso

Julio, es el mes del balance político, a propósito de la obligación constitucional del mensaje presidencial del 28 de julio. Por eso todos los focos mirarán el gobierno de y  opinarán si se avanzó en el desarrollo de políticas y la solución de los problemas centrales del país, o más bien existen deficiencias por absolver, y cuanto el parlamento cumplió con la Reforma política planteada por el Ejecutivo.

Sin embargo, un tema que nunca se toca es la reforma institucional-económica-administrativa pendiente del propio parlamento, que como organización y estructura de funcionamiento, es una herencia del Congreso Constituyente Democrático (CCD) de 1993. Hace 26 años, que el parlamento funciona con las vigas centrales que fueron construidas por Jaime Yoshiyama, presidente del CCD, y por supuesto Alberto Fujimori y su asesor presidencial. Ni el proceso de transición conducido por Valentín Paniagua, ni los gobiernos democráticos que se sucedieron hasta la actualidad, han hecho poco por plantear o resolver este problema público.

La Reforma Política propuesta, tiene que ver más con mejorar los partidos y mejorar las condiciones de elección para los ciudadanos, sin embargo, el parlamento también requiere de cambios profundos en su administración y organización.

Casi el 90 por ciento del presupuesto parlamentario está destinado a gastos corrientes, pago de planillas y prestaciones sociales. El número del personal del Congreso bordea los 4000 mil servidores, para atender a 130 parlamentarios. Este personal se encuentra dividido en varios regímenes, siendo los principales el Servicio Parlamentario y la Organización Parlamentaria. El servicio parlamentario, es personal estable, y el, de la organización parlamentaria, es el personal de confianza, donde los congresistas, mediante una memorando y a sola firma, tienen la potestad de contratar al personal de su despacho, y de las Comisiones u otras instancias del parlamento que les toque conducir.

Luego, del golpe del 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori presionado por la comunidad internacional convocó a elecciones del CCD que inició sus funciones en enero de 1993. Este cuerpo lejos de cumplir con la promesa del presidente Fujimori de que los parlamentarios ganarían sueldo mínimo, aprobó una proporción de ingresos respecto de la remuneración mínima vital (RMV) superior, incluso al actual sueldo de los parlamentarios.

El acta de la segunda sesión de la Mesa Directiva del CCD, del 2 de febrero de 1993, establece que el sueldo de los parlamentarios de ese tiempo sería de 2, 300.19 soles, remuneración que equivalía a 32 sueldos mínimos, según la referencia del INEI.  Hoy día, si el ingreso de los congresistas es 23 mil soles, esto representa 24 RMV.

Esta no sería la primera acción de la Mesa Directiva presidida por Jaime Yoshiyama. Su primer acuerdo, en la primera sesión del 18 de enero de 1993, fue “inaugurar” lo que hoy conocemos como los viajes de representación.  Aprobaron, otorgar 2 pasajes aéreos y viáticos por 2 días (36 dólares por día) para viajar a provincias. Una práctica extendida y formalizada, en nuestros días.

Esto forma parte de la historia política del CCD, pero cuya institucionalidad se mantiene hasta la fecha. Acaba de aparecer otra denuncia de un “trabajador fantasma” contra un parlamentario andino del Perú. Éstos, tienen las mismas prerrogativas que los congresistas, es decir las mismas condiciones administrativas. No es una novedad. El recorte de sueldo y los trabajadores fantasmas aparecen con el CCD y se extienden hasta la fecha.

En democracias avanzadas existen hasta dos modalidades en que los congresistas tienen el apoyo del personal. En unas, es el parlamento es el que asigna a los profesionales de acuerdo al tema que el congresista desarrollará y éste sólo puede contratar a un asesor político. Otros, como en Europa, hay discrecionalidad de contratación para los diputados, pero a partir de un personal que es acreditado por el parlamento europeo. Aquí, como hemos visto casi entra cualquiera.

Lamentablemente, en temas de administración y economía del parlamento hay plena unidad nacional entre todas las bancadas políticas, siempre fue así desde el CCD, y los “congresos democráticos”. Al parecer todos se sienten cómodos de cómo se administra y los beneficios que reciben. Lo planteado hace 26 años, como funcionamiento del parlamento, aparece como normal y reformarlo depende de los propios congresistas.

David Montoya.
Estudios de posgrado en politología, comunicador, con vasta experiencia en la dirección y asesoría en el diseño, formulación y seguimiento de políticas públicas en diversas entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer, la Municipalidad de Lima, el Congreso de la República. Coordinador de Políticas e Incidencia en el Grupo Propuesta Ciudadana. Analista de Coyuntura en el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y docente de pregrado y posgrado en la Universidad Cayetano Heredia.