Nuestra sociedad se rige bajo el paradigma del modelo de la democracia representativa, donde el conjunto de personas que la componen (la comunidad) eligen a unos representantes, que, valga la redundancia, deben representar los intereses de los representados. En su esfera mayor, el Congreso de la República se constituye en la asamblea de personas que representan al resto de ciudadanos. Surge la pregunta ¿Un Congreso con +90% de desaprobación de la opinión pública representa a la ciudadanía, representa a la sociedad? Aquí algo no está funcionando. Aquí algunos números más de encuestas publicadas en El Comercio (Ipsos) y La República (IPE):
- 50% de los peruanos desconoce quiénes son sus congresistas.
- Del 50% que tiene nivel de conocimiento, 82% dice que no se siente representado.
- +70% prefiere que se cierre el Congreso.
- +70% quiere la Reforma Política.
El problema es que traemos un modelo republicano del siglo XIX, liderado por la última generación del siglo XX que ha hecho del Congreso de la República un estado feudal conducido por organizaciones políticas que velan por sus propios intereses de poder y usufructo del Estado, muy lejos y despreocupados del interés ciudadano.
A ello se suma que se trata de un modelo republicano anacrónico, analógico y presencial, que, frente a la explosión demográfica y el crecimiento poblacional, ha perdido toda capacidad para tener los mecanismos organizados, ágiles y estructurados para escuchar la voz del ciudadano conforme a las exigencias de hoy.
Es inadmisible que en pleno siglo XXI sigamos en un régimen de “libres albedríos” y de “cheques en blanco” donde los Congresistas se erogan abiertamente y sin reparo una “representatividad” de la ciudadanía, “del pueblo”, sin sustento alguno, sólo por el hecho de haber sido elegidos hace 3 años, como si sus representados pensaran como a ellos se les ocurre.
Tenemos dos tareas entonces: una, desterrar la institución antirrepublicana del privilegio y la corrupción; y dos, recuperar la legitimidad de la representación del Congreso. El mayor y principal régimen del Congreso es la representación, y su consecuente legitimidad.
Para ello la transformación digital trae nuevos paradigmas para la sociedad democrática: gobierno abierto, ciudadanía digital, democracia continua, participativa y real. Transparencia y eficiencia a través de probadas plataformas (Apps) digitales de participación ciudadana que crean y facilitan el espacio y los mecanismos de dialogo e interacción dinámica entre representantes y representados.
Gobierno abierto y democracia digital participativa son iniciativas que vienen siendo promovidas con intensidad por diferentes organismos multisectoriales y supra gubernamentales (BID, OGP, ONU, OEA, OECD, WEF, UE, etc.). Ya en septiembre 2018 se promulgó la Ley de Gobierno Digital y su reglamento está en proceso, donde lo más significativo es que se oficializa la Ciudadanía Digital. A lo que se suma que el RENIEC está próximo a sacar la identidad digital móvil.
Pero el marco legal es tenue aún. La Constitución solo llega señalar que “el Congresista representa a la Nación”. El reglamento del Congreso básicamente muestra normas de funcionamiento interno, y poco o nada respecto al concepto y gestión de representación, el carácter que tiene y lo que esto significa.
Sin embargo, sí existe un documento denominado Guía de Representación Parlamentaria. Un documento interno del Congreso, donde hay dos cosas importantes que destacar y rescatar:
- El documento reconoce, de inicio y a plenitud, que la mayor y principal función de un congresista es el de REPRESENTACIÓN y que esta función NO esta normada ni regulada ni es de práctica obligatoria en nuestra legislación.
- El documento detalla con precisión todos los alcances (deberes y obligaciones) que tiene el concepto de representación ciudadana, así como la sugerencia de mecanismos precisos para el debido ejercicio de ello, incluyendo la sugerencia de medios digitales. Es decir, en tanto tarea de representación, ahí está la tarea bien definida y descrita, no hay que inventar la rueda.
Entonces, así como en el marketing el mercado obliga a las empresas a escuchar la voz del consumidor para generar propuestas de valor y lograr su preferencia, en política la ley tiene que obligar al Congreso a escuchar la voz de los ciudadanos, obligando al ejercicio de la representación con la metodología suficiente que de sustento y legitimidad, para generar propuestas de valor que respondan al interés ciudadano. El Congreso, en tanto representación de la ciudadanía, debiera tener los más altos índices de aprobación ciudadana, si es que realmente la representara.
Karim Mahuad Martens.
Director Ejecutivo de KM2/Consumer Innovation. Especialista en planning, innovación y transformación digital, con más de 25 años de experiencia en marketing y comunicación off/on. Promueve la democracia digital participativa. Partner en Perú de CIVICITI, novedosa y probada plataforma digital de participación y relacionamiento. Amplia trayectoria liderando en empresas a nivel nacional e internacional como McCann, JWT, Grey, Wunderman, Publicis, entre otras. Actualmente es Docente en la Universidad del Pacífico, como antes en UPC y Centrum.
En definitiva , nuestras “desfasadas” instituciones políticas – que no solo no representan efectivamente a los pueblos del Perú, que son actualmente el “caldo de cultivo” de la corrupción, el abuso del poder y de la injusticia y que no permiten una real participación de la ciudadanía en las decisiones fundamentales sobre los asuntos de interés nacional – hacen perentoria e impostergable la necesidad de reformas urgentes. Entre ellas, la propuesta de una modernización en los mecanismos de participación ciudadana en el gobierno por vía de la transformación digital sería, sin lugar a dudas, una forma muy idónea de promover la tan demandada democracia continua, participativa y real. Mi apoyo se suma al de la ciudadanía razonable y consciente que se oriente a ese objetivo. El marasmo y caos actual hacen imperiosa la respuesta masiva de los peruanos.