El retiro del TC del Consejo para la Reforma de Justicia obliga a un replanteo

El Tribunal Constitucional decidió no participar en el Consejo para la Reforma de Justicia. Es un duro golpe a lo actuado en el proceso de reforma judicial, pero es una oportunidad para enmendar la ruta aprovechando las lecciones aprendidas.

Creo que no nos equivocaremos si especulamos que el retiro del TC del Consejo para la Reforma Judicial es una discreta señal de la preocupación de dicho organismo al proceso de reforma que se está desarrollando. Prefieren guardar distancia, dejando a salvo así la independencia de la única instancia que pueda desenredar la madeja que se ha estado tejiendo. Es de esperar que el TC también encuentre la manera de tomar distancia del rol que se le asignó en la elección de la Junta Nacional de Justicia. Más que lamentarnos, debemos sentir alivio al ver que el TC será un garante de la corrección y legalidad de la eventual reforma que hoy hace agua por todas partes.

La tan ansiada reforma de la justicia se pudo iniciar gracias al escándalo e indignación que causó el develamiento de la mafia de los “Cuellos Blancos” enquistada entre los jueces y fiscales. Toca que el gesto del TC sea bien interpretado y rediseñemos el proceso. Está claro que el enfoque del concurso público de méritos no ha dado resultados; y si persistimos en lo mismo la Junta así creada puede nacer cuestionada, lo que le restará autoridad y fuerza para emprender la dura tarea que tiene por delante.

Los miembros de la Comisión Especial son mayormente las más altas autoridades de la Nación. No se trata de desautorizarlos; el error ha sido de todos: poderes del Estado, clase política y sociedad. Trabajemos con ellos, quizás incorporando prestigiosos profesionales de primera línea. Diseñemos una selección para los magistrados de la JNJ en que su trayectoria de vida hable por ellos y no la memorización de  códigos, normas y principios legales; que su capacidad para distinguir las cualidades de los candidatos a jueces estén por encima de grados y títulos; entrevistemos a los candidatos con diálogos conducentes a conocer sus valores éticos y morales, sin que dichas entrevistas sean una exposición pública de cuestionamientos a reales o supuestas incorrectas acciones que deben ser verificadas en otra instancia.

Nótese que un miembro del JNJ no necesariamente tiene que ser abogado. Los conocimientos jurídicos de los candidatos a jueces y fiscales se pueden verificar por vías convencionales. Es preferible tener un profesional de las ciencias o humanidades que distinga entre el bien y el mal a un abogado experto en derecho, pero sin habilidades para la evaluación de las cualidades personales.

Se debe hacer cambios en las normas que se aprobaron. El procedimiento de moda (Comisión de alto nivel – Ejecutivo – Comisiones de Justicia y Constitución – Pleno de Congreso) se debe dejar de lado. Es ocioso volver a recorrer esos cinco pasos en los cuales hasta manos desconocidas hacen cambios inconsistentes, además dentro de un clima hostil con amenazas de cierre del congreso por un lado y de vacancia presidencial por el otro. El ejecutivo y el congreso deben sentarse en una única mesa, con asesoría de los mejores juristas disponibles, y ajustar el proceso.

No hay tiempo para otra cosa.

Eduardo Bruce.
Consultor internacional