A menos de una hora de iniciar el debate para aprobar la reforma política, la mayoría de los legisladores, representados por los fujimoristas, rechazaron que la Corte Suprema de Justicia decida el levantamiento de la inmunidad cuando un parlamentario sea condenado por un delito penal o civil. El dictamen de la prerrogativa difiere de la propuesta del Gobierno, al persistir en que el Congreso sea la única entidad que decida levantar el fuero legistalivo.
“Los congresistas podrían ser víctimas de venganza política, más aun cuando no hay reelección y, por tanto, no se podría interrumpir el proceso judicial en su contra”, declaró Esther Saavedra, de Fuerza Popular. Así mismo, Alejandra Aramayo, de la misma bancada, señaló que debe mantenerse la prerrogativa y que más bien se optimicen los plazos para el procesamiento de las acusaciones constitucionales.
Del mismo modo, Javier Velásquez, vocero del partido aprista, indicó que el Apra no va a “poner algunos candados a los tiempos y los trámites. Por ejemplo deben establecer plazos perentorios para las acusaciones constitucionales”. Por su parte, Marisa Glave, de Acción Republicana, sostuvo que el Congreso no puede ser juez y parte y que dicha prerrogativa tiene costos muy altos, poniendo de ejemplo a Edwin Donayre, quien hoy se encuentra prófugo.
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