Nocaut a la corrupción

En el Perú, todos los presidentes de los últimos años, sin falta, se encuentran involucrados en investigaciones o procesos judiciales por corrupción, o ya están presos por ello. Alberto Fujimori está preso por usurpación de funciones, el caso de los crímenes de Barrios Altos y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, peculado, corrupción y desvío de fondos.

Alejandro Toledo, recién detenido en los Estados Unidos por el proceso de extradición que le sigue el Estado peruano, debe responder acusaciones por el caso Lava Jato.  El exdirectivo de la empresa Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, afirmó que había ordenado el desembolso ilícito de US$ 20 millones para el pago de coimas a favor de Toledo. Y el empresario Josef Maiman, amigo cercano de Toledo, confesó que en sus cuentas fueron depositados US$ 35 millones como sobornos para Toledo por la Interoceánica del sur.

Alan García, quien se quitó la vida de un disparo en la cabeza el pasado 17 de abril, también estaba siendo investigado por el caso Lava Jato (sobornos pagados por la empresa Odebrecht para la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima). El 6 de marzo de 2017, la procuraduría ad hoc para este caso presentó una denuncia contra García, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y el exdirector ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), Oswaldo Plascencia. A fines de ese mismo mes, García pasó a condición de investigado y, en febrero de 2018, Barata confirmó haber entregado US$ 200 mil al partido aprista para la campaña electoral de García del año 2006. El 17 de noviembre de 2018 le dictan prohibición de salida del país y este ingresa a la embajada del Uruguay pidiendo asilo, el cual le fue denegado. El 12 de abril de 2019 la Fiscalía solicita el impedimento de salida del país del exsecretario personal de García, Luis Nava Guibert, y de su hijo, por supuesta recepción de dinero de Odebrecht. Cinco días después, Alan García acaba con su vida.

Ollanta Humala es otro investigado por el caso Lava Jato, junto con su esposa Nadine Heredia, y el 7 de mayo de este año el fiscal contra lavado de activos, Germán Juárez Atocha, formalizó acusación contra ellos por lavado de activos en criminalidad organizada, por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht y de la minería ilegal para la campaña presidencial de Humala en 2006 y 2011. El fiscal ha pedido 26 años y 6 meses de cárcel para Heredia y 20 años de prisión para Humala. La acusación es por haber intervenido en el ocultamiento de más de US$ 3 millones entregados por Odebrecht, así como ingresos presuntamente provenientes de Venezuela.

Pedro Pablo Kuczynski, por su parte, se encuentra con detención domiciliaria preventiva, acusado de la presunta comisión del delito de lavado de activos y de pertenecer a una organización criminal, vinculado con el caso Odebrecht. Quien fue presidente del Perú del 26 de julio de 2016 al 23 de marzo de 2018, es acusado por transferencias irregulares del exterior al Perú; depósitos de dinero efectuados por Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A., en favor de las empresas Latin American Enterprise y First Capital Partners por varios millones de dólares, entre 2006 y 2014; y pagos realizados por la empresa Odebrecht a la firma Westfield Capital, de propiedad de Kuczynski, por un total de US$ 782 207.68, entre los años 2004 y 2007, entre otras acusaciones.

En otras palabras, los últimos cinco presidentes de la república de nuestro país están presos, acusados o siendo investigados por delitos de corrupción. Pero esto no solo ocurre en el Perú. En Brasil, los expresidentes Lula da Silva y Michel Temer están en la cárcel por el caso Lava Jato. Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, tiene arresto domiciliario procesado por espionaje político y peculado. Otros expresidentes investigados por corrupción son Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Otto Pérez Molina, en prisión preventiva, y Álvaro Colom (Guatemala), Rafael Correa (Ecuador). Y en Chile, un tribunal incautó la herencia mal habida que Pinochet había dejado a su familia (US$ 178 millones).

Hay que darle un nocaut a la corrupción y parece que hay algunos jueces y fiscales probos dispuestos a hacerlo.

Inés Scudellari.
Comunicadora social. Fue directora de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Oficial a cargo del Centro de Información de las Naciones Unidas en Perú, Oficial de Prensa y Asuntos Públicos de la Embajada Británica en Perú, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Coordinadora de Imagen y Comunicación de la Universidad del Pacífico, Gerente de Información de Unión Radio y Jefa de Información de RCTV, en Venezuela, entre otras responsabilidades.