Es común encontrarnos con una clasificación que pretende dividir a los ministros de Estado, entre “técnicos” y “políticos”; los primeros, destacan por su conocimiento y experiencia sectorial, proyectando una imagen de tecnócratas que gerencian el ministerio, por otro lado, los de corte político resaltan por sus habilidades comunicacionales, su lectura del entorno y la capacidad para generar relaciones de poder.
Lo cierto es que el cargo de ministro es, por definición, político, por las funciones y responsabilidades que legalmente implica, aunque idealmente, debería ser acompañado por conocimientos técnicos y experiencia.
En el ámbito de las organizaciones empresariales privadas, también encontramos distintos perfiles, clasificaciones y manejo de la autoridad en las altas gerencias, no obstante, una característica inherente al cargo es la de liderazgo.
Asumiendo la premisa del liderazgo, como una clave para gerenciar, nos acercamos -desde otra óptica- a la necesidad de hacer política. No me refiero a la acepción de “cortesía política”, sino a la relación con el poder a partir del cargo, tanto para efectos internos de su organización, como en los asuntos públicos, por la influencia que llega a tener con distintos grupos de interés y la sociedad.
A pesar de la sostenida tendencia por fortalecer las áreas de asuntos públicos y relaciones institucionales en las empresas, existe una considerable brecha entre la inversión que realizan para el diagnóstico y gestión de los riesgos políticos, en comparación con lo destinado para superar o adaptarse a los incidentes críticos producidos por los efectos políticos, ya sean regulatorios o electorales.
Resulta paradójico que mientras los grandes empresarios le reclaman -con absoluto fundamento- a la administración pública, por la falta de planeamiento y previsión, en algunos casos, los mismos empresarios terminen gastando más en gestionar distintas crisis producto de un hostil entorno social, político y mediático, que en la prevención planificada para reducir los escenarios críticos.
Si pretendemos llevarlo a un elemental análisis costo – beneficio, comprenderemos que estamos frente a un retorno similar al que tenemos con la vacunación, frente a los costos del tratamiento de enfermedades. El gran objetivo es mantenernos saludables, no pasar por extraordinarios tratamientos para recuperarnos de una enfermedad.
Jeffrey Radzinsky.
Experiencia en periodismo político, gestión pública, prevención de conflictos sociales y relaciones institucionales. Fue profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y columnista de Perú 21. Es director ejecutivo de la consultora de Grupo Fides Perú y director del programa de especialización en comunicación política de la Universidad del Pacífico. Abogado por la Universidad de Lima, máster en gobernabilidad y gestión pública por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España.
Muy didáctico!!