Abel Hurtado Opinión

Nuevas elecciones e impedimentos para postular

Luego del precipitado anuncio durante el mensaje a la Nación, el presidente de la República envío al Parlamento el proyecto de reforma constitucional (PL 4637/2019-PE) con el que propone adelantar las elecciones generales para el 2020. De hecho, esta propuesta no es algo que se esperaba en el escenario político, considerando que el Congreso de la República ya había cumplido con aprobar —dentro del plazo, pero tal vez no en la esencia— los seis proyectos de reforma política y electoral sometidas a cuestión de confianza por el presidente del Consejo de Ministros, con lo cual también se alejaba la posibilidad de una disolución constitucional del Parlamento a través de una interpretación diferida de este mecanismo, pues de acuerdo al artículo 86 del Reglamento del Congreso, la cuestión de confianza se aprueba o se rechaza en el Pleno.

En el Perú no hay manera de aburrirse de la política, pero los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo han llevado a un segundo plano el espíritu de la voluntad soberana encargada en las elecciones de 2016. Se ha aplicado y desempolvado casi todas las figuras constitucionales de nuestra Carta de 1993 (censuras, interpelaciones, desafueros, indultos, antejuicios, juicios políticos, vacancia presidencial, etc.). De hecho, el actual escenario político es muy crítico, sobre todo si vamos a pensar que con estas próximas elecciones (casi forzadas) llegaremos al Bicentenario con un rostro republicano muy renovado.

La Constitución faculta al presiente de la República convocar a elecciones generales, no le faculta adelantarlas, pero tampoco le prohíbe; sin embargo, es un error interpretar que lo que la Constitución no prohíbe, está permitido hacer. El presidente tiene facultades casi ilimitadas para presentar iniciativas legislativas (e incluso legislar a través de Decretos Legislativos y Decretos de Urgencia), pero al final de cuentas el Congreso es soberano en aprobar, modificar o rechazar los proyectos de ley del Ejecutivo o de cualquier otra entidad facultada con iniciativa legislativa.

De hecho, la propuesta enviada ha generado un amplio debate, y se cuestiona su constitucionalidad. Por ejemplo, Enrique Ghersi sostiene que las leyes se aplican a las consecuencias de las acciones futuras y no de manera retroactiva, tampoco se puede recortar un período constitucional (de 5 años) mediante una Disposición Transitoria en la Constitución, pues estas son contemporáneas a la norma y no sobrevinientes a su promulgación. A mi entender el debate está en lo político y trasciende lo jurídico. Simple.

Otro de los debates que movió la agenda del Legislativo ha sido la propuesta de reforma constitucional sobre impedimento para postular a cargos de elección popular para aquellas personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos y, no solo eso, este impedimento se extiende también para los casos de designación en cargos de confianza.  Es una medida bastante discutida, pero que podría renovar la clase política y la calidad de los funcionarios en la administración pública. Esta reforma (pendiente de segunda votación) tampoco ha escapado del debate sobre su constitucionalidad pues para muchos se contrapone a derechos y principios constitucionales como el derecho a ser elegido, la pluralidad de instancias o la presunción de inocencia.

Al respecto, debo precisar lo siguiente: ningún derecho es absoluto. Ya el propio Tribunal Constitucional ha establecido que el ejercicio de los derechos está limitado por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. El impedimento para postular es una medida restrictiva temporal y no permanente. Si en esta no postulas, podrías hacerlo en las siguientes elecciones si en el proceso logras demostrar tu inocencia, por lo que la presunción de inocencia, como una garantía judicial, sigue vigente y se puede satisfacer en sede judicial. En ese sentido, la presunción de inocencia se vincula (temporalmente) a un derecho político (ser elegido), y sobre ello prima el interés común y bienestar general de la población. Se busca pues maximizar el interés público, eligiendo y entregando la responsabilidad de administrar la cosa pública a personas idóneas, elevando así los valores morales y éticos para el ejercicio de la función pública.

Abel Hurtado.
Abogado especializado en Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. Magíster en Derechos Humanos por la PUCP. Becario en Derechos Humanos y Conflictos por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y egresado del Programa de Derechos Humanos y Política de Vassar College, NY. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario del Congreso de la República y docente universitario.

1 comment on “Nuevas elecciones e impedimentos para postular

  1. Gianpiero

    no encuentro un motivo para que el presidente de la republica quiera acortar el mandato de ambos poderes del estado más allá de su total incapacidad para gobernar, debería renunciar a Aráoz asumir el cargo, ya tercera será la vencida?
    En el caso de los sentenciados, un asesino hoy en prision no debería poder ser ni el barrendero del congreso, algo estamos haciendo muy pero muy mal.

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