En nuestro país muchos procesos de urbanización se ejecutan al revés. Lo normal – en todo el mundo – es que primero se planifican las urbanizaciones y se reserven áreas verdes, escuelas, hospitales, comisarías, espacios recreativos, áreas comerciales, etc. Luego se instalan las redes de agua y desagüe, y electricidad. Después se construyen las pistas y veredas. Y al final se construyen las casas. Y una vez construidas las casas vienen los moradores.
En nuestro caso, estos procesos suelen ser al revés. Primero los moradores invaden terrenos baldíos – incluso, terrenos privados – y durante años viven peor que animales… en esteras, sin agua potable, sin electricidad, sin seguridad, sin nada.
Después viene la autoconstrucción. Un proceso probadamente fallido, sin ningún criterio arquitectónico, y menos estructural. Por eso las edificaciones se caen como castillos de naipes cuando ocurren sismos de regular intensidad.
La pregunta es ¿por qué hacemos las cosas al revés? ¿Por qué no hacemos las cosas bien? Bueno pues… como casi todo lo malo que ocurre en nuestro país, estamos ante un proceso – más – de corrupción a gran escala.
Todo empieza por los traficantes de tierras. Entre ellos – sí o sí – hay alcaldes y regidores involucrados. Incluso, procuradores, policías, fiscales, jueces, y demás. Y en ese demás, hay periodistas, pandilleros, transportistas, y hasta congresistas y consejeros regionales.
El problema es que después del negociado de las invasiones, viene el proceso de “urbanización”, el cual puede demorar una eternidad. Además, es costosísimo y riesgosísimo.
Durante los primeros años aparecen las edificaciones de ladrillo y cemento. Pero nada pasa con los servicios públicos. Obvio. Sin títulos de propiedad no se puede hacer nada que provenga del Estado. En ese período los traficantes se encargan de sangrar – sin misericordia – a los moradores. Desde las cuotas para titular las invasiones, hasta la venta de esteras y materiales de construcción, agua en cisternas, “seguridad”, transporte público, etc. todo es negocio de los traficantes.
Luego – pasados los años – empieza la otra andanada de corruptelas. Los proyectos municipales de servicios públicos, plazas de cemento, y… los monumentos a lo que sea.
Fácil es imaginar lo caro e inseguro que resulta instalar redes de agua y desagüe, electricidad, y construir pistas y veredas en asentamientos humanos donde hay niños y gente viviendo. Pero eso no es todo. Generalmente, primero se construyen las pistas y veredas, y luego el agua y el desagüe. Como para lucrar – aún más – con la rotura de las pistas nuevas.
Todo este caos genera muchas ganancias a los delincuentes involucrados. La corrupción es descarada. Alfombra roja para las mafias de tráfico de tierras. Pero mil trabas, demoras, y pagos sin sentido para las urbanizadoras y constructoras formales. Y el Estado no mueve un dedo al respecto.
PROPUESTA: Prohibir las invasiones. Esa ley existe, pero es letra muerta. Prohibir la autoconstrucción. Eso sería ideal. Pero paralelamente, el Estado tendría que promover masivamente la construcción de urbanizaciones y viviendas de bajo costo – bien construidas – en terrenos de su propiedad.
Eso es relativamente fácil. Pero no. El “sistema” es débil y permisivo frente a las mafias de tráfico de tierras. Falta liderazgo para aplicar la ley. Faltan agallas para confrontar la corrupción. Así que ni modo. Más vale tarde que nunca. ¡Vamos con la ley!
Fernando Cillóniz.
Culminó sus estudios de Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú). Estudió un MBA en Escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania. Ha sido director del Banco Internacional y miembro del Consejo Consultivo del Diario El Comercio. Fue ex regidor de Ica.
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