El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, considera que la credibilidad del Consejo de Minería, la cual es una entidad autónoma, se encuentra en “entredicho”, luego de los audios del presidente Vizcarra. “No se puede hacer política con la justicia ni la jurisdiccional ni la administrativa, porque esta es una de las bases de la institucionalidad y del Estado de derecho. Los tribunales administrativos resuelven procedimientos administrativos que generan derecho u obligaciones a las personas, por eso tiene que ser técnico y alejado de toda interferencia política”.
“La forma y la manera cómo se ha informado y todo lo que se ha revelado, por lo menos genera una preocupación. En los últimos 20 años se crearon algunos tribunales administrativos que han logrado independencia, como el tribunal fiscal, el tribunal registral, el Indecopi, pero hay una veintena de consejos administrativos, como el Consejo de Minería, que no tienen esta misma institucionalidad, no tienen autonomía funcional”, añadió, con relación a la intervención que podría tener el Ejecutivo en el tribunal administrativo.
“La situación ha puesto en entredicho esta independencia. Creo que se debe salir a aclarar. El Consejo de Minería se crea por la Ley General de Minería en 1981 y la manera como se nombra [a sus integrantes] no se asemeja a cómo se designa a los miembros del tribunal de los Registros Públicos, que es por concurso”, continuó.
“Desde el punto de vista formal esta [suspensión de la licencia] es simplemente una medida, el tema de fondo todavía no se ha resuelto. Yo creo que [la suspensión] ha generado una situación de paréntesis, que ya se ha dado en Tía María, y no necesariamente ha resuelto la situación. Se dio un paréntesis en el 2011 y luego otro hasta el 2015”, declaró.
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