Estamos al borde del abismo en lo que a institucionalidad se refiere. Si hacemos un poco de memoria podremos recordar el quiebre constitucional en 1992 que afectó tan seriamente la estructura organizativa formal del Perú. Ocho años más tarde, hacia fines del año 2000 y gracias a la revelación de los vladivideos, pudimos comenzar la reconstrucción institucional (aún trunca por supuesto) con la recomposición de nuestros organismos electorales. En noviembre de ese año la Sala Plena del Poder Judicial eligió como presidente del Jurado Nacional de Elecciones – JNE a don Manuel Sánchez-Palacios Paiva, quien tuvo una inmediata aceptación de distintos sectores, incluyendo la comunidad internacional. Lo mismo ocurrió en el caso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE. A propuesta de una terna por parte del Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura de este entonces eligió a Fernando Tuesta Soldevilla como su Jefe Nacional, asumiendo funciones en el mes de diciembre del 2000. En el caso del RENIEC -la entidad más técnica, menos “electoral” y quizá menos “política” de las tres-, continuó en funciones como jefe nacional hasta el fin de su gestión (1998-2002), don Celedonio Méndez Valdivia.
El Perú estaba en el centro de la atención mundial. La Unión Europea designó por primera vez una misión de observación electoral internacional en nuestro país encabezada por el eurodiputado José Ignacio Salafranca; la OEA nombró nuevamente al guatemalteco Eduardo Stein como su Jefe de Misión y el mismísimo Jimmy Carter estuvo aquí representando al Centro Carter. El resultado fue que las elecciones generales del año 2001 fueron reconocidas como una de las más limpias y transparentes de toda nuestra vida democrática. En muy poco tiempo, cinco meses aproximadamente, los organismos electorales sacaron adelante una de los procesos electorales más complejos de toda nuestra historia.
Han pasado los años y actualmente, diecinueve años después, no solamente quienes tuvimos alguna participación en ese período de recomposición institucional sino toda la ciudadanía vemos con mucha frustración e impotencia la terrible agudización de una nueva crisis política, que no sabemos cómo terminará. Esta incertidumbre, conjuntamente con algunas noticias provenientes del exterior, viene generando una gran inestabilidad. Lo que sí sabemos es que el Ejecutivo ha propuesto al Congreso adelantar las elecciones para el mes de abril del 2020, un año antes de lo previsto. Nuestro punto es que, sumado a todo lo que venimos padeciendo, institucionalmente hablando no estamos en la misma situación que en el periodo 2000/2001. Si como decía Sartori, concebimos la democracia como un edificio en permanente construcción, siempre sostengo que precisamente los organismos electorales constituyen la base y los cimientos del mismo, el punto de partida de toda la institucionalidad de un país. Para el caso peruano, dentro de las diversas funciones que tiene cada entidad, el RENIEC elabora el DNI así como el padrón de electores; la ONPE organiza los procesos electorales y el JNE les otorga legitimidad. Si este mecanismo no funciona o funciona de manera incorrecta, todo lo que se construya luego no tendrá bases sólidas y estará condenado a caerse tarde o temprano. Y todo ello es de suma importancia por el estado en que se presentan dichas organizaciones el día de hoy. RENIEC y ONPE tienen jefes nacionales interinos porque el CNM (hoy Junta Nacional de Justicia), que es la institución que tiene que organizar los respectivos concursos públicos para elegir a sus máximos representantes, no existe, y tampoco se encuentra en marcha la convocatoria para crearla. En lo que respecta a la ONPE, debe resolverse primero la suspensión de su anterior jefe nacional, Adolfo Castillo, por irregularidades en el ejercicio del cargo. Por su parte, el JNE tiene a su presidente investigado por el Ministerio Público, debido a unos audios con el ex juez supremo César Hinostroza.
La situación planteada no solamente debe generarnos temor y preocupación, sino que, fundamentalmente, debe significar un tema de prioritario análisis y resolución por parte de quienes toman decisiones en este país, con la finalidad de evitar que las cosas se pongan peor de lo que ya están. Desde la recuperación de la democracia, nuestros organismos electorales se convirtieron en islas de excelencia y buen funcionamiento dentro del Estado. No dejemos que esto también se desmorone, el país no lo merece.
José Alfredo Pérez Duharte.
Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense. Institucionalista, académico y experto en temas electorales y de gobernabilidad. Asesor académico de GOBERNA Perú. En la actualidad me desempeño como Director de la Escuela Registral.
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