Confieso que jamás imaginé la tremenda presión que – como Gobernador Regional – iba a recibir de parte de autoridades y funcionarios de todo nivel. En todos los casos, el favor indebido consistió en acceder – sin mérito alguno – a la planilla del Gobierno Regional. En otorgar contratos de obras sin ningún concurso de por medio. O adjudicar – a dedo – adquisiciones de todo tipo de bienes y servicios.
Yo tenía ciertas referencias del clientelismo político en nuestro país. ¡Quién no sabe cómo funciona el “tarjetazo” en los diversos niveles de gobierno!
No obstante, para hacer una buena gestión pública había que erradicar – cueste lo que cueste – el vicio del clientelismo en el Gobierno Regional. Y ¡vaya que el costo fue alto! El calificativo más recurrente que me gané por poner orden a este respecto fue el de traidor.
“Deme un trabajito – o una obrita – porque yo lo apoyé en su campaña” fue el argumento más trillado de muchos ciudadanos que votaron por mí. Y mi respuesta sincera y bien intencionada fue siempre la misma: “concursa; y gana en buena lid”. Pues bien – por los insultos que recibí – es evidente que mi respuesta no satisfizo a dichos personajes.
Eso en cuanto a los militantes que me dieron el triunfo electoral. Pero hubo otros frentes que también presionaron por favores indebidos. Me refiero a ciertos Consejeros Regionales y Congresistas de la República – incluso periodistas locales – quienes también pretendieron inmiscuirse en la gestión institucional, ya sea proponiendo a familiares o conocidos para trabajar en el Gobierno Regional, o – lo que es lo mismo – exigiendo la destitución de funcionarios que no eran de su agrado.
Es verdad; la labor fiscalizadora de Consejeros y Congresistas constituye un mandato constitucional. Pero no me refiero a ello. Bienvenidas las labores de fiscalización; incluidas las de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, y otras más. Pero una cosa es la fiscalización propiamente dicha, y otra – muy distinta – el clientelismo político. El problema es cómo distinguir cuando un Consejero o Congresista fiscaliza con objetividad a un funcionario del Gobierno Regional, o – simplemente – mal usa su poder para favorecer indebidamente a algún allegado.
Vayamos al grano. Durante mi gestión como Gobernador Regional diversos Consejeros y Congresistas exigieron la destitución de los siguientes funcionarios: Gerente General, Gerente de Desarrollo Social, y todas las gerencias funcionales. Además, exigieron la destitución de la Directora Regional de Educación, Directora Regional de Trabajo, Directora Regional de Transportes, Directora Regional de Turismo, Procurador Regional, etc. Incluso, pretendieron la destitución del Director Regional de Salud y la de todos los Directores de los hospitales de la Región. ¡TODOS!
En otras palabras, toda la estructura gerencial y directiva del Gobierno Regional habría sido removida una y otra vez, generando un caos institucional de proporciones inimaginables.
Por ello – para cumplir nuestro compromiso de combatir la corrupción y la indolencia – monitoreamos nuestra gestión a través de indicadores de cumplimiento de objetivos y metas; y a través de la evaluación del servicio público, a cargo de la ciudadanía. Y sólo fueron destituidos o sancionados los funcionarios probadamente corruptos, los que no cumplieron con los objetivos y metas de la institución, y / o los que maltrataron cruelmente a la ciudadanía.
Por eso nos fue bien. ¡No al clientelismo político!
Fernando Cillóniz.
Culminó sus estudios de Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú). Estudió un MBA en Escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania. Ha sido director del Banco Internacional y miembro del Consejo Consultivo del Diario El Comercio. Fue ex regidor de Ica.
Buen trabajo Fernando …. Gerencia por objetivos!!