Marina Del Rosario Barboza Opinión

Trabajar sin acoso, un auténtico derecho inherente a todo ser humano

A propósito del Decreto Supremo 014-2019-TR, que crea el Servicio de Orientación y Acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo, emitido el día 3 de setiembre, es preciso señalar que al acoso sexual laboral la Organización Internacional del Trabajo lo define como aquel comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre, a su vez acota que para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia dos aspectos negativos: no deseado y ofensivo, que tiene lugar en el contexto laboral.

Siguiendo a Caro, y otros (2002) podemos encontrar dos modalidades de acoso sexual laboral:

  • Quid pro quo, este tipo de acoso supone un chantaje sexual que realiza una persona sometiendo a otra, esta persona ejerce poder derivado de una relación formalmente jerárquica. Podría ser el caso de un jefe que acosa a su secretaria o sus asistentes.
  • Ambiente hostil, implica una conducta con connotación sexual  de una persona hacia otra, entre las cuales no hay una relación de jerarquía. Es el caso de acoso entre compañeros de trabajo.

El referido acoso sexual laboral no solo tiene una repercusión directa en la salud de las víctimas; también hay repercusión directa en las relaciones laborales, tal como lo sistematiza la OIT (2013).

La Defensoría del Pueblo, afirma que, el acoso sexual es una expresión de violencia de género, dirigido sobre todo hacia las mujeres, pues vulnera una serie de derechos fundamentales, tales como  la dignidad de la persona, ya que acarrea en sí mismo un desmedro de derechos y libertades, afectando la integridad física, psíquica y moral, la libertad sexual, el derecho a la igualdad y obviamente la no discriminación, el derecho a un ambiente saludable y armonioso y el bienestar personal, el derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad y a una vida libre de violencia.

Jurídicamente el acoso fue tipificado como una conducta penal, a partir de septiembre del año pasado, mediante Decreto Legislativo 1410, para esa fecha la coyuntura nacional exigía la penalización de tal conducta, en mérito a un reprochable suceso que ocurrió en el mes de abril del pasado año, en la capital de nuestro país se produjo de un brutal ataque contra Eyvi Ágreda, quien fue rociada con combustible y a quien le prendieron fuego al interior de un bus que circulaba por la zona, al cabo de casi dos meses y luego de haber sido intervenida quirúrgicamente hasta en más de ocho oportunidades, la joven pierde la vida, al tener más del 60 % de su cuerpo quemado. El agresor fue su compañero de trabajo, quien venía acosando a la señorita, quien hasta en dos ocasiones recurrió a la comisaría a fin de denunciar el acoso, donde recibió como respuesta no podían hacer nada, ya que él no había cometido ningún delito.

Es así como el Decreto Legislativo 1410, nace como una respuesta ante la necesidad de una regulación punitiva, otorgando como sanción pena privativa de libertad que va entre uno a cuatro años y considera como agravante la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, con pena privativa de libertad que va entre cuatro a siete años.

Ahora bien, un año después de ello, con el afán de proteger a las víctimas de hostigamiento sexual en el trabajo, El Estado efectivizando su rol tutelar y como una política pública, mediante el Decreto Supremo 014-2019-TR establece que el Ministerio de Trabajo Promoción y Empleo, brindará un servicio de orientación, el mismo que consiste en la identificación de una posible situación de acoso; asistencia legal gratuita, registro de hechos narrados, actuación inspectiva en el centro de trabajo, asistencia tanto en el procedimiento interno, en un proceso judicial  y un apoyo psicológico para las víctimas, el mismo que va desde la elaboración de un informe psicológico que dé cuenta del posible daño hasta el acompañamiento psicológico durante todo el proceso.

Este Decreto Supremo representa un gran aporte a la materialización del artículo 23° y 26° de nuestra Constitución Política ya que trabajar sin acoso, debe ser considerado  un auténtico derecho inherente a todo ser humano.

Marina Del Rosario Barboza Hurtado.
Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, CEO & Fundadora de Capulí Tours, Egresada del Programa de Segunda Especialidad y estudiante de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de la Sociedad de Derecho del Trabajo & Procesal Laboral – Apex Iuris. Ponente del 2º Congreso Mundial Cielo Laboral 2018, Universidad de la República, Montevideo – Uruguay y disertante en el “IX° Congreso Regional de las Américas”, Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires.

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