En mi gestión como Gobernador Regional de Ica, fueron destituidos o sancionados varios servidores que cometieron faltas graves. Es decir, aquellos funcionarios probadamente corruptos, o que no cumplieron con los objetivos y metas de la institución, o aquellos malos servidores que maltrataron cruelmente a la ciudadanía.
Además, tal como me comprometí cuando asumí el cargo en enero del 2015, en el Gobierno Regional no hubo “clientelismo político”. Es decir, no hicimos caso a ninguna persona – ya sea Congresista de la República, Consejero Regional, u otra, cualquiera sea su cargo – que pretendió favorecer indebidamente a algún familiar o allegado con algún trabajo, obra o adquisición de cualquier bien o servicio, sin el correspondiente concurso de méritos. O – lo que es lo mismo – que pretendió la destitución de cualquier funcionario porque no era de su agrado.
En lo que a malos funcionarios o trabajadores se refiere, me estoy refiriendo a un universo muy acotado que – lamentablemente – estuvo enquistado en la organización regional; tal como sucede en la mayoría de instituciones públicas de nuestro país. No obstante, llamó la atención que en los últimos 10 años o más – previos a nuestra gestión – no haya habido ninguna destitución de ningún servidor del Gobierno Regional por ninguna falta grave. ¡Como si no hubiera habido ninguna corruptela, incapacidad o maltrato a la ciudadanía! Eso no se lo cree ni Santa Inocencia.
Pues bien, nosotros acabamos con tamaña impunidad. La legislación laboral peruana es muy clara – y justa – en materia de sanciones a los servidores que cometen faltas en el trabajo. En efecto – de acuerdo a ley – son faltas graves (1) el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, (2) la apropiación indebida de bienes y servicios del Gobierno Regional, (3) la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la institución, (4) la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez, (5) los actos de violencia, injuria y faltamiento de palabra en agravio de otros funcionarios de la institución, (6) el daño intencional de los bienes del Gobierno Regional, (7) el abandono de trabajo y / o impuntualidad reiterada; entre otras.
En ese sentido, en atención a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo – y por respeto a la población iqueña, a quien nos debimos por entero – todas nuestras gerencias y direcciones regionales fueron muy rigurosas en el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia laboral.
¿Qué logramos con dicha política laboral? Disciplina. ¿Y qué vino detrás de la disciplina en el trabajo? Mejores servicios a la ciudadanía. ¡Ese fue el punto! Aunque los funcionarios sancionados pusieron el grito en el cielo, y jamás reconocieron sus faltas graves, impusimos – en buena lid – la disciplina laboral en el Gobierno Regional.
Gracias a la disciplina laboral – poco a poco – mejoramos la calidad de los servicios a la ciudadanía. Efectivamente, preguntados por la cordialidad, celeridad y honestidad con que fueron atendidos los ciudadanos que recurrieron al Gobierno Regional durante nuestra gestión; 70 % respondieron bueno y 27 % excelente. ¡Eso es progreso!
La atención en nuestros hospitales, escuelas, y direcciones como transportes, agricultura, trabajo, minería, y demás, mejoraron notablemente durante nuestra gestión. Con el aporte generoso y sacrificado de los trabajadores del Gobierno Regional ¡lo logramos!
Liderazgo. Disciplina. Idoneidad. De eso se trata la gestión pública.
Fernando Cillóniz.
Culminó sus estudios de Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú). Estudió un MBA en Escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania. Ha sido director del Banco Internacional y miembro del Consejo Consultivo del Diario El Comercio. Fue ex regidor de Ica.
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