Abel Hurtado Opinión

Las cuestiones de confianza al Bicentenario

En la gestión del presidente de la República Martín Vizcarra ya se han presentado  cinco cuestiones de confianza, precisando que dos de ellas fueron planteadas porque la Constitución así lo exige; es decir,  cuando se conforma un nuevo Gabinete, el premier debe recurrir  obligatoriamente  al Congreso dentro de los 30 días  siguientes para exponer  la política general de Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, y para tal efecto plantear cuestión de confianza (un voto de confianza).  Fuera de este procedimiento, la cuestión de confianza es voluntaria y solo se plantea por iniciativa ministerial.

Se ha discutido bastante cuándo proceden las cuestiones de confianza y dónde están sus límites. En una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, este organismo estableció que la cuestión de confianza es abierta y le permite al Ejecutivo tener un amplio campo de posibilidades para lograr un respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiere (Exp.006-2018.PI/TC, f.75).

Hagamos un breve recuento de ellas. En setiembre de 2018, el entonces premier César Villanueva planteó ante el Congreso cuestión de confianza por la reforma  del sistema judicial y la no reelección de congresistas. El Congreso la aprobó. En junio de 2019, el premier Del Solar presentó una segunda cuestión de confianza por un paquete de reformas políticas y electorales de cara al Bicentenario. El Congreso la aprobó. Hace solo días atrás, Del Solar  solicitó una tercera cuestión de confianza dirigida a modificar el procedimiento de elección de los miembros del TC —que ya está por concluir—. En esta ocasión no vamos a comentar sobre la constitucionalidad de este mecanismo, sino sobre los objetivos que se buscan lograr con ella.

La reforma de justicia no ha dado los resultados esperados. Ha transcurrido ocho meses desde la aprobación de la Ley Orgánica de la nueva Junta Nacional de Justicia, y aún no se ha podido nombrar a sus integrantes, pese a su urgencia. La reforma política y electoral que aprueba la democracia interna, la paridad y alternancia, los impedimentos para postularse, la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, la prohibición de financiamiento ilegal y la eliminación del voto preferencial fueron dejados de lado solo al día siguiente de su aprobación al plantearse una nueva propuesta sobre el adelanto de elecciones generales al 2020, pues con esta última propuesta ninguna de esas reformas podrían haberse aplicado ya que su implementación estaba dirigida para las elecciones del 2021.

Si bien todas estas cuestiones de confianza han sido argumentadas como un  mecanismo de lucha contra la corrupción, su oportunidad y pertinencia están siendo muy cuestionadas al plantearse incluso por iniciativas de reforma constitucional  o por provocar una suerte de conflicto de orden competencial entre dos poderes del Estado. Su cuestionamiento también nos hace pensar que el Ejecutivo retrocedió en plantearla por el reciente archivamiento del adelanto de elecciones y optó por dirigirla por el proceso de elección de los miembros del TC. Una medida que aún deja más dudas pues para la elección de los miembros de TC, el Parlamento tiene facultades exclusivas y excluyentes en donde el Ejecutivo no interviene en lo absoluto.

Sin embargo, aún con todos estos cuestionamientos por un lado y basto respaldo popular por el otro, a estas alturas no, queda muy claro cuál es la real agenda del Gobierno de cara al Bicentanerio, pues pareciera que está agotando todos sus esfuerzos en reformas inconclusas con urgencias efímeras y una suerte de movidas políticas solo como para salvar un momento coyuntural cuando el camino a seguir debería ser firme y directo hacia la ruta del Bicentenario.

Abel Hurtado.
Abogado especializado en Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. Magíster en Derechos Humanos por la PUCP. Becario en Derechos Humanos y Conflictos por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y egresado del Programa de Derechos Humanos y Política de Vassar College, NY. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario del Congreso de la República y docente universitario.

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