El presidente de la Comisión Permanente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, junto con otros parlamentarios programaron analizar la modificación de la Subcomsión de Acusaciones Constitucionales a pesar de que sería ilegal. Con ello probablemente ingresarían más grupos afines a Fuerza Popular, como Acción Republicana, Contigo y Cambio 21. Asimismo, en la agenda de la Comisión Permanente también figuran dar cuenta de varias autógrafas no promulgadas aún por el Ejecutivo.
“Están extralimitando su marco. Esta es una pretensión que no los va a llevar a nada. Si se reactiva este grupo, los informes deben ir al Pleno, pero no hay Pleno. Más parece una especie de truco publicitario para llamar la atención”, declaró el constitucionalista Javier de Belaunde. Del mismo modo, el analista del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Tello, sostuvo que La Permanente presidida por Olaechea solo cuenta con facultades limitadas, bien sea poder designar al contralor general de la República, propuesto por el jefe de Estado, o ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva, entre otras cosas.
Fuentes del Congreso alegan que Olaechea y el fujimorismo pretenden validar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que incluso no han dejado que cesen de trabajar los parlamentarios que forman parte de ese grupo especial. Aparte de ello, se busca que los accesitarios de la Permanente que integran la subcomisión cuenten con un despacho y personal pagado por el Congreso.
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