El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, manifestó que el Tribunal Constitucional debería admitir la demanda competencial y resaltó que tiene como principio su función integradora de ordenar las relaciones entre poderes. Según Gutiérrez esta medida debe tomarse en cuenta debido al vencimiento del plazo para que el magistrado del TC, Carlos Ramos, entregue su proyecto de resolución sobre el documento que presentó el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.
A través del informe de la Defensoría del Pueblo, se señala que no es posible que el Poder Legislativo haga ineficiente la cuestión de confianza, la cual otorgó formalmente con votos, ya que “en la práctica” desnaturalizó los fines de la solicitud. Asimismo, objetó que “asumir que se ha negado fácticamente la cuestión de confianza implica abrir un amplio margen de discrecionalidad que podría lindar con la arbitrariedad en el ejercicio de la facultad presidencial de la disolución del Congreso”.
Sin embargo, los trabajadores de la Defensoría de Pueblo emitieron un comunicado asegurando que se oponen el pronunciamiento oficial, y que están a favor de la decisión tomada por el presidente Martín Vizcarra de haber disuelto del Parlamento. Los trabajadores de la entidad sostienen que la medida fue tomada dentro del marco constitucional, ya que “responde a la actitud del Poder Legislativo de vulnerar los principios de transparencia y publicidad en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional”.
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