La Constitución: ¿Debemos apuntalarla?

Es evidente e innegable que el actual marco constitucional es el que ha generado las condiciones básicas sobre las que descansa parte del éxito de nuestra macroeconomía. Es cierto también que la apertura económica, el alejamiento al control de precios y la necesidad de evitar la presencia del Estado en actividades que pueden y deben ser llevadas por el frente privado generaron una nueva estela de esperanza y progreso en el país.

La magia del éxito de la lucha contra la inflación se suscitó a partir de la prohibición constitucional expresa a que nuestro Banco Central de Reserva imprima dinero a efectos de financiar cualquier brecha generada en el sector público. La hiperinflación vivida hasta inicios de la década de los años 90 tenía como origen la corrupción amparada en regímenes trasnochados de controles de precios en todos los mercados y en la posibilidad abierta de que el BCR financié todo lo que se le ocurría al gobierno de turno.

Estas prácticas no eran ajenas a intereses particulares. Parte de la riqueza gestada en sectores como el minero, agrícola e industrial se vieron dadas bajo el amparo y pretexto del financiamiento de la desaparecida Banca Estatal de Fomento. Lo único que generó esta fue la riqueza de ciertos segmentos de interés en el marco de la corrupción de otros. Un ejemplo, los recursos gastados en el llamado “Trapecio Andino”. Se crearon programas para apoyar al pequeño agricultor que nunca fueron adecuadamente administrados y fueron, en muchos casos, financiados en un 100% mediante la emisión de dinero cuyo origen estaba en nuestro Banco Central. Esos programas sacaron de la pobreza a políticos de turno, pero nunca al pequeño agricultor.

Pues bien, lo reseñado terminó a partir del marco del Capítulo Económico de nuestra Constitución vigente. Imposible negar lo positivo que se generó. Sin embargo, a más de 25 años de vigencia de nuestro actual marco constitucional vale la pena reflexionar si es necesario su apuntalamiento.

El origen de la actual Constitución no fue el mejor. Debemos aceptarlo también, un gobierno de facto que rompió el marco constitucional de ese entonces fue el que le dio origen al actual.  Eso de partida, es carente de sentido común. Su validez se refrendó mediante la opinión popular en las ánforas. Claro, en ese caso fue la voz popular, hoy cuando se llama a un referéndum y los resultados no están en línea con ciertos intereses políticos, los mismos que aplaudieron un referéndum años atrás son los que dicen que la voz del pueblo no siempre es la voz de Dios y que el pueblo constituye hoy una “turba”. ¿Quién entiende a este tipo de opiniones?

Lo que también es evidente es que nuestra Constitución no es perfecta. Así lo ha demostrado. Algo que nace de un gobierno golpista, amañado y que quedó en la historia del Perú como uno de los más corruptos no puede ser el partero de lo perfecto. La Constitución actual en su Régimen Económico no es mala, pero eso no significa que no requiera apuntalarse. Al amparo de la misma el mercado en ciertos segmentos ha tendido a concentrarse de manera preocupante, a pesar que el Estado tiene el mandato constitucional de facilitar y vigilar la libre competencia.

La necesidad de crear los lineamientos generales para emprender una reingeniería integral del Estado también se ha alejado de nuestra realidad, la actual Constitución casi asume que el Estado peruano es perfecto, grave error.  Un ejemplo, muy simple, en nuestra Constitución vigente, los gobiernos locales pueden crear modificar o suprimir contribuciones y tasas. Se ha demostrado que esto último es un exceso y error, tal y cual figura hay margen para el apuntalamiento de la norma.

Hay, evidentemente, más limitaciones que revisar y perfeccionar. Sin embargo, el temor de muchos es que, en el camino al necesario apuntalamiento, nuestro endeble frente político introduzca modificaciones que generen un retroceso grave en la orientación de nuestro actual modelo económico. El modelo, sin duda, ha permitido progresos tremendos y debemos continuar con él mismo. Pero de allí a impedir apuntalar nuestra Constitución es otro error.

Quizás la alternativa sea preparar un apuntalamiento del Régimen Económico que no comprometa sus pilares básicos. Quizás el camino sea su modificación parcial conducida a través de un Congreso diferente a los que hemos tenido. En contraste, debemos aceptarlo, en el Régimen Político si se requiere una cirugía mayor.

Este camino no es sencillo, pero debemos ser cautos. Es mejor una modificación bien encaminada, sincera de parte del Régimen Económico a que nuestro frente político en el marco de un desorden la modifique sin límites. ¿Esto se puede hacer sin cambio constitucional? Si la respuesta es afirmativa, a buena hora, pero no olvidemos que en Chile se viene un cambio mayor, nadie quiere lo que se gestó en un régimen de facto. Acá tampoco, pero debemos ser prudentes para no retroceder y, paralelamente, atender mejor las necesidades de la parte más vulnerable de nuestra sociedad.

Juan José Marthans León.
Economista y Master en Banca y Finanzas de la Universidad de Lima, donde obtuvo el Summa Cum Laude. Ha realizado estudios de Post-Grado en diferentes universidades del exterior. Ha sido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú así como Director del INDECOPI. Actualmente es Presidente Ejecutivo de GKN Perú S.A y Presidente de Directorio de ACK S.A. Actualmente es Director del Área de Economía del PAD –Escuela de Negocios de la Universidad de Piura.