En 1989, hace treinta años, se dieron una serie de sucesos que cambiaron el rumbo de la humanidad y derribaron concepciones aceptadas social y legalmente hasta entonces. Uno de ellos, la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el tratado internacional de Derechos Humanos más ratificado.
A partir de la CDN, los problemas que afectaban a niñas, niños y adolescentes dejaron el ámbito privado de la familia, para convertirse en asunto público. Desde entonces se asume, que también requieren de la atención del Estado, la comunidad y la empresa. Que son una responsabilidad compartida.
Los medios de comunicación no están exentos a esta responsabilidad y el 22 de noviembre del 2012, autoridades del Estado peruano, representantes de la sociedad civil y de organismos internacionales y titulares de medios de comunicación firmaron la Declaración de principios sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación.
Este compromiso se basa en cinco principios: Respeto a la dignidad; no discriminación; difusión de contenidos que no atentan contra los derechos a la identidad e intimidad personal y familiar de los niños, niñas y adolescentes; adecuación de la difusión de escenas o contenidos violentos al horario de protección familiar; y generación de espacios de participación de niños, niñas y adolescentes respetando sus derechos y, evitando exponerlos a situaciones de violencia física o psicológica.
Aunque hay avances, el balance no es alentador. Algunos medios han incorporado a la niñez en su política de Responsabilidad Social, varios otros, especialmente en las Regiones, cuentan con espacios en los que chicas y chicos ejercen su derecho a expresar libremente sus opiniones. Pero basta una rápida mirada a los medios para comprobar que falta mucho por hacer.
Por ejemplo, mientras las denuncias por infracciones de la ley penal cometidas por adolescentes representan sólo el 3.1% del total de denuncias por delitos e infracciones cometidos por adultos y adolescentes, estos últimos aparecen como infractores o transgresores de la ley en el 24% de las noticias de medios impresos y el 8% de las televisivas. Esta cobertura noticiosa desvirtúa el imaginario sobre la participación de adolescentes en la criminalidad[i].
Contrariamente, muy rara vez los medios destacan el esfuerzo de chicas y chicos que deben caminar horas para llegar a la escuela, o de quienes, pese a tener entornos adversos tienen importantes logros en el deporte, el arte, las ciencias o las iniciativas sociales o medio ambientales, por ejemplo.
Resultado preocupante de esta realidad es la percepción negativa que tiene la ciudadanía de las y los adolescentes y que se traduce en el rechazo a políticas públicas orientadas a garantizar sus derechos y hasta exigencia de mano dura contra ellos.
Los medios
pueden abonar a favor de que se reconozca en las y los adolescentes seres
humanos con derechos y potencial para construir un gran país. Ejemplos abundan,
solo falta la decisión de registrar historias que cambien la historia.
[i] Según el Anuario estadístico 2013 del Ministerio Público y “Niñas, niños y adolescentes en el centro de la información. Resultados del monitoreo de medios 2012 -2017” del Grupo Niñez y Medios.
Ana de Mendoza.
Se graduó en Psicología Social y obtuvo una Maestría en Género y Desarrollo. Tiene Diplomado en Políticas Públicas, Diplomado en Emergencias, Derechos Humanos y Violencia Política, y es candidata a PhD en Psicología Social. Asumió la representación de Unicef en Perú el 15 de febrero del 2019. Posee 20 años de experiencia en países en desarrollo, ha trabajado en América Latina, el sudeste de Asia y el sur de África en protección infantil, inclusión social e igualdad de género.
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