Martín Belaunde Opinión

¿Para qué sirve el Tribunal Constitucional?

En primer lugar quiero expresar mi solidaridad con los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el caso del Habeas Corpus promovido para lograr la libertad de la señora Keiko Fujimori y la extiendo a quienes a votaron a favor así como a quienes votaron en contra. Digo eso por la reacción negativa de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez de discrepar de dicho fallo cuestionando de la idoneidad de los que votaron a favor, al considerarla una decisión sospechosa como si fuera emanada de un acto de corrupción. No es la primera vez que tales personajes se manifiestan en esa forma reñida con el más elemental respeto a las motivaciones ajenas.

No discuto su derecho a discrepar, en este mismo artículo yo voy a discrepar de los alcances de otra decisión del TC, sino de la manera irrespetuosa como lo hacen. Estos notorios personajes del quehacer judicial del Perú han asumido la actitud de ser los dueños de la verdad en cuanto asunto concierna a la libertad de las personas comprendidas en sus investigaciones. Los fiscales son  titulares de la acción penal  pero en asuntos que conciernen a la libertad de las personas deben ser más respetuosos de quienes se pronuncian en forma diferente a sus puntos de vista. Desgraciadamente tienen el apoyo de ciertos medios y  la capacidad de salir en radio, televisión,   prensa escrita y videos de las redes sociales, todo lo cual les confiere una sensación de poder que avasalla a sus superiores jerárquicos e incluso a los tribunales de justicia que están jerárquicamente por encima de ellos.

Pero volviendo a la materia del presente artículo, ¿qué es el TC? El artículo 201 de la Constitución lo consagra como el órgano de control de la Constitución, autónomo e independiente. El artículo 1 de su Ley Orgánica No. 28301, incluso va un poco más allá y lo califica como “el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad”.  A su vez el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional establece que “son fines esenciales de los procesos constitucionales, garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia de los derechos constitucionales.” Entonces, ¿el fallo del TC que ordena la libertad de Keiko Fujimori equivale a su absolución penal? Por cierto que no. Solo significa que puede enfrentar su proceso en libertad siempre y cuando que no pretenda sustraerse a la justicia huyendo o desapareciendo. ¿Pueden los fiscales solicitar nuevamente su detención preliminar o preventiva? No a menos que aparezcan nuevos hechos que justifiquen esa medida. ¿Cuáles podrían ser esos nuevos hechos? Desaparecer o huir del país. ¿Cabría considerar como nuevos hechos evidencias ulteriores de su culpabilidad? En mi opinión no, salvo que tales pruebas precipiten su acusación ante los tribunales y ésta se realice, en cuya eventualidad el tribunal podría ordenar su detención a las resultas del juicio. Mientras tanto la señora Keiko Fujimori debe permanecer libre, obviamente con domicilio conocido y rastreable.

Sin embargo deseo incidir en una materia algo distinta y que se relaciona con la oportunidad de los fallos del TC. Me pregunto qué sentido tiene declarar la admisibilidad de la demanda del Congreso, representado por  Pedro Olaechea como Presidente de la Comisión Permanente por su investidura de Presidente del Poder Legislativo, si previamente rechazó la medida cautelar de suspender su disolución. La demanda interpuesta por Pedro Olaechea, por una razón de oportunidad, había que admitirla o no en función de la disolución del Congreso. Si la medida cautelar de suspender la inconstitucional disolución del Congreso fue rechazada, ¿para qué entonces se discute la petición de fondo si cuando sea resuelta tendremos en marcha un nuevo proceso electoral? La sentencia que se emita será ociosa en el mejor de los casos o negativa en el peor, en el supuesto de darle la razón a Vizcarra por tomar esa medida unilateralmente sin el refrendo de sus ministros cuando fue anunciada.

Hay un factor esencial que debemos tener en  cuenta, cuando Vizcarra anunció por la televisión su disolución de disolver el Congreso, no contaba ni con la aprobación del gabinete al cual el Congreso le rechazó “fácticamente la confianza” ni del que se constituyó días después bajo la ficta presidencia del (ex) congresista Vicente Zeballos Salinas. Y digo “ficta presidencia” porque no se puede ser Presidente de un Consejo de Ministros inexistente, que era la situación de dicho personaje la noche del 30 de setiembre último, cuando fue nombrado sin que se designara a los demás integrantes del gabinete con arreglo al artículo 122 de la Constitución.

En tal virtud surge la siguiente cuestión, ¿para qué sirve el Tribunal Constitucional, para confirmar los hechos consumados o para defender la Constitución cuando el Presidente abusa de su poder? Pensaría que lo primero pero en la práctica resulta lo segundo, dicho todo esto con el mayor respeto a sus integrantes. Amén.

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