Abel Hurtado Opinión

Violencia política contra las mujeres

Ad portas al Bicentenario, la violencia contra las mujeres se ha convertido en uno de los principales problemas del país. En el Perú, 7 de cada 10 mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia. La vida política de las mujeres no es ajena a esta realidad. Muchas mujeres prefieren no participar en política o pierden el interés de hacerlo por temor a ser estereotipadas, acosadas, discriminadas o violentadas.

La población predominante en el país es femenina, así como también lo es la población electoral. De hecho, las mujeres representan el 50.36% de la población electoral, mientras que los hombres solo cubren el 49.64%. Algo más: según cifras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 52% de afiliados en los partidos políticos a nivel nacional está conformado por mujeres, pero aun así la representación femenina en los cargos de elección popular sigue siendo mínima. Por ejemplo, el Parlamento disuelto estuvo conformado por 30% de mujeres frente a un 70% de hombres.

Según una encuesta realizada por el JNE a las candidatas de los 24 departamentos del país, en las elecciones regionales y municipales de 2018, un 58% de estas manifestó ser víctima de hostigamiento, un 43% de presión, un 29% de amenaza y un 15% de persecución. Los principales motivos fueron: políticos (60%), sexuales (54%) y por razones de edad (29%). Además, cabe destacar que el 45% de las personas que cometieron estas agresiones eran miembros de otras organizaciones políticas, el 25% miembros de su propia organización y un 23% eran personas que no pertenecían a ninguna organización política.

Todas estas cifras, tan lamentables por cierto, ponen en evidencia el por qué las mujeres deciden alejarse muchas veces de la vida política del país. La subrepresentación en los gobiernos regionales y locales es preocupante. En 24 regiones del país, ninguna mujer fue elegida gobernadora en los últimos comicios de 2018. Asimismo, de un universo de 196 municipalidades provinciales y 1875 municipalidades distritales, solo 94 mujeres fueron elegidas alcaldesas. Es decir, que apenas se supera el 4% de representación femenina en los gobiernos locales, lo cual no se condice con el hecho de tener una población femenina predominante en el país.

A pesar de lo ocurrido en la práctica, el marco jurídico vigente reconoce a las mujeres el derecho  a una vida libre de violencia. La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Mujeres, adoptó en el 2015 la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres, instando a los Estados Partes a incorporar en sus legislaciones las medidas de prevención, erradicación y sanción de la violencia y el acoso político contra las mujeres, facilitándoles para ello una Ley Modelo Interamericana.

En el continente, solo Bolivia cuenta con una Ley contra el Acoso y la Violencia Política de manera específica. En el caso de Ecuador, este regula dicha materia dentro de su Ley Orgánica  Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, mientras que la Cámara de Diputados de México aprobó recientemente el dictamen para tipificar la violencia política de género como delito electoral.

En lo que respecta a la legislación peruana, esta regula la violencia física, sexual, psíquica o económica, pero no ha incorporado todavía la violencia política dentro de sus prohibiciones. Asimismo, si bien se han presentado diversos proyectos de ley para prohibir la violencia y el acoso político contra las mujeres, estos no han logrado el consenso político para su aprobación en el Pleno del Congreso por cuestiones coyunturales del momento, quedando entonces como una agenda pendiente que el nuevo Parlamento del 2020 debe priorizar. Sobre todo, porque con esta ley se da cumplimiento a compromisos internacionales en materia de derechos humanos, respecto de los cuales se evalúa el desempeño del país.

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