Opinión Patricia Wiesse

Las valientes de Manta

A mediados de 2016 se inició el primer juicio en el país contra 13 militares por las violaciones sexuales en los distritos de Manta y Vilca, en Huancavelica, durante el periodo de violencia política.

No ha sido fácil llegar hasta este punto. De 583 casos de violación sexual registrados por la Comisión de la Verdad, solo nueve mujeres campesinas quechuahablantes han tenido la persistencia y el coraje para llegar a un tribunal del Poder Judicial. Ellas están sacando la cara por todas las que se han mantenido calladas por tanto tiempo.  No fue fácil reconstruirse  después de haber pasado por esa situación traumática que las mantuvo en un prolongado silencio casi dos décadas. Ese es el valor simbólico del juicio que se está llevando a cabo.

Han pasado tres años desde que se inició el proceso, y si sumamos el tiempo que han esperado para que el Ministerio Público abra instrucción y se convierta en un caso judicializable, estamos hablando de 15 años de una desesperante espera por obtener justicia.

En este momento los acusados están declarando ante el tribunal compuesto por los magistrados Edhín Campos, René Martínez y Jhony Contreras. Luego declararán los testigos de las partes y los peritos (psicológos y antropológos) y el juicio oral concluirá con los testimonios de las nueve demandantes.

El argumento que ellos repiten es que no hubo violación sexual porque fue con el consentimiento de ellas, que aceptaron ser sus enamoradas. Los acusados eran reclutas que cumplían su servicio militar obligatorio. Muchos provenían de distritos rurales cercanos, igual que sus víctimas. Pero la salvaje guerra los animalizó. Se sabe que repetían lo que sus superiores hacían y los instigaban a hacer. Patrullaban en grupo, andaban armados con sus Fals. Llegaban a las casas de noche, les gritaban, las amenazaban y las obligaban a tener relaciones sexuales. En el día, las encontraban mientras pastaban a sus ovejas y las tumbaban entre los matorrales.

Las víctimas eran jóvenes, de 15 a 17 años, nunca habían visto militares ni armas, nunca habían tenido enamorados. Todas sostienen que lo hicieron por terror. “Iba a buscarme a mi estancia en la noche. Yo estaba cuidando mis animales. Estaba con FAL. Ingresó a mi cama y empezó a violarme. Me dijo: ‘Cállate conchatumadre, terruca. Estamos varios porque te van a hacer cola’”, cuenta M.G.. Cuando salían embarazadas, los padres y hermanos llegaban a acuerdos con los familiares para que reconozcan a los hijos; pero lo que sucedía era que les daban nombres falsos o se iban y nunca más regresaban. Por eso es que fue tan difícil reunir las pruebas para acusarlos

En el registro civil de Manta hay 32 actas de nacimiento de niños inscritos como hijos de soldados. De eso, nueve son hijos de estas valientes mujeres.

Hay que imaginar el contexto en el que estas violaciones ocurrían. Era 1984, año en que la violencia política estaba en su tope en esa región. Se habían instalado cinco bases militares en el área. Antes de eso, Sendero Luminoso había entrado a las comunidades: los amenazó, mató a varios dirigentes y reclutó a los jóvenes más activos. Luego llegaron los militares a imponer un control abusivo y prepotente. Todos eran sospechosos de ser senderistas, todos debían registrarse y tener un salvoconducto al entrar y salir del pueblo, todos eran llamados a la base a declarar y muchos no salían vivos para contar lo ocurrido.

Hasta el día de hoy cargan con el estigma de ser “mujer de soldado”, “pellejo de militar”. El pueblo ha quedado impregnado de odio y desconfianza. Algunos sostienen que ellas consintieron la relación con los militares, que tuvieron los hijos porque quisieron. Incluso, sus propios familiares las repudian hasta ahora.

 Los abogados de la defensa y la fiscalía sostienen que el delito tiene la categoría de lesa humanidad y, por lo tanto, exige que se apliquen los tratados internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, la defensa de los acusados busca estrategias para demorar y alargar el juicio.

En estos momentos en que el país ha puesto el ojo en la violencia contra la mujer, el feminicidio y el acoso sexual, considerados como las peores lacras sociales, este juicio no puede pasar desapercibido.

Patricia Wiesse.
Ha trabajado en comunicación para el desarrollo en proyectos de radios rurales. Ha elaborado videos sobre la Comisión de la Verdad y la etapa de posguerra en el país, además de otros sobre cultura andina, proyectos de desarrollo y medioambientales. Actualmente es documentalista de cine. 

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