David Montoya Opinión

El Congreso que se viene

La última encuesta del año 2019, del IEP, señala que alrededor de un tercio de la población (35,8%) no sabe todavía por quién votar y casi la cuarta parte (un 24,5 %) anularía su voto. Es decir, alrededor del 60 por ciento de las personas que se encuentran habilitadas para votar no usaría su derecho para hacerlo en las mejores condiciones de un voto informado.

A tres semanas de la elección parlamentaria la mayoría de los ciudadanos no parecen dispuestos a darse un tiempo para informarse adecuadamente. Es cierto que los indecisos y los que anulan su voto bajan sobre todo en la última semana de la elección, e incluso en la cola de las mesas de votación, pero de todos modos la capacidad para generar una buena elección parlamentaria, consciente e informada, no se ha producido. Se realiza una elección para salir del paso.

En estas condiciones, y de acuerdo a la encuesta del IEP y de IPSOS, Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, el Partido Morado, el APRA y una larga lista de grupos políticos avizoran un parlamento muy disperso y fragmentado, donde las primera minorías y la capacidad para generar alianzas políticas entre ellas establecerá quien conducirá el Congreso a partir de marzo de 2020.

Sin embargo, las características de este parlamento para los grupos políticos que sean elegidos será la de un espacio de acción con miras a las elecciones de abril de 2021. Todas las propuestas que se planteen tendrán ese cariz, por lo que de todas maneras habrá un parlamento opositor al actual gobierno. La diferencia será el grado de oposición que establecerá quien encabece la primera minoría parlamentaria, ya sea Acción Popular o Fuerza Popular.

Respecto de la agenda parlamentaria, se escuchan cantidad de propuestas inverosímiles  que no tienen nada que ver con las posibilidades reales de ser procesadas, pero también habrán dificultades para las que aparecen como las populares y que si forman parte del que hacer parlamentario.

Una gran mayoría de postulantes plantean eliminar la inmunidad parlamentaria, porque está condición aparece asociada a la impunidad de los que estaban acusados por diversos delitos antes que entraran al Congreso, pero también durante. En términos prácticos eliminar la inmunidad parlamentaria significa realizar una reforma constitucional en dos legislaturas continuas. El Congreso que iniciará funciones en marzo de 2020 sólo tendrá dos legislaturas ordinarias marzo-junio y agosto-diciembre. Aunque, podría establecer legislaturas extraordinarias entre enero-marzo de 2021.

En marzo pueden presentarse los proyectos de ley para esta enmienda constitucional y en el procesamiento legislativo ingresaran a las Comisiones de Constitución y de Justicia para que puedan ser debatidas, enriquecidas y aprobadas en dictamen para que ingresen al pleno para su decisión final. En el período de marzo-junio lo veo totalmente factible. No me parece que ocurra lo mismo en el de agosto-diciembre, por varias consideraciones.

A fines de agosto el Poder Ejecutivo presenta al parlamento el proyecto de la Ley de Presupuesto Público 2021 que es de sumo interés para los parlamentarios y sus grupos políticos. Los meses de octubre y noviembre son fundamentales para que los representantes políticos defiendan el financiamiento de obras públicas para sus circunscripciones electorales. Por lo que si no hay una fuerza política interesadas en que los plazos de la reforma de eliminar la inmunidad parlamentaria se cumplan, otros afanes ocuparan las prioridades de los parlamentarios, además de que entre octubre y noviembre de 2020 se debe convocar a las elecciones generales del año 2021.

Así las cosas, a un parlamento con poco margen de existencia le convendría establecer en primera instancia una agenda parlamentaria acotada a este período y en base a ello establecer cuáles serán las iniciativas que de todas maneras se deben aprobar y en base a ello establecer las comisiones ordinarias fundamentales que debieran funcionar para alcanzar los objetivos de esa agenda y no necesariamente las 24 comisiones ordinarias del parlamento disuelto. Establecer el número de Comisiones es una decisión política que modifica el reglamento del Congreso vía la aprobación de una resolución legislativa.

Sin embargo, este tipo de enfoques también depende de la primera minoría que conduzca el parlamento. Normalmente las primeras minorías que presiden el parlamento pueden alcanzar acuerdos y consensos con otros grupos políticos facilitándoles la presidencia de Comisiones Ordinarias, amén de las vicepresidencias de la Mesa Directiva.

El talante del grupo político que dentro de la fragmentación alcance acuerdos para presidir el parlamento, será el que marque las relaciones que puedan establecerse con el Poder Ejecutivo o que por contrario establezca un tono opositor en continuidad con el parlamento disuelto.

David Montoya.
Estudios de posgrado en politología, comunicador, con vasta experiencia en la dirección y asesoría en el diseño, formulación y seguimiento de políticas públicas en diversas entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer, la Municipalidad de Lima, el Congreso de la República. Coordinador de Políticas e Incidencia en el Grupo Propuesta Ciudadana. Analista de Coyuntura en el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y docente de pregrado y posgrado en la Universidad Cayetano Heredia.

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