David Montoya Opinión

Regulación ¿Habemus?

Cuando en la década de los 90 se empieza a aplicar en el Perú la receta del Consenso de Washington, promovida a fines de los 80, por el Banco Mundial, John Williamson y Pedro Pablo Kuczynski, una de las apuestas fue convertir al Estado en subsidiario en la economía y restringir su participación al máximo, para que sea el privado, el que se encargue también de los servicios públicos. Privatizaron así servicios públicos de telefonía, comunicaciones, energía, hidrocarburos, entre otros. Y, asignaron como papel del Estado frente a estos servicios regentados por privados la función de regularlos, es decir de velar por el servicio eficiente, eficaz y con seguridad de cara a los ciudadanos.

Manuel Moreyra Loredo, ex presidente del BCR, en una entrevista que realiza Iuts Et Veritas N° 8 (PUCP) del año 1994 en su sección Puntos de Vista declara: “…el proceso de privatización es una…moda; en estos momentos en todo el mundo se privatiza. El caso peruano era uno en donde, creo, había pocas dudas acerca de la necesidad de entregar…al sector privado la explotación de ciertas actividades en donde el Estado había estado interviniendo. Sin embargo, ciertas actividades deben ser reservadas para el Estado…¿El Estado debe desprenderse de todas las empresas públicas? Creo que no, hay algunas empresas públicas -no muchas- donde se necesita una presencia determinante por parte del Estado. Esto ocurre en el caso del petróleo. No creo que PETROPERU debía privatizarse; debería entregar el grueso de sus actividades al sector privado, y trabajar en competencia con ese sector, como ocurre en Colombia o en Chile, pero no dejar de ser estatal…”.

Esta opinión de Moreyra, que distó de ser un promotor del estatismo fue el mismo año que se inicia el proceso de privatización de las empresas estatales de telefonía en el Perú, con la venta a España de la Compañía Peruana de Teléfonos. Hace 26 años, también, mediante la Ley N° 26285 que dispone la desmonopolización progresiva de los servicios públicos de telecomunicaciones de telefonía, se crea el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones –OSIPTEL, con el objetivo de promover el crecimiento de la inversión privada en el servicio de telecomunicaciones, promover la competencia eficaz y equitativa y promover la calidad y eficiencia de los servicios públicos brindados al usuario.

En este momento, los ciudadanos con derechos, pasamos a ser usuarios y clientes. Porque hay un tratamiento perverso en las supervisoras y reguladoras de los servicios públicos, como el del gas, telecomunicaciones, transporte entre otros.

A Jorge Kunigami uno de los impulsores de la regulación en telecomunicaciones y uno de los primero presidentes de Opsitel, le plantee una pregunta, hace muchos años en una clase de programa de posgrado: ¿Por qué la supervisora de Telefonía no desarrolla estrategias para la defensa del ciudadano/usuario del servicio púbico frente al incumplimiento de la operadora de España? La respuesta fue clara: “la supervisora no puede tomar partido entre oferta y demanda, es un árbitro que debe mantener la imparcialidad entre los que demandan el servicio y los que ofertan, precisamente para poder emitir resoluciones o sentencias cuando se produzcan apelaciones”.

Este es el problema y la lógica central de la regulación o supervisión de cuanto servicio público es administrada y conducida por privados. Ante el organismo supervisor o regulador es lo mismo y tienen el mismo peso Juan Pérez, un vecino ficticio de Villa el Salvador, que la más poderosa empresa privada que transporta gas licuado. Es lo que conocemos como el mercado de los servicios públicos

Para el Estado, en materia de regulación o supervisión, pareciera que considera que no hay asimetría de información y formación entre el ciudadano/usuario y las empresas privadas que prestan el servicio público. Un papel del Estado, por lo menos, es igualar oportunidades y colocar el piso parejo para buscar calidad y seguridad en la prestación del servicio público, en manos de privados.

Aquí, hay un tema de reforma económica e institucional por abordar y resolver que no aparece en las agendas políticas nacionales más recientes, en un contexto de economía e institucionalidad del país que se debate en la informalidad. Por ejemplo, algunas supervisoras o reguladoras incluyen dentro de sus Consejos Directivos una persona que representa a los usuarios. En el caso de Osignermin, su ley de creación, Ley N° 26734 del año 1996, ni siquiera considera esa posibilidad.

David Montoya.
Estudios de posgrado en politología, comunicador, con vasta experiencia en la dirección y asesoría en el diseño, formulación y seguimiento de políticas públicas en diversas entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer, la Municipalidad de Lima, el Congreso de la República. Coordinador de Políticas e Incidencia en el Grupo Propuesta Ciudadana. Analista de Coyuntura en el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y docente de pregrado y posgrado en la Universidad Cayetano Heredia.

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