Opinión Roberto Cabrera

Populismo legislativo

El término populismo fue acuñado en la década de 1940, inicialmente para describir medidas adoptadas por funcionarios del gobierno que actuaron exclusivamente con el fin de ganar popularidad, al llevar a cabo medidas sin ningún tipo de apoyo en elementos capaces de demostrar su eficacia.

El populismo se asocia comúnmente con líderes carismáticos en países donde hay grandes problemas sociales, miseria y pobreza.

Dichas medidas se pueden observar en casi todas las áreas de acción estatal, como, por ejemplo, en la distribución de canastas de alimentos básicos a las comunidades necesitadas, en detrimento de llevar a cabo políticas educativas o de salud, en la construcción de obras «faraónicas» sin ninguna utilidad social, entre otras.

El Poder Legislativo existe para cumplir básicamente dos atribuciones constitucionales: redactar buenas leyes y monitorear los actos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, estas dos funciones, en la mayoría de los casos, no son ejercidas con la debida responsabilidad y competencia por los miembros de nuestro poder legislativo. Aquí me ocuparé solo de la primera función legislativa (crear buenas leyes).

Los parlamentarios a menudo insisten en la aprobación de iniciativas legislativas totalmente populistas. El populismo legislativo se manifiesta de varias maneras. Uno de ellos consiste en la aprobación de proyectos de ley totalmente inconstitucionales, que crean derechos para ciertos grupos sociales, con el objetivo de obtener la simpatía de los beneficiarios. El legislador sabe que su trabajo es inconstitucional, sin embargo, insiste en su aprobación solo para complacer a partes de sus eventuales votantes (o financistas de campañas).

En este caso, se crean falsas expectativas para los destinatarios de la norma legal, ya que la ley inconstitucional debe excluirse del sistema legal. El orden legal exige la expulsión de leyes que son contrarias al contenido de nuestra Constitución. Por lo tanto, los derechos (o mejor dicho privilegios) prometidos por el legislador serán un mero fraude legislativo.

De esta manera, el tiempo de los parlamentarios, así como la estructura administrativa del poder legislativo, se utiliza de manera totalmente abusiva e irresponsable. En lugar de dedicarse a la construcción de buenas leyes, adecuadas, necesarias y de acuerdo con los requisitos materiales y formales establecidos por la Constitución, se rinden a las ventajas baratas del populismo legislativo. El presupuesto para el funcionamiento de nuestro poder legislativo es extremadamente alto, uno de los más caros de la región. Por esta razón, nuestro congreso no puede usar los escasos recursos públicos para este tipo de comportamiento inoficioso.

Este tipo de postura del poder legislativo, termina creando una carga para la población en general. No todos gozan de legitimidad activa para interponer una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El artículo 203º de nuestro texto constitucional señala que solo el Presidente de la República, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el veinticinco por ciento del número legal de congresistas, cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, los Gobernadores Regionales o los alcaldes provinciales, en materias de su competencia y los colegios profesionales, en materias de su especialidad podrían hacerlo. ¿Y qué sucede si ninguno de ellos lo realiza en el plazo legal? Lamentablemente, la respuesta a esa interrogante es nefasta: La norma inconstitucional se mantendría vigente en nuestro ordenamiento jurídico.

Es decir, el mal uso de la función legislativa no solo termina creando gastos totalmente innecesarios para los otros poderes y órganos constitucionales, sino que también pone en grave riesgo la protección de los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución.

Por lo tanto, el Poder Legislativo, cuando apuesta por el populismo legislativo, socava la noble función legislativa en perjuicio de toda la sociedad. Ante ello es preciso generar espacios de diálogo que nos permitan idear un control previo de constitucionalidad para así evitar consecuencias irreversibles para el desarrollo y protección de los derechos fundamentales en nuestro país.

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