Abel Hurtado Opinión

Pena de muerte, entre lo necesario y el populismo

En nuestro país solo está permitido aplicar la pena de muerte por traición a la patria en tiempos de guerra, lo que significa que la traición a la patria en tiempos de paz debe tener otra sanción. La Constitución no precisa si la pena se aplica durante conflictos armados internacionales o no internacionales. Sin embargo, el Código Penal Militar Policial, dispone que la pena de muerte por traición a la patria se aplica durante Conflictos Armados Internacionales (CAI); es decir, durante un conflicto armado entre Estados, lo que descarta también la posibilidad de aplicar esta medida durante un Conflicto Armado No Internacional (CANI); vale decir, un conflicto armado entre el Estado y un Grupo Armado; figuras reguladas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Por otra parte, la ampliación de la pena de muerte por terrorismo fue incorporado recién en la Constitución de 1993. A la fecha, no hay registro alguno de su aplicación, pero podría considerase haber sido una medida disuasiva y necesaria en su momento para combatir la violencia terrorista que tanto daño le hacía al país.


La abolición de la pena de muerte es un derecho humano. El Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José en el año de 1978 y aceptó la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el año de 1981, organismos supra nacionales que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que tienen como finalidad principal la promoción y protección de los derechos fundamentales en nuestro continente.

La Convención precisa en su artículo 4 que los Estados solo podrán aplicar la pena de muerte por los delitos más graves que reconocen al momento de adherirse y ratificar la Convención. En ese sentido, prohíbe que la pena de muerte se extienda a otros delitos que el Estado no reconoce al momento de ratificar el Pacto de San José. Asimismo, prohíbe a los Estados partes reestablecer la pena de muerte si ya la han abolido. De hecho, en la Constitución de 1979 se abolió la aplicación de la pena de muerte por delitos comunes, por lo que, en general, cuando un Estado reconoce un derecho humano ya no puede desconocerlo.

De acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un tratado es vinculante y obliga a las partes a cumplirlas de buena fe, pero ningún Estado está obligado a ratificar un tratado. Asimismo, ningún Estado puede invocar las disposiciones de su derecho interno como una justificación para el incumplimiento de un tratado. Además, así como la firma de un tratado es la manifestación de voluntad de un Estado, retirarse también es un acto de voluntad. Ningún Estado puede estar obligado a adherirse o estar adherido a un tratado por lo que puede solicitar su terminación.

En el caso en particular, el artículo 78 deja la posibilidad a que los Estados partes puedan denunciar al Pacto de San José con un pre aviso de un año. Por su parte, la Convención de Viena también prevé que los Estados pueden denunciar un tratado conforme a las disposiciones del propio tratado y el consentimiento de las partes. Vale precisar que el Pacto de San José no prevé la figura de la denuncia parcial de la Convención, ergo no es posible acudir a esa figura.

En ese orden de ideas, consideramos que si bien se amplió la pena de muerte por terrorismo, su aplicación estaría sujeta a que el Estado peruano deba retirarse del Pacto de San José. Lo dicho queda más claro en la medida que la propia disposición constitucional que la reconoce, pone freno a su aplicabilidad al precisar que esta pena se aplicará conforme a “las leyes y los tratados del cual el Perú es parte obligada”. En ese contexto, sucedería lo mismo si se reconociera la aplicación de la pena de muerte para otros delitos como la violación sexual de menores de 7 años, por delitos de corrupción o por casos de feminicidio.

Cabe precisar además, que la Constitución de 1979, reconocía que si un tratado en materia de derechos humanos colisionaba con una ley, prevalecía el tratado. En la Constitución de 1993, se retiró esta disposición sobre los tratados, pero consideramos que aún subsiste su jerarquía constitucional tal como se puede inferir del artículo 55 y la Cuarta Disposición Final de nuestra Carta Magna. No obstante, en la doctrina del Derecho Internacional de los Derechos Humanos los tratados sobre derechos humanos han prevalecido sobre las legislaciones domésticas, como también se viene promoviendo una tendencia abolicionista de la pena de muerte en las legislaciones penales más modernas del mundo como es la Corte Penal Internacional.

En resumidas cuentas,  se puede inferir que jurídicamente no es viable implementar la pena de muerte en nuestro país por nuevos delitos en tanto seamos parte del Pacto de San José. Plantearla conecta mucho con las masas y es populista, calma emociones temporales, pero no resuelve el problema de fondo por el que atraviesa nuestro país.

Abel Hurtado.
Abogado especializado en Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. Magíster en Derechos Humanos por la PUCP. Becario en Derechos Humanos y Conflictos por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y egresado del Programa de Derechos Humanos y Política de Vassar College, NY. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario del Congreso de la República y docente universitario.

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