Opinión Roberto Cabrera

Los desafíos legales para combatir el coronavirus

En este espacio, busco que reflexionemos sobre los desafíos legales que surgen al combatir el nuevo coronavirus, COVID-19, notificado por primera vez en diciembre de 2019, en Wuhan, en la provincia de Hubei, China. En Perú, hay nueve episodios confirmados hasta el momento[i], todos monitoreados por las autoridades sanitarias peruanas.

A fines de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus es una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Al igual que los otros países afectados, China, el epicentro de la epidemia, ha dedicado grandes esfuerzos para combatir el virus, como se vio con la sorprendente construcción de un nuevo hospital en 10 días para recibir y tratar a pacientes infectados, además de casos sospechosos.

Aunque recibió severas críticas por su desempeño ineficiente al comienzo de la epidemia, el gobierno chino parece haber superado esta situación con la adopción de herramientas jurídicas para combatir y prevenir el nuevo coronavirus. La más reciente de ellas es la aplicación «Detector de contacto cercano», desarrollada por la Oficina General del Consejo de Estado, en colaboración con la Comisión Nacional de Salud y el Grupo de Tecnología Electrónica de China (CETG), para permitir al usuario de la aplicación identificar si tuvo contacto con alguien infectado con el virus.

La aplicación utiliza la gran base de datos de salud del gobierno chino para localizar pacientes confirmados o sospechosos de haber contraído el coronavirus. La aplicación informa al usuario si está o ha estado en contacto cercano con personas que están en riesgo, indicando, por ejemplo, si el usuario ha usado autobuses, trenes o aviones con personas diagnosticadas con coronavirus. Si es así, la aplicación recomienda al usuario que busque servicios de salud de inmediato para que se practique exámenes en profundidad. Para la población local, la aplicación también brinda la posibilidad de reducir el pánico causado por la desinformación, diseminando datos más realistas sobre la epidemia.

Aunque en el contexto chino la noción de privacidad tiene un sesgo más colectivo que en Perú, la creación de la aplicación que toma los datos de salud de la población china como base y permite la ubicación de las personas infectadas con el coronavirus sirve para ilustrar cómo los avances en la tecnología sanitaria pueden representar serias amenazas para la protección de la privacidad. Compartir datos de salud sin el consentimiento de los titulares de esa información conlleva un enorme potencial de violaciones actuales y futuras. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que muchas de estas restricciones deben tolerarse en vista de la necesidad de proteger intereses socialmente relevantes, como la salud de la comunidad.

Estas medidas legales para hacer frente a la emergencia de salud pública de importancia internacional resultante del coronavirus básicamente son: aislamiento, cuarentena y tratamiento obligatorio.

Algunos de estos instrumentos deberían ser utilizados en Perú. Por ejemplo, el tratamiento médico obligatorio ha ganado relevancia en las noticias con la imposición de la hospitalización a una pareja francesa sospechosa de tener coronavirus en un centro de salud en la ciudad de Paraty, en el estado sureño de Río de Janeiro, tras haber mostrado síntomas de gripe. La pareja fue colocada en aislamiento inmediato para los exámenes y tras haberse negado a permanecer en el hospital, el caso fue llevado al Poder Judicial, que adoptó la decisión para que los franceses continúen con la hospitalización obligatoria hasta que los resultados de los exámenes descarten la contaminación por COVID-19. Ante tales situaciones, vale la pena preguntarse: ¿Son legítimas estas medidas, que restringen severamente la libertad individual?

Para responder a esta interrogante es necesario comprender que hay circunstancias que pueden limitar los límites y los espacios de libertad personal. La autonomía privada se deriva directamente del imperativo constitucional de proteger la dignidad de la persona humana, prevista en la Constitución de 1993, que al igual que todos los derechos en el orden nacional, su ejercicio no puede ser ilimitado o absoluto.

Es necesario tener en cuenta que la libertad puede sufrir restricciones siempre que su ejercicio implique daños a la comunidad, como es el caso de la libre circulación de personas diagnosticadas o bajo sospecha del coronavirus. Es, en efecto, un acto de libertad con repercusiones sociales, capaz de generar consecuencias legales que trascienden la esfera legal de su titular y causan daños o un riesgo real de daño a la sociedad. En estos casos, la restricción se impone como una medida necesaria para proteger la integridad psicofísica de los demás.

Finalmente, es necesario enfatizar que todas las restricciones a la libertad individual deben guiarse por la razonabilidad y la necesidad de proteger a los grupos vulnerables, nunca deben resultar del pánico colectivo fomentado por el miedo y la desinformación exacerbados.


[i] Hasta que se cierre la columna el 10/03/2020

Roberto Cabrera Suárez
Abogado, Maestro en Gestión Pública, Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Doctorando en Derecho y Ciencia Política. Es árbitro en derecho, actualmente se desempeña como vicepresidente de la Comisión Adscrita a la Oficina Regional de Indecopi San Martín y como Director de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo – Filial Tarapoto. Es profesor de Derecho Constitucional y Teoría General del Estado y Profesor Visitante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México y Universidad de Ciencias de la Seguridad, México.

1 comment on “Los desafíos legales para combatir el coronavirus

  1. Oscar Rodrigo Paredes Fernández

    Excelentes apreciaciones estimado colega. En el momento en el que nos encontramos, resulta muy provechoso el tener las cosas en perspectiva. Un fraternal abrazo desde Cochabamba, Bolivia.

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