Opinión Rafael Rodríguez

Una mirada al proceso constituyente en Chile

En “La Constitución Tramposa” (LOM Ediciones: 2017), el destacado constitucionalista chileno, Fernando Atria, profesor en la Universidad de Chile, nos advierte que para hablar del proceso constitucional en Chile debemos reconocer, entre otras cosas, que el “espíritu” original de la Constitución de 1980 (la Constitución de la dictadura de Pinochet) y sus redactores consistía en la neutralización del poder del pueblo en su rol de agente político o, dicho de otro modo, la transformación del “pueblo” en “gente”, es decir, “”una audiencia que sufre las consecuencias de las decisiones tomadas por la clase política”.

Al respecto, resulta necesario recordar, como lo expone en “Diez puntos sobre el cambio constitucional en Chile” (Revista Coyuntura: 2020), el notable constitucionalista argentino, Roberto Gargarella, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que en 1979, y poco antes de la aprobación de la Constitución pinochetista, su principal ideólogo, Jaime Guzmán, declaró: “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, para que el margen de alternativas que la cancha les imponga a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido como para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

Pocas veces, apunta el profesor Gargarella, en la historia del constitucionalismo nos encontramos con un reconocimiento tan abierto y descarnado de lo que aparece como la peor cara que una Constitución puede ofrecernos: la Constitución como «cárcel» de la democracia –como forma de aprisionarla– y no como manera de organizarla, hacerla posible o realizarla. Así, para el profesor Gargarella, Guzmán, como tantos, confundió la «validez» de una norma –su justificación pública– con su «vigencia», es decir, con su efectividad o estabilidad, que pudo deberse, como en el caso de Chile y la Constitución de 1980, primero al miedo y a las armas y luego a la dificultad de modificarla. 

Sobre este punto, el profesor Gargarella, a propósito del proceso constituyente chileno, retoma uno de los temas de mayor debate para la teoría constitucional y democrática: la validez de las normas de facto (las emitidas por una dictadura como la de Pinochet). Y lo hace formulando las siguientes preguntas: ¿Es legítima una Constitución promovida por un dictador y aprobada mediante procedimientos fraudulentos? ¿Tiene la democracia chilena las «manos atadas» por esa  «Constitución tramposa»? ¿Puede entenderse que la Constitución de Pinochet sigue constriñendo las posibilidades de acción de las nuevas generaciones?

La respuesta para el profesor Gargarella, en línea con el análisis que hiciera, en su momento y para Argentina, Carlos Santiago Nino, es que las únicas normas válidas, prima facie, son las que surgen de procedimientos democráticos elementales, mientras que las normas de facto, en principio, no gozan de una presunción de validez

Por este motivo, según lo expuesto por el profesor Atria, era necesario insistir en la idea de concientizar a los ciudadanos y ciudadanas acerca de la legitimidad de la demanda de una nueva Constitución, antes incluso de discutir en detalle los mecanismos posibles para acoger esa demanda. Y ello, porque no era posible llegar a esa instancia sin un apoyo y convicción masivos. Hoy, luego de los resultados obtenidos en el Plebiscito Nacional 2020, queda claro que la demanda de una nueva Constitución (78% a favor) elaborada por una Convención Constitucional (79% a favor) cuenta con el apoyo multitudinario de las grandes mayorías del país.

Ahora bien, pensando en la tarea que deberá cumplir la Convención Constitucional que será elegida en abril de 2021, y en el proceso de elaboración de la nueva Constitución en Chile, considero necesario, tomando como referencia lo expuesto por Mónica Gonzalez, Premio Nacional de Periodismo en Chile, tener presente que la erosión que hoy evidencian las instituciones, el sistema político y la democracia en Chile no se generó de golpe ni en un año o dos, como quedó demostrado con el estallido de la protesta social en octubre de 2019.

Es más, podríamos afirmar que si bien la crisis de representatividad y legitimidad política inició con la aprobación fraudulenta de una Constitución espuria -desde su origen- como la de Pinochet, no menos cierto es que las reformas inoculadas al sistema desde el retorno de la democracia no solo no pudieron corregir los defectos de la misma sino que prolongaron -en no pocos casos- su vocación autoritaria y la imposibilidad de redefinir el statu quo imperante. En otras palabras, era imposible -como ahora se reclama- que Chile avance en materia de derechos (sociales, sobre todo), consagrándolos como bienes y/o  servicios públicos que deben ser garantizados por el Estado, si previamente no se avanzaba sobre el núcleo duro de la Constitución: la organización del poder.

En esa línea, el destacado politólogo chileno, Juan Pablo Luna, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, en la obra “En vez del optimismo. Crisis de representación política en el Chile actual” (Catalonia: 2017), al momento de analizar la crisis de representación política en Chile, realiza una de las críticas más agudas a los partidos de la centroizquierda y su rol en la crisis que vive el sistema político chileno. Se trata de una crítica importante, más aun teniendo en cuenta que desde el retorno a la democracia en 1990, los partidos de centroizquierda, agrupados bajo las banderas de la “Concertación” (Alianza Política-Electoral), lograron colocar a cuatro (4) de los cinco (5) presidentes que ha tenido Chile.

Así, el profesor Luna afirma que durante los años noventa y 2000 los partidos se desarraigaron de la sociedad chilena, generando, en primera instancia, una “crisis de baja intensidad”. Entonces, precisa el profesor Luna, al desarraigarse socialmente, la clase política (y especialmente la centroizquierda) perdió presencia organizacional en las bases, lo cual se evidencia con claridad en el desalineamiento progresivo de federaciones estudiantiles y otros movimientos relevantes, como el ya debilitado sindicalismo o las organizaciones mapuches. Ergo, era imposible  forzar un cambio radical en la estructura del poder si las fuerzas políticas progresistas habían perdido presencia y capacidad de movilización en el tejido social chileno.

Justamente, por lo antes expuesto, el resultado del Plebiscito Nacional 2020 debe ser visto como la posibilidad que tiene Chile para construir un mejor futuro. Y es que, como lo señala el profesor Gargarella, Chile tiene la oportunidad de optar por una declaración de derechos liberal, social y democrática, y de hacerlo ajustando de modo acorde toda su organización del poder y convertirla en una organización, también, al servicio de ideales liberales, sociales y democráticos, un paso que el poder (político y económico) concentrado en América Latina ha buscado siempre impedir.  

Es decir, el proceso constituyente en Chile debe buscar como prioridad que el esquema constitucional clásico de frenos y balances (destinado a canalizar institucionalmente la guerra civil) consagrado en la Constitución de Pinochet se transforme en otro, orientado en una dirección diferente: no ya evitar la guerra, sino favorecer por fin el diálogo inclusivo, entre iguales. Todo ello, reconociendo que en una sociedad de iguales,  cada individuo debe ser capaz de vivir su vida como quiere y cada sociedad debe tener la posibilidad de organizar su vida futura del modo en que considere más apropiado, como lo apunta el profesor Gargarella.

Por último, para que ello ocurra, es necesario, citando la frase del expresidente de Chile, Ricardo Lagos, que la Convención Constitucional inicie sus labores con “una hoja en blanco”, o, en palabras del profesor Atria, “partiendo de cero”,  pues lo que se busca es romper radicalmente con la herencia de la dictadura, y eso supone acabar con los enclaves autoritarios, abriendo los cerrojos y candados que el pinochetismo consagró en la Constitución para impedir que el soberano movilizado (o en las urnas) defina su futuro.

Nota: Columna “El poder del voto”. En: La Ley. El ángulo legal de la noticia. Publicada el día lunes 02 de noviembre de 2020 https://laley.pe/art/10253/una-mirada-al-proceso-constituyente-en-chile

Rafael Rodríguez Campos.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con un Título de Post Grado y estudios de maestría en Ciencia Política y Gobierno en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. Cuenta con un Título de Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución en la Universidad Castilla – La Mancha (Toledo – España). Es Maestro en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla – La Mancha (Toledo-España). Profesor de Derecho Electoral, Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres (2015-2019). Observador y Representante Electoral Internacional en Colombia, Ecuador, Bolivia, México y Uruguay (desde el 2016). Miembro del Comité de Coordinación Electoral del Sistema Electoral Peruano (2015-2019). Secretario General Titular del RENIEC (2019).

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