Marina Del Rosario Barboza Opinión

El régimen agrario de precarización laboral

Perú es el segundo exportador mundial de palta y empieza a consolidarse como el primer exportador de arándanos, incluso pese a la crisis sanitaria de la Covid 19. No obstante, tal parece que olvidamos que detrás de cada alimento está el campo y el trabajo de su gente, donde encontramos al 25% de la PEA realizando labores agrarias.

Recordemos que el 30 de octubre del año 2000 se promulgó con un carácter de temporalidad -por diez años- la Ley 27360, Ley que aprueba las normas de PROMOCIÓN del sector Agrario, siendo José Chlimper quien impulsó la norma cuando era ministro de agricultura del gobierno de Fujimori. Curiosamente, el exministro se encontraba desde aquella época ligado a la Sociedad Agrícola Drokasa S.A. de Ica, por lo que, no podemos negar que el interés por este régimen obedecía a favorecer a su empresa y a otras compañías que se conducen en el mismo rubro.

En julio de 2006 se prorroga la vigencia de la norma hasta el 2021, a lo que cabe preguntarse: ¿acaso no fue suficiente diez años para lograr el objetivo de la Ley, que era el de fomentar la inversión en el sector agrario? Podemos encontrar la respuesta en el incremento de sobremanera de las inversiones en el sector con el boom de las agroindustriales en nuestro país, en ese sentido, no se justifica la prórroga de la Ley. No obstante, en diciembre 2019 con el Decreto de Urgencia 043-2019 se amplía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

En estos días pudimos ver cómo inició en Ica una serie de demandas sociales de los trabajadores agrarios, pues la Ley en mención y sus posteriores modificatorias tienen incidencia directa en sus derechos laborales, previsionales y en la seguridad y salud en el trabajo.

Empezando por contratos de naturaleza temporal y estacionaria, donde suelen estar sometidos a largas horas de trabajo sin compensación por horas extras, pues en la agroindustria laboran bajo una modalidad conocida como “destajo”. Usualmente se ven sujetos a jornadas laborales de doce horas diarias durante seis días a la semana, obteniendo como contraprestación por su trabajo una remuneración diaria que hasta diciembre del 2019 era equivalente a S/ 16.00 y a partir de enero del presente año obtuvo un incremento a S/ 39.19. Este incremento resultaría hasta reivindicador de derechos laborales, siempre que no tuviera la particularidad de ser una REMUNERACIÓN INTEGRAL, compuesta por la suma de la remuneración básica, las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios.

Ello atenta con la naturaleza jurídica de las instituciones salariales, tales como la Gratificación cuyo objeto es otorgar al trabajador mayores ingresos económicos en los meses de julio y diciembre por tanto en estos meses los trabajadores en nuestro país tienen mayores egresos por motivos de fiestas patrias y navidad. Del mismo modo, se desnaturaliza el objeto de la Compensación por Tiempo de Servicios que debe ser un concepto inafecto de todo tributo, pues representa un monto económico destinado a ser utilizado por el trabajador cuando este deje de trabajar, y debería ser depositado en una institución financiera a efectos de ganar intereses en tanto el trabajador mantiene su trabajo.

La problemática no se agota en el ámbito laboral, sino que también tiene repercusión en las prestaciones previsionales, pues la incorporación o permanencia en el sistema previsional es facultativa, ellos son los encargados de cubrir cada una de las aportaciones necesarias para poder gozar de una pensión de jubilación. Considerando las remuneraciones tan bajas y los beneficios sociales que ellos reciben como contraprestación de su trabajo, la mayoría de estos trabajadores opta por no ser descontados de su remuneración, para que así puedan generar un poco más de ingresos, dejando de lado un derecho tan importante como es el de la pensión de jubilación.

No podemos seguir permitiendo que la “promoción del sector agrario” se efectúe a costa de la precarización de los derechos laborales -vulneración emanada de la norma- y que las grandes agroindustriales, que son las principales beneficiarias de la Ley, supieron aprovechar para enriquecerse.

Les comparto una infografía realizada para la Sociedad Peruana de Derecho, que permite esquematizar algunos aspectos del Régimen Agrario.

Marina Del Rosario Barboza Hurtado.
Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, CEO & Fundadora de Capulí Tours, Egresada del Programa de Segunda Especialidad y estudiante de Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de la Sociedad de Derecho del Trabajo & Procesal Laboral – Apex Iuris. Ponente del 2º Congreso Mundial Cielo Laboral 2018, Universidad de la República, Montevideo – Uruguay y disertante en el “IX° Congreso Regional de las Américas”, Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires.

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