Luis Otoya Trelles Opinión

La ley de la calle

Las protestas de la última semana han puesto en evidencia que hay una maquinaria política detrás de las demandas laborales de trabajadores del agro que azuzados salieron a protestar. Es justo su derecho a la protesta y atendible su intención de marchar de forma pacífica. Pero al hacerlo aparecen grupos organizados que sin darse cuenta marchan junto a ellos exacerbando los ánimos que los lleva a bloquear el paso de vehículos en las carreteras, impidiendo el tránsito de pasajeros y camiones que transportan mercaderías y productos perecibles. Allí es donde aparecen los agitadores, quienes pese al calor “trabajan” con sus rostros cubiertos para no ser identificados, destruyendo centros laborales, atacando la propiedad privada, atentando contra la vida de inocentes personas que indefensas esperan en el camino que esto acabe para poder pasar. También exponen a los verdaderos trabajadores a ser repelidos por la autoridad o que terminen siendo una heroica víctima de la revuelta.

Parece ser que, de un tiempo a esta parte, la protesta es la forma de lograr se escuchen los reclamos de la sociedad y las calles el recinto en el que se deben dilucidar las demandas y se consigan las leyes.

“La voz del pueblo es la voz de Dios”, no es parte de ningún pasaje en la biblia. Es quizá parte de la manipulación de quienes quieren atribuir a alguna divinidad la realización de hechos que, tomando el nombre de Dios, pretenden atentar contra la ley y la institucionalidad de un país.

Las justas demandas sociales deben ser atendidas y monitoreadas para llegar a acuerdos. en base a la conciliación y al diálogo. El vandalismo, la violencia y la presión mediática, no pueden ser el mecanismo que fuerce una decisión apresurada sin tomar en cuenta a todas las partes.

Ya lo hemos visto antes con la minería, un sector clave en nuestra economía, que genera miles de puestos de trabajo y millones de dólares en impuestos. Los mismos grupos de izquierda radical que hoy enfrentan al empresariado agroexportador, se vienen oponiendo a las inversiones y nuevos proyectos mineros. Queda claro que detrás de esto están las intenciones de lucrar con el poder de la protesta, que busca el beneficio individual a costa de la pobreza del trabajador y de la región.

Ica será como Cajamarca, nuevamente pobre, por ahuyentar la inversión privada. Quieren convertir las fértiles tierras y próspera industria, en terrenos eriazos y destartalada maquinaria abandonada que envejeció por no saber manejarla o no darle el mantenimiento adecuado, como pasó con la reforma agraria de Velasco Alvarado.

Si los empresarios e inversionistas consiguen leyes y beneficios tributarios que permiten desarrollar regiones, generar empleo y dar bienestar a la población, es una muestra que valió la pena hacerlo y debemos reconocer sus logros. Pero la autoridad y la ley, en un estado promotor, debe estar siempre presente y vigilante para negociar con la otra parte la adecuación de la ley de acuerdo a la evolución del mercado. Esto implicaría por un lado ir disminuyendo progresivamente el beneficio, recuperando recaudación fiscal y/o mejorando las condiciones laborales, como ha sucedido con la minería.

Preocupa que se instituya un modelo de violencia y vandalismo para conseguir mejoras o cambios en nuestra sociedad, enfrentando a los gobiernos y autoridades por encima de la ley. El caos solo beneficia a grupos radicales de izquierda que se han propuesto como gran objetivo cambiar nuestra Constitución, especialmente en su capítulo económico. Su fracasado modelo somete al pueblo afectándolo en su economía individual. Ya empobrecidos, y teniéndolos a su merced, los priva de su libertad de expresión y de muchos de sus derechos, que los convierten en mudos dependientes de una dictadura, que se convierte en el propietario de los recursos de un país, hasta extinguirlos, y la voluntad de un pueblo hasta matarlo de hambre.

Todos los extremos son malos. Mantengámonos vigilantes para no permitir el atropello de nuestros trabajadores, ni de los empresarios. La Constitución no es mala, quizá requiera de enmiendas, pero no debemos permitir que quienes no la hacen respetar, hoy pretendan cambiarla.

Luis Otoya Trelles.
Comunicador con 42 años en la publicidad y el marketing. Columnista de VOX POPULI y DIARIO EXPRESO. He sido: Director de la APAP, Director de United Way International Perú, Presidente del Tribunal de Ética de la SNRTV, Presidente y fundador del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). Director Divisiones Menores de Alianza Lima. Soy una persona libre que persigo mi sueño de contribuir con mi país, He decidido participar activamente en política asumiendo el riesgo de terminar frustrado y salir chamuscado en el intento.

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