Opinión Tomás Marky

Perspectivas: Parecido a la ficción

      Corrían los últimos años del primer lustro de los años noventa cuando un oficial del ejército de alta graduación prestaba servicios en una zona declarada en estado de emergencia y una de las principales tareas que se propuso fue terminar con el narcotráfico que se esforzaba por tener un maridaje siniestro con la subversión todavía con poder en la zona en mención. La colusión con el narcotráfico se daba incluso con miembros de las fuerzas de orden por lo que muchos de sus integrantes fueron denunciados, separados de sus cargos y sometidos a la justicia tanto privativa como a la del fuero común, lamentablemente varios miembros de este último fuero eran sujetos de corrupción y no compartían los mismos objetivos de quienes denunciaban la condenable acción de esta lacra; afortunadamente, el oficial contaba con el apoyo de algunos representantes del Ministerio Público en el desempeño de su labor. Hasta el día de hoy esta zona del país sigue siendo asolada por el narcotráfico y rezagos del viejo terrorismo que envejecen tristemente y se han convertido en cómplices y protectores de esta verdadera pandemia que tanto daño le hace a la humanidad.

      En una de las múltiples operaciones que se hacían en la zona, fue detenida una avioneta que llevaba más de 400 kg de pasta básica de cocaína y, como quiera que hubo fallecidos de por medio, el oficial jefe de la zona de emergencia se trasladó a la zona a efectos de verificar lo acontecido y auxiliar a los heridos vía la acción de un helicóptero.

Se confeccionaron las actas respectivas respecto al contenido de la avioneta y luego, representantes del Ministerio Público se hicieron cargo de las investigaciones del caso.

Al cabo de estas investigaciones, los representantes del Ministerio Público determinaron que el jefe de la base contrasubversiva estaba comprometido con los narcotraficantes de la avioneta de nacionalidad colombiana; los que vendían la droga eran lugareños dedicados a la elaboración de la pasta pues en esa época todavía no era muy común la existencia de laboratorios para la elaboración de cocaína. Cabe resaltar que 13 pistas de aterrizaje como en la que se desarrollaron estos ilícitos penales, habían sido destruidas por lo que se llegó a la conclusión que el personal de la base había acondicionado dicha pista para que la aeronave pueda aterrizar.

El oficial coludido desistió de la operación debido a la acción de patrullaje aéreo que desarrollaba un helicóptero precisamente en esos momentos; sin embargo, los avezados colombianos que ya había cargado la droga se negaron a retirarse sin ella y procedieron a decolar, lo que dio lugar a un enfrentamiento que dejó como resultado un soldado muerto al ser atropellado por la avioneta y otro también por atropellamiento quedó inválido de por vida. Finalmente, los disparos del personal de tropa averiaron la aeronave lo que impidió el decolaje; el oficial montó en cólera e hizo bajar a la fuerza a los tripulantes, es decir, piloto y copiloto y permitió que la tropa mate a golpes al piloto de la nave, el copiloto también fue golpeado pero la llegada del jefe de la zona en un helicóptero impidió que terminen con la vida de este narcotraficante, quien luego de ser atendido de sus heridas, fue denunciado y pasó varios años en la cárcel de la capital provincial. El jefe de la base, también fue denunciado por la muerte del piloto: sin embargo, un juez de la zona archivó definitivamente la denuncia.

El oficial jefe de la base y sus cómplices fueron denunciados y enviados a prisión. El oficial jefe de la zona de emergencia siguió en el ejercicio de sus funciones hasta que por una emergencia fronteriza en el norte del país tuvo que trasladarse, con parte de sus tropas,  hacia la zona en conflicto, permaneciendo durante más de 3 meses en el lugar hasta la firma de un Tratado que restableció la paz en la frontera.

      A su regreso a la zona de emergencia surgió la denuncia de un juez, que tuvo mucho eco en los medios de prensa, en el sentido de que en la avioneta capturada meses atrás existía un millón de dólares y que el jefe de la zona de emergencia se había apoderado de esta importante suma. El juez manifestaba que la información se la había proporcionado el oficial jefe de la base donde meses antes se había capturado la avioneta antes mencionada.

Casi al mismo tiempo, este juez otorgó libertad al jefe de la base, hallado responsable por colusión en la captura de la avioneta y con el dio libertad también a otro oficial de mayor graduación y que se encontraba en prisión denunciado por el jefe de la zona de emergencia.

Los representantes del Ministerio Público archivaron definitivamente la denuncia del juez contra el jefe de la zona de emergencia y los dos oficiales a los que éste había liberado, fueron recapturados y sentenciados a prisión por 10 y 15 años.

      Al cabo de varios años, quien fue jefe de la zona de emergencia, alcanzó la más alta jerarquía de su institución y fue designado jefe de una región del sur del país.

La situación política del país era, en ese entonces, desgarradoramente penosa y estaba signada por la corrupción y el abuso perverso de un conocido personaje de triste recordación y muy allegado a la cumbre del poder y, un buen día, el comandante general del ejército fue relevado de su cargo y varios comandantes de las más importantes regiones del país fueron también relevados de sus cargos, con el consiguiente malestar institucional por el manejo que se hacía en tan importante institución.

      Entre los relevados se encontraba el jefe de la zona de emergencia donde se capturó la avioneta y donde presuntamente había un millón de dólares que, en realidad nunca existió y, y quien luego de comandar una importante región con mando de tropas, pasó a desempeñar un cargo, si bien importante, de escasa relevancia institucional, en ese entonces.

Fue en esas circunstancias que este oficial sin el respeto al debido proceso y luego de varios años, fue notificado que tenía una orden de detención por el caso ocurrido con la avioneta en la zona de emergencia y que había sido archivado definitivamente.

Este oficial fue detenido en un accionar  insólito y maquiavélico; un caso archivado fue trasladado desde una zona de emergencia a la capital de la República, sin que se le comunique nada al imputado para el ejercicio de su legítima defensa. Lo abusivo del caso es que la denuncia la hicieron dos fiscales de dos fiscalías diferentes de la capital y fue hecha el mismo día, es decir algo que se hizo coordinadamente; luego, en un tiempo extrañamente rápido, lo que es inusual en nuestro país, dos jueces de dos juzgados diferentes, ordenaron simultáneamente, es decir el mismo día, la detención del oficial de alta graduación en mención. Nada menos, que una tenaza con una maniobra de dos pinzas, a los efectos de demorar al máximo la acumulación de los casos que correspondían a la misma denuncia.

      El oficial se presentó y dio cara a la justicia sufriendo el maltrato de la toma de manifestaciones de quienes se sienten amparados por el poder y lo expresan a través de sus malos modales; el oficial solicitó a un juez ser recluido en un penal militar en virtud de su condición de oficial en actividad, tener domicilio conocido y haberse presentado por propia voluntad. El juez accedió a lo solicitado pero manifestó que lo iba «»a consultar». Al cabo de un momento regresó sobresaltado manifestando que «de arriba» le habían ordenado que sea recluido en un penal de alta seguridad en un puerto cercano a la capital. Parecía que el poderoso se atrevía a medir fuerzas con quien era su jefe, porque en dicho penal había sido recluido un oficial de alta graduación compañero de promoción del innombrable quien había sido denunciado por el propio mandatario en ejercicio.

      Pasaron varios meses para que el oficial logre la acumulación de las denuncias que eran del mismo caso.

Se le investigó el patrimonio a cargo de la división de investigación financiera de la dirección antidrogas; entidad que luego de varios meses emitió su informe donde se leía «los egresos del oficial investigado, están coherentemente equilibrados con sus ingresos” lo que significaba que su patrimonio era legal.

      Nueve (9) meses después, el representante del Ministerio Público que veía el caso señaló «que no se le encontraba responsabilidad penal al imputado»; el juez de la causa señaló lo mismo; en consecuencia, el oficial fue puesto en libertad. El caso pasó a la Corte Superior de Justicia donde el caso fue archivado definitivamente ordenándose la anulación de los antecedentes que se  habían generado. Un procurador interpuso «recurso de nulidad» y el caso pasó a la Corte Suprema de la República, donde se descartó el recurso de nulidad  confirmándose el archivo definitivo del caso, decisión que permitió al oficial acogerse al principio del NON BIS IN IDEM (No se puede juzgar dos veces por los mismos hechos), es decir el caso tomó «Calidad de cosa juzgada», quedando bajo el amparo, además, de la Constitución Política del Estado.

      Ciertamente, la reputación, la honorabilidad y el buen nombre del oficial de alta graduación quedaron descalabrados por la cobertura que tuvo el caso en los medios de prensa escritos, de radio y televisión; probablemente algunos de estos direccionados por el abusivo poder en esos tiempos, siempre en las sombras y bajo los auspicios de la más condenable perversidad. Lamentablemente, hubo muchos ciudadanos y camaradas de armas del oficial en mención que creyeron, y aún siguen creyendo, en esta suerte de coronado éxito de la infamia, algo que jamás debe repetirse en el país.

      Que fue lo que llevó a este poder siniestro y perverso a infligirle a un oficial inocente semejante agravio?

Fue acaso por venganza debido a las denuncias que hizo el oficial por casos de narcotráfico?

O fue quizá por un indeseado nombramiento de dicho oficial a un cargo importante donde no se le quería?

Vaya uno a saber los insondables designios de una corrupción que envileció a nuestras fuerzas armadas y le hizo tanto daño al país.

Como corolario debemos asumir que con esa justicia jamás saldremos del subdesarrollo, se ejerció en ese entonces y por lo que vemos se sigue ejerciendo en la actualidad; desde luego, con excepciones que honran al sistema de justicia.

      Queremos lo que Aristóteles señaló brillantemente:

«La justicia es la más perfecta de las virtudes morales y, ni el lucero de la mañana ni el de la tarde son más dignos de admiración».

Tomás Teobaldo Marky Montero.
Estudió en la Escuela Militar de Chorrillos, egresando el 01 de Enero de 1965. Pertenece al arma de infantería y es General de división en situación de retiro. Es graduado de la Escuela Superior de Guerra del Ejército y del Centro de Altos Estudios Militares. Fue Jefe Político Militar de Ayacucho, Comandante General de la Tercera y Cuarta Regiones Militares; Inspector General del Ejército y, Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

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