Martín Belaunde Opinión

De la vacuna y otros estropicios

Al inicio de esta segunda encerrona por la pandemia, el Presidente Sagasti ha aprovechado la oportunidad para hacernos varios anuncios que reflejan su patética impotencia como gobernante. Olvidándose que el 5 de enero dijo que su gobierno había comprado el primer lote de un millón de vacunas Sinopharm, para llegar antes del fin de dicho mes,  y que en el curso del primer semestre tendríamos además 37 millones de unidades de esa marca, ahora  anuncia jubilosamente otras compras. Y en su mensaje del domingo 31 soslayó las vacunas chinas. Más bien señala que  está negociando una cantidad indeterminada de vacunas Pfizer y  de otras marcas provenientes de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Me es difícil enunciar un juicio informado sobre estos anuncios. A la población en general igualmente le es muy difícil hacerlo porque ignora lo que pasa al interior  del gobierno y sus motivaciones fundamentales. Sin embargo respecto de la vacuna podemos esbozar algunas condiciones fundamentales que formulo  a continuación:

1.- La vacuna debe estar autorizada en su país de origen por el organismo sanitario competente para utilizarla eficazmente contra el Covid 19. Sin esa mínima condición, su adquisición no  solo sería absurda sino  delictiva. Eso implica un porcentaje de eficacia comprobada no menor del 70% de acuerdo a las pruebas realizadas. En este momento la Digemid no debe replicar la autorización sanitaria extranjera, sino  emplear su capacidad técnica para supervisar la buena aplicación de las vacunas.

2.- El Perú debe disponer  de la logística sanitaria requerida para aplicarla en la mayor parte del territorio nacional. Si carecemos de esa logística, por ejemplo instalaciones de refrigeración de menos 80 grados centígrados como exige la vacuna Pfizer, su aplicación a lo largo de nuestro territorio será problemática.

3.- El contrato internacional de compra-venta  por las vacunas debe cumplir las condiciones mínimas para garantizar que una vez pagadas los importes pactados, el proveedor cumplirá con entregar las unidades estipuladas. Los contratos no deben contener declaraciones unilaterales de buenas intenciones del proveedor. Por el contrario  deben ser instrumentos bilaterales para el cumplimiento del contrato por ambas partes, no solo del comprador estatal peruano. Las condiciones pactadas deben reflejar hasta donde sea posible el viejo dicho peruano: plata en mano, chivato en pampa.

4.- La confidencialidad del contrato no debe impedir que el gobierno en su momento, revele al público  los precios pactados por las vacunas. El secretismo en el precio puede originar graves escándalos de muy diversa naturaleza. Es razonable que en el transcurso de la negociación se cumpla un deber recíproco de confidencialidad, pero luego carece de sentido por la sencilla razón que en el mercado internacional se filtran los precios y el público termina enterándose más temprano que tarde. Con el agravante que es mejor conocer el precio por la vía oficial que a través de rumores y trascendidos con alto grado de información falsa.

5.- Resulta obvio que en el contrato se debe estipular el lugar de entrega, sea en el país de origen o en el país de destino de las vacunas. Los términos FOB, FAS, EXW, CIF, CFR o cualquiera otra modalidad  empleada en el comercio internacional debe reflejar el precio final de adquisición, debiéndose evitar recargos escondidos y subterfugios para que el proveedor eluda sus compromisos de suministro.

6.- El contrato debe regirse por los usos y costumbres del comercio internacional en lo que se refiere a la venta  de mercaderías, porque la vacuna es un bien mueble transferible a terceros con arreglo a los INCOTERMS que son  reconocidos internacionalmente por la inmensa mayoría de los países del mundo.

7.-Debe evitarse el sometimiento a cualquier ley nacional específica porque eso determina que el Estado debe contratar a estudios de abogados del país cuya legislación es aplicable. Eso implica un costo adicional de contratación que encarece la adquisición. Además debilita la posición contractual del Perú y lo somete a contingencias que pueden salir de su control.

8.- El arbitraje internacional conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, es una forma razonable de solución de controversias entre las partes para conflictos derivados de la ejecución e interpretación de los contratos. Implica además un fuero neutral, ampliamente conocido en el mundo, en el cual cada parte podrá designar a un árbitro, siendo presidente de la corte de arbitraje, aquél designado de común acuerdo por ambos como persona ajena a las partes contractuales. Ese presidente   ejercerá un voto dirimente para resolver la controversia. En estos temas no hay fórmula perfecta excepto que las partes deberán actuar de buena fe y conforme a la común intención contractual para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

9.- Se dice con razón que el Perú está a la cola de los compradores en un mercado de vendedores. El productor de las vacunas nos puede decir en palabras o en hechos, que debemos someternos a su voluntad si el gobierno quiere iniciar cuanto antes el proceso de vacunación. Muy cierto. Pero no olvidemos que los diversos laboratorios del mundo también necesitan vender sus productos al mejor precio antes de que ocurra una mayor oferta. Están apareciendo nuevos suministradores de vacunas. Desconocemos lo que pasará en el corto, mediano y largo plazo. La incuria del binomio Vizcarra/Sagasti debilitó nuestra posición comercial y  en este momento somos el lado débil de la ecuación contractual. ¿Por cuánto tiempo? Es la gran incógnita hoy irresuelta.

10.- Finalmente el gobierno peruano debe estudiar a profundidad la promoción de una vacuna nacional, elaborada total o parcialmente en el Perú, pero cuyo vendedor responsable sea una entidad peruana sujeta a las leyes del país. ¿El laboratorio Farvet del científico y empresario  Manolo Fernández cumple esa condición? El gobierno debe disipar esa incógnita. Para eso está Sagasti y compañía con todo su corte de ministros y asesores. Si no lo hace se justifica un cambio de gabinete.

Martín Belaunde Moreyra
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos.  Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.

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