Martín Belaunde Opinión

¿Qué es el impeachment?

El impeachment es una acusación política conforme al Derecho Constitucional Angloamericano, para remover a los funcionarios del gobierno, mediante una acusación por la Cámara Baja ante la Cámara Alta del Parlamento o del Congreso en los casos de graves delitos cometidos por las autoridades en el ejercicio de sus funciones públicas. El impeachment se originó en Inglaterra y de ahí pasó a los Estados Unidos, donde este tipo de proceso acusatorio se ha hecho más famoso internacionalmente. En diversas formas y con arreglo a sus procedimientos constitucionales, también existe en muchos regímenes de Latinoamérica y el Perú.

La Constitución de los Estados Unidos ha previsto el impeachment como una facultad exclusiva de la Cámara de Representantes para acusar ante el Senado al “Presidente, al Vicepresidente y a cualesquiera otros Funcionarios  Civiles y removerlos de sus funciones al ser condenados por Traición, Soborno y otros Crímenes y Faltas”.  La Constitución no define quienes son esos funcionarios civiles ni tampoco tipifica los delitos de Soborno, otros Crímenes Graves y Faltas pero a lo largo de sus 240 y más años de vigencia, tal ausencia de tipicidad no ha sido obstáculo para llevar adelante estos procesos. Sin embargo en otra disposición constitucional se considera como traición hacer la guerra a los Estados Unidos e igualmente ayudar a sus enemigos. Dicho sea paso, hasta ahora ningún presidente ha sido acusado de traición. Para ese efecto los cargos deben estar formal y específicamente detallados en la acusación, la cual debe ser votada por mayoría simple en la Cámara de Representantes para el enjuiciamiento ante el Senado de las personas acusadas.

El Senado a su vez tiene la facultad exclusiva de juzgar el impeachment, para cuyo efecto  deberá reunirse en pleno, estando sus integrantes obligados a prestar juramento. Cuando se juzga al Presidente de los Estados Unidos el Chief Justice (Presidente) de la Corte Suprema conducirá el juicio. Para condenar a cualquier acusado se requiere una votación de los dos tercios del Senado, en otras palabras un mínimo de 67 votos. El objeto del impeachment es la remoción del Presidente, Vice Presidente y de los funcionarios civiles acusados. En este segundo impeachment el Chief Justice Roberts (Presidente de la Corte Suprema) ha declinado conducirlo sin expresar ninguna razón.

En el curso de la  historia norteamericana por la regla del precedente, el impeachment  se ha extendido a los integrantes del Poder Judicial  así como a los senadores y representantes del Congreso. Los funcionarios civiles del Poder Ejecutivo deben tener un rango mínimo, debiendo ser Secretarios (Ministros) a cargo de algún Departamento (Ministerio) o jefes de alguna agencia federal. La sentencia  condenatoria del impeachment no puede extenderse más allá de la remoción del cargo y  la persona condenada podrá estar impedida  para ejercer cualquier otra función en los Estados Unidos.

Sin embargo nada impide que sean acusados por esos mismos cargos ante tribunales de los Estados Unidos porque la sentencia senatorial del impeachment no tiene carácter penal. De conformidad a una regla establecida por el Senado, la posterior sanción de impedimento para ejercer cualquier cargo público puede ser votada mediante mayoría simple o también no votada. Por lo tanto se le considera una sanción adicional consecuente o accesoria de la primera.

En el curso de la historia solo tres presidentes de los Estados Unidos han sido objeto de impeachment, Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Donald Trump en el 2019 y ninguno fue condenado. El segundo impeachment contra él después  del 20 de enero del 2021 cuando ya no es presidente, ha despertado la interrogante de su pertinencia, por cuanto en el supuesto de ser condenado la sentencia carecería de objeto, o mejor dicho su incumplimiento devendría en imposible por la obvia razón de que ya no es presidente. Conforme a nuestro Tribunal Constitucional se produciría una sustracción de la materia. Ello no obstante se esgrime que en un caso del siglo XIX, un funcionario acusado con de rango de Secretario de Guerra (Ministro), fue juzgado después de haber cesado en su cargo, pero no fue condenado.

Los partidarios de dicha acción sostienen que se justifica legal y moralmente  aplicar la posterior sanción de impedimento, como justa retribución a su intento de provocar un golpe de estado para impedir la sucesión constitucional. En mi opinión ese razonamiento, en el mejor de los casos, tiene más un carácter ético que propiamente jurídico y también podría ser considerado como  resultado de una pasión política, siempre yacente en la lucha por  el poder. El autor de este artículo considera que no es dable acusar en el caso de impeachment al expresidente Trump, precisamente, porque  dejó de serlo. Eso no impide que se le investigue y acuse por sus actos como presidente en otros fueros, aplicándosele la sanción de no ejercer ningún futuro cargo, en la eventualidad que exista una ley en ese sentido.

No cabe duda que las discusiones en torno al segundo impeachment de Trump continuarán por un largo tiempo hasta que el Senado tome la decisión que corresponda, con los votos requeridos por la Constitución para aprobarla o  desaprobarla. Ahora parece difícil que se obtengan los 67 votos necesarios para que el impeachment prospere. Sin embargo esa situación podría cambiar en el futuro, particularmente si la alta dirigencia del Partido Republicano estima conveniente sacrificar a Trump para salvar al partido de sus condenables acciones del 6 de enero último. De otro lado los millones de partidarios leales a Trump que lo apoyaron en su inmensa pero insuficiente votación, podrían forzar una actitud distinta de los senadores y representantes republicanos. O lo que podría ser peor, animar a Trump a fundar un tercer partido. Me temo, por consiguiente, utilizando una reiterada frase de un programa de la televisión, que nada está dicho…todavía.

Martín Belaunde Moreyra
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos.  Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.

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