Desde hace un año la rutina diaria en la vida de los peruanos es la misma: luego de una reunión del Consejo de Ministros de la que no se conoce nada, el presidente, la primera ministra, la ministra de Salud (hoy ministro), acompañados de algunos funcionarios, se presentan frente a las cámaras y declaran las medidas a tomar o grandes anuncios (horario de toque de queda, comercios autorizados, itinerario de la llegada de la vacuna desde China, etc.), como respuesta a la gran crisis sanitaria.
Al lado de ministros y viceministros, formando parte del entorno presidencial, está un consejo científico, compuesto por investigadores y médicos (algunos reputados y otros no tanto), que dictaminan sobre el estado de la pandemia y las medidas específicas para combatirla. En la práctica, esta élite burocrática y médico-científica han asumido las competencias de los organismos y establecimientos públicos sanitarios, inspirada en una organización militar que permitiría, según sus defensores, tener una capacidad de acción eficaz y rápida del Estado.
De esta manera, la crisis sanitaria ha hecho realidad el sueño de cualquier gobernante burócrata y tecnócrata, concentrar el poder en su persona y en su círculo de amigos y allegados. Apelando a la urgencia pandémica, el Ejecutivo ha cortado de forma drástica el encadenamiento de la toma de decisiones, sin reuniones interministeriales, marginando a las autoridades e instituciones sanitarias, sin escuchar las recomendaciones de los grupos profesionales y rechazando la ayuda de las asociaciones empresariales. Sin un contrapeso de parte del Congreso que ha abdicado de su función fiscalizadora, la toma de decisiones presidenciales está envuelta en una atmósfera de reserva y secretismo. Las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones (de la prensa, principalmente), aunque no se conozca por qué se adoptan, cómo se ejecuta, ni adónde nos dirigimos.
Sin embargo, lo que gana el poder presidencial al liberar sus decisiones del dictamen de los sectores gubernamentales y la opinión informada de la academia o la empresa, se pierde en el proceso de la implementación y la gestión operativa. Por ejemplo, tras los comunicados desde Palacio acerca de la instalación de miles de camas UCI, de la firma de contratos para la compra de millones de vacunas, de la importación de balones de oxígeno desde Chile o el inicio de las pruebas con las vacunas Sinopharm, entre otros grandes anuncios, los actores llamados para su cumplimiento: los médicos intensivistas, los médicos hospitalarios, las enfermeras y los técnicos en sanidad deben transformar la palabra presidencial en hechos. Sin embargo, se carece de personal, equipos y materiales indispensables para atender a los miles de peruanos que se mueren en las puertas de los hospitales, postas médicas y centros de salud por la enfermedad y la falta de oxígeno.
Los dos recientes presidentes han surgido de la improvisación política, luego de dos vacancias sucesivas. Ambos gobernantes al no contar con un partido sólido y de densas redes políticas y de profesionales con probada gestión en el sector público o privado, han confiado en la verosimilitud de la información y la ´lealtad´ de los miembros de su entorno, sean ministros, viceministros, científicos o médicos, para la toma de sus decisiones.
En este escenario de una concentración silenciosa del poder en la presidencia y su entorno, hoy se descubre el caso vacunagate que revela la corrupción en el tráfico de las vacunas. Es inaceptable la inmoralidad y la traición a la confianza del pueblo por parte del expresidente Vizcarra y su entorno, así como de altos funcionarios del gabinete del presidente Sagasti, que aprovechándose del cargo público se han beneficiado con la vacuna. Si las instituciones tutelares del sistema democrático como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el mismo Poder Ejecutivo no adoptan las medidas que correspondan para investigar y castigar a los responsables de este secular drama nacional, se corre el riesgo de elegir en abril a un presidente que con el pretexto de la pandemia adopte medidas autocráticas, afirme de que está al servicio de todas y de todos, y mantenga viva la corrupción del bicentenario.
José Valdizán Ayala.
Historiador, investigador y docente universitario. Autor de obras de su especialidad, en particular en historia económica republicana. Fue Subjefe del Archivo General de la Nación, director del Fondo Editorial, la Biblioteca Central y Estudios Generales de la Universidad de Lima. Se ha dedicado a la docencia, la investigación y la edición de publicaciones académicas de importantes universidades del país por más de cuatro décadas. Actualmente se desempeña como profesor principal de la Escuela Profesional de Historia de la UNMSM y director del Fondo Editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola.
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