Martín Belaunde Opinión

De Vizcarra y algunos malandrines

En momentos de un verano soleado pero triste, cuando la muerte ronda la esquina, el ex presidente Vizcarra le ha dado al Perú una muestra humana del perfecto sinvergüenza. Después de alardear que no compró las vacunas porque la vacancia se lo impidió, no le quedó más remedio que admitir que se vacunó en secreto como parte del programa de investigación. Todas estas afirmaciones han sido desvirtuadas por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el cual se indica que él no fue parte del grupo voluntario al que se le inoculó las vacunas Sinopharm. Resulta ridículo además, que si en efecto él era un voluntario, lo cual conllevaba un riesgo controlado, incluyera a su esposa y hermano. Perfecto caso de ponerse a buen recaudo mientras el Perú se va al diablo.

También surgió el caso de la ex canciller Astete,  quien adujo  “no poder darse dar el lujo de caer enferma mientras negociaba la adquisición de la vacuna Sinopharm”. Endeble mendacidad para usufructuar un privilegio indebido, ya que la  negociación con los representantes de la vacuna, no representaba riesgo.  Por lo menos a diferencia de la ex ministra Pilar Mazzetti, no tuvo la indecencia de afirmar que sería la última en vacunarse. Sorprende por qué la ciudadana Mazzetti pretendió ser una heroína cívica, al afirmar que ella sería la última en vacunarse. Terrible mentira.

El problema ahora radica si la abismal falta ética también tiene un carácter penal. La Fiscal de la Nación, conocida por sus vínculos de amistad con Vizcarra, le ha iniciado una investigación preliminar por presuntos delitos cometidos en  el ejercicio de la función presidencial. ¿Podría decirse que Vizcarra fue comprado por una vacuna? El precio a primera vista parecería muy barato. Tendría que haber algo más para que tenga consistencia económica y despierte la sospecha de un delito. ¿La vacunación del ex presidente Vizcarra, su esposa y hermano podría ser considerada la punta del iceberg de una negociación de compra frustrada por su vacancia? Debe investigarse para dilucidar si en efecto las negociaciones de compra de otras vacunas fueron postergadas, para que el Perú  adquiriese únicamente las vacunas Sinopharm a un precio muy superior de las demás. En este caso no estaríamos frente a un delito consumado, sino  ante una intención delictiva interrumpida por fuerza mayor.

Las revelaciones generan  la impresión que en los círculos de influencia del gobierno y también en algunos sectores privados hubo un verdadero festín en la secreta inoculación de las vacunas Sinopharm. Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud están  representados en este ágape de egoísmo, pero no solo ellos, también  médicos  vinculados al sector de salud, los rectores de San Marcos y Cayetano Heredia y  funcionarios de esta última universidad comenzando por su Vicerrector y también por el Dr. Germán Málaga  a cargo del proyecto. Además muchas personas privadas, sin justificación para recibir las vacunas, excepto su cercanía familiar o laboral con algunas autoridades cercanas al proyecto o funcionarios gubernamentales.

Entonces, ¿qué hacer? El Ministerio Público debe investigar la situación de todas las personas indebidamente vacunadas, pero con  especial énfasis en los funcionarios públicos vacunados sin la justificación de tratar a personas contagiados o de alto riesgo. Dentro de la lista de 487 vacunados, si fuere real, debemos eliminar al personal de Cayetano Heredia que estaba a cargo de las inoculaciones de prueba por estar expuestas al contagio. ¿Eso excluye al ahora célebre Dr. Germán Málaga? Me temo que no, su gestión a cargo del proyecto y de la disposición de las vacunas debe ser investigada a profundidad. El menor de los cargos sería haber facilitado la vacunación del ex Presidente Vizcarra, de su esposa y hermano porque en este caso podría alegar  que fue presionado por el entonces jefe de Estado. La responsabilidad radica en haber dispuesto, sin justificación, de  una enorme cantidad de vacunas en beneficio de personas que no estaba expuestas a ningún riesgo, lo cual podría incluir hasta su propia hija residente en el exterior. También debe investigarse si  en algunos casos se vendieron las vacunas al mejor postor. Grave responsabilidad considerando que tenía la condición de funcionario público al haber cobrado honorarios al Estado.

Una medida sugerida por algunos es que al amparo del artículo 100 de la Constitución, se inhabilite en el ejercicio de la función pública a los funcionarios involucrados en las vacunaciones ilícitas. Esta inhabilitación comprendería al ex presidente Vizcarra, a las ex ministras Astete y Mazzetti así como a todas aquellas personas involucradas en el festín de las 487 o más vacunaciones indebidas. Sin embargo, debemos considerar que esto involucra un procedimiento regulado en el Reglamento del Congreso y quizás no haya tiempo suficiente para terminarlo antes de las elecciones para alcanzar a Vizcarra. Quizás podría ser iniciado y culminado antes del 28 de julio del 2021 y si no se pudiere, que el próximo Congreso lo retome. Algo debemos tener claro en estos graves momentos. No debe haber crimen sin castigo en homenaje a los caídos por el COVID 19.

Martín Belaunde Moreyra
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos.  Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.

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