Opinión

Necesidad de autorizar a privados la compra de vacunas

Desde el inicio de la pandemia en el país, ha sido notoria la colaboración del sector privado al Poder Ejecutivo para combatir esta crisis, empresas como Ferreycorp, Antamina, Intercorp, Southern, entre otras, vienen apoyando con recursos económicos y logísticos en la lucha contra la COVID-19 en consonancia con lo que ocurre en gran parte del resto del mundo. El apoyo del sector privado en el desarrollo de los países occidentales ha sido significativo desde el siglo XX, y en el Perú no ha sido la excepción. El notable politólogo de la Universidad de Oxford James Q. Wilson, ya había explicado en su libro Bureaucracy, por qué el Estado no puede ser más eficiente que los privados; sin embargo, en nuestro país la ineficiencia estatal alcanza niveles alarmantes.

                            Estados de la región como Chile, Argentina y Costa Rica empezaron su proceso de vacunación de manera temprana, y con magníficos resultados. Solo Chile, a la fecha de la redacción del presente artículo, ya superó los dos millones de vacunados. En el Perú, un país de renta medio alta, con indicadores macroeconómicos sólidos, recién se inició la vacunación el pasado 8 de febrero por la conocida demora en el arribo de las vacunas chinas de Sinopharm al territorio nacional.

                            A la dramática situación de la pandemia en el Perú, cuyo número de contagiados asciende a 1´275,899 personas, y de fallecidos a 44,877, con una letalidad del 3.52% según el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, cifras al 20 de febrero de 2021; se suma la precariedad de los servicios de atención de salud, y la carencia de oxígeno.  Según informes oficiales de las agencias nacionales de salud, los distintos Estados ya habían comprado por adelantado más de 10 mil millones de vacunas en el mes de diciembre pasado, sabiéndose conforme han informado los expertos que para lograr el control de la pandemia se requiere inmunizar al 90% de la población y de esta manera poder asegurar la inmunidad del rebaño. En el Perú, lamentablemente, estamos muy lejos de inmunizar a 22 millones de habitantes, que es la meta estatal trazada. Tenemos un ritmo de vacunación de solo 0.04% personas por día, cifra insuficiente para alcanzar el objetivo antes mencionado.

                            Dadas las circunstancias, la apertura del gobierno a los privados es necesaria para garantizar los derechos a la vida y la salud de los ciudadanos. Más aun si tomamos en cuenta que la Constitución Política señala en su artículo 58, que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. “Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”. El Poder Ejecutivo entonces orienta; pero no puede asumir un monopolio sobre las vacunas.

                            En ese sentido, garantizar una auténtica protección y defensa de la persona es una función que el Estado debe asumir sin monopolizar un mercado, puesto que dicha concentración hace mella de forma directa en derechos humanos superiores y anteriores a su creación. Sobre estos, el Tribunal Constitucional ha sido claro en reconocer el carácter fundamental del derecho a la salud, no solo para preservar la propia vida en condiciones dignas, sino para maximizar su protección como condición para el ejercicio pleno y real de la autonomía personal.

                            Por otro lado, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, contempla dos principios relevantes: el de prevención y el de cooperación. El deber de prevención de los riesgos laborales es una obligación a cargo del empleador, la misma que en el contexto de la pandemia, adquiere mayor trascendencia y prioridad. Actualmente, al interior de las empresas y demás instituciones privadas se han venido adoptando una serie de mecanismos para resguardar la salud y seguridad de los trabajadores en atención a las disposiciones en materia de bioseguridad emitidas por el gobierno. En esa línea, la adquisición de vacunas y su distribución para los trabajadores de las empresas y de las universidades privadas que las compren, colaboraría en la materialización de este deber, en atención también al principio de cooperación, puesto que el Estado se beneficiaría con ello, ya que contaría con la posibilidad de que miles de trabajadores, en especial los que se encuentran más expuestos al contagio del virus por la naturaleza del trabajo que realizan, serían inmunizados de forma más expeditiva.

                            Así, esta posición monopólica promovida por el gobierno carece de sustento legal, y violenta derechos fundamentales como el de la salud y el derecho a la vida consagrados en la Constitución Política del Perú. El referido texto señala expresamente en el artículo 7° que “todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”. Recordando una expresión idiomática del gran Lope de Vega, podemos decir que el gobierno pretende “ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer”. No lo permitamos.

Jorge Juan Martín Valencia Corominas.
Especialista en temas de gestión de proyectos. Desarrolló proyectos de Acceso a la Justicia con Radda Barnen de Suecia, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue defensor de la infancia en la Defensoría del Pueblo y Director de Investigación en el Instituto Tecnológico de la Producción. Magister en Ciencias Políticas por la PUCP y Magister en Familia por la Universidad de Barcelona. Dedicado a la docencia e investigación universitaria. Es profesor en la Universidad de Lima, y regidor municipal en el distrito de San Borja y presidente de Cediaf.

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