Martín Belaunde Opinión

El canon para que los más pobres dejen de serlo

La propuesta de Keiko  para distribuir entre el pueblo de las regiones el 40% del canon ha causado gran revuelo, particularmente dentro de Perú Libre que hasta ahora, por boca de Vladimir Cerrón, solo atinó a decir que es una “estupidez”. Al margen de ese comentario la propuesta enuncia una política trazada en sus líneas maestras, cuyo contenido debe ser objeto de una ley orgánica en la eventualidad que el próximo 6 de junio Keiko gane la elección. Para beneficio de las personas que no conozcan la institución del canon, este consiste en la distribución del 50% del Impuesto la Renta que pagan las empresas que explotan diversos recursos naturales. Las actividades comprendidas dentro del canon son las siguientes: hidrocarburos lo cual incluye al petróleo y al gas, la minería en general, la pesca, la actividad forestal y los recursos hidroenergéticos. En  el caso del Callao se incluye una participación de los ingresos aduaneros cobrados en dicho puerto.

Conforme a las múltiples leyes que regulan la distribución del canon en sus respectivas regiones, su importe se asigna en un 10% a los municipios  distritales donde se explotan los recursos, un 25% a los municipios provinciales de esa explotación, un 40% a los municipios del departamento de la explotación  y finalmente un 25% a los gobiernos regionales correspondientes que retienen un 80% de ese importe y el 20% restante lo derivan a las universidades estatales de la región. Estos porcentajes de asignación hasta ahora se distribuyen conforme a indicadores de pobreza señalados por el INEI en los que se incide en necesidades básicas insatisfechas como también en el déficit de infraestructura. De acuerdo a las normas vigentes, el canon debe utilizarse para el financiamiento de los proyectos de inversión pública destinados a prestar servicios públicos de acceso universal en beneficio de las poblaciones de la región.

Si prospera el cambio sugerido por Keiko y un 40% del canon se distribuye dentro del pueblo será necesario tomar algunas decisiones adicionales para su  ejecución. ¿Se mantendría la asignación de los porcentajes entre los distritos, provincias y el gobierno regional? No, porque si se va a entregar el dinero a los ciudadanos residentes en las regiones, carecería  de sentido hacer esa división, dado que el dinero ya no iría a los gobiernos locales y regionales sino directamente al bolsillo de las personas. Los porcentajes legales en todo caso serían aplicables respecto del 60% restante. La otra interrogante recae si también para la distribución entre los residentes se aplicarían los índices de pobreza del INEI. En este caso la respuesta también sería negativa, porque no se puede discriminar a nadie por razón de su mayor o menor pobreza. Entonces  a cada uno de los residentes le tocaría exactamente la misma suma mediante un cheque girado por el gobierno central. Finalmente hay una tercera cuestión. ¿Qué requisitos deben establecerse para acreditar residencia en la región? Aquí habrá que diseñar un sistema en virtud del cual los beneficiarios acrediten con algún certificado domiciliario, un  mínimo de residencia en la región, que podría ser de un año como mínimo a tres como máximo.

¿Cuál es la razón profunda del cambio propuesto por Keiko? Obedece a la percepción que las enormes sumas distribuidos en concepto del canon en lo que va del presente siglo XXI, no han generado un beneficio real para las poblaciones donde se realizan las actividades productivas. Entre los años 2001 al 2010 el canon produjo cerca de S/24,000 millones de soles. En el período del 2011 al 2020 S/ 76,000 millones de soles, vale decir en las primera dos décadas del siglo XXI una suma del orden de los S/ 100,000 millones de soles.

¿Cuánto de esa gigantesca distribución ha beneficiado a los ciudadanos de las regiones? Nada o muy poco. Habrá servido para algunas obras públicas, pero fundamentalmente para pagar las abultadas planillas de los gobiernos regionales y locales  y asimismo para que ciertos alcaldes, gobernadores, consejeros regionales y regidores se llenen de dinero los bolsillos. Ese sistema tiene que cambiar. Nunca más los gobernadores y otros de similar pelaje medren con el patrimonio del Perú. Que el pueblo de las regiones, particularmente de los distritos más pobres, gocen del cuerno de la abundancia y que los antimineros pasen al olvido como una especie en extinción.

Martín Belaunde Moreyra
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos.  Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.

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