Isabel Manrique Opinión

No es un voto a favor de un candidato, sino de un sistema

Estando cada vez más próxima la fecha de las elecciones presidenciales, se incrementa también la tensión entre aquellos que defienden a tal o cual candidato.

Nos encontramos, pues, frente a las dos opciones más radicales del catálogo de candidatos de la primera vuelta electoral; resultado que, quien escribe se atreve a dedudicar, se debe precisamente a ello: la polarización que generan y representan.

La velocidad del internet y las redes sociales son muchas veces más fuertes que la misma verdad, transcurren todo el tiempo y por todos lados los llamados fake news sobre ambos candidatos. En ese escenario, lo real sobre las propuestas programáticas de cada uno caen en el saco de la incertidumbre y lo secundario, pues el análisis se reduce a la preferencia por el candidato presidencial que menos repudio genere en los ciudadanos.

De un lado, está Keiko Fujimori Higuchi, por el partido político Fuerza Popular, quien carga la pesada mochila del pasado de su padre, Alberto Fujimori, cuyo gobierno fue convertido en una dictadura y que, además, es acusado de graves delitos por corrupción y violación de derechos humanos. Carga que ella misma ha incrementado con la postura obstruccionista asumida por su bancada bajo su dirección, mayoría parlamentaria del pasado congreso disuelto; así como por las investigaciones por lavado de activos que se le siguen y que ya la han llevado presa hasta en dos oportunidades a través de  prisiones preventivas.

Por el otro, está Pedro Castillo Terrones, candidato por Perú Libre; partido político que se reconoce como marxista-leninista-mariateguista (ideología del comunismo), y que; sin embargo, niega ser comunista. El secretario general y fundador del partido es nada más que Vladimir Cerrón, ex gobernador regional de Junín sentenciado por corrupción e inhabilitado para ejercer la función pública. Hasta el momento, las presentaciones del candidato presidencial se han caracterizado por sus propuestas gaseosas y la ausencia de un equipo técnico sólido, sumado al ataque continuo a instituciones elementales en nuestro sistema democrático como el Congreso de la República, Defensoría del Pueblo y Tribunal Constitucional.

En común, ambos están terminando la campaña en una competencia absurda de propuestas populistas, con una inmensa desconfianza de la ciudadanía que (des)califica la moralidad de uno y otro, premiando finalmente a alguno de ser el mal menor o decidiendo por anular su voto.

No obstante, hay un factor más que debe evaluarse y que simplifica en gran medida el escenario;  y es el sistema que cada uno de ellos representa. Si bien es cierto que, en ambos casos no existen garantías del cumplimiento de sus promesas electorales, también es cierto que uno ha prometido la defensa del modelo económico, esto es, de la libertad, la propiedad privada y el libre mercado; mientras que el otro, lo ha hecho proclamando la intervención del estado “fuera y dentro del hogar” y sin lograr deslindar de la presencia de quienes han defendido y compartido ideas de la “violencia revolucionaria” que atacó a nuestro país en décadas pasadas. Y distinguir esto es elemental.

Lo cierto y probado con cifras es que el modelo económico funciona, no es perfecto, tiene defectos, pero funciona; y rescató al Perú de ser la paria de América Latina. De acuerdo al INEI, en los últimos 20 años, se ha logrado reducir la pobreza, ensanchar la clase media y mejorar la igualdad de ingresos. Avances importantes pero aún insuficientes, y que deben seguir mejorando. Pero afirmar que cambiando el modelo se solucionarán los problemas del país es absolutamente falso. Aquellas voces que gritan que es necesario tener una nueva Constitución para lograrlo mienten.

Y mienten también cuando dicen que por este camino se combatirá mejor la corrupción. Se debe tener claro que eso solo será posible a través de políticas de estado sólidas y sanciones que se regulan a través del Código Penal, no de la Constitución. Las constituciones recogen disposiciones abiertas y principistas, resolver el problema de las desigualdades en nuestro país parte por poner en el centro de todo a la persona humana.

Han creado la fantasía de que a través de una nueva carta magna podrán garantizarse más derechos como a la educación gratuita, a la seguridad social, a la salud, entre otros; cuando estos ya se encuentran reconocidos y su inaccesibilidad se debe al deficiente sistema de gestión pública, no a las normas constitucionales. Como un dato adicional, cabe hacer notar que, actualmente, la Constitución venezolana se encuentra entre las que reconoce la mayor cantidad de derechos en el mundo, y está de más señalar cómo gozan de esos derechos sus ciudadanos.

La otra opción, propone un sistema a la luz de las ideologías de izquierda que antes ya han fracasado en nuestro país y en el mundo. Curiosamente, los países que respaldan esta candidatura son, al menos en el vecindario, Venezuela y Cuba, caracterizados por sus dictaduras y, consecuentemente, constantes acusaciones de violaciones de derechos humanos.

Lamentablemente, ambos candidatos son los peores representantes incluso del sistema que acogen en sus propuestas, pero son las opciones que la democracia nos ha dejado y debemos respetarla. Quien escribe votará defendiendo no a un candidato o a un partido, sino a los principios de la libertad, la propiedad y el libre mercado, que a su vez son condiciones de un sistema que permite seguir fortaleciendo nuestra débil democracia.

Finalmente, el voto de cada ciudadano vale lo mismo, su democrática elección no lo convierte en mejor persona, pero el respeto y la toleración sobre la elección ajena, sí.

Isabel Manrique.
Abogada. Fundadora del Círculo Académico “Paideia” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNASAM. Directora de Formación Juvenil, miembro del Consejo de Redacción de la Revista Testimonio y colaboradora de la Revista Pensamiento Social, del Instituto de Estudios Social Cristianos. Egresada de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE. Becaria del programa Emerging Leadears en Washington DC de la Embajada de E.E.U.U. en Perú; y del programa de Formación Política de la Fundación Konrad Adenauer.

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