Luis Miguel Iglesias Opinión

Intereses bajo control: Nuevas facultades para la Contraloría

El pasado 23 de junio, el Congreso dio un importante paso a favor de la lucha anticorrupción al publicar la Ley 31277, que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir, sistematizar y ejercer el control, fiscalización y sanción, respecto a la Declaración Jurada de Intereses (DJI) de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.

A pesar de que el proyecto contaba ya con dictamen favorable desde el 14 de abril, luego de levantar las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo al proyecto inicial, el contexto electoral llevó a que la norma demore en pasar nuevamente al Pleno.

Por suerte, pese al contexto de polarización política y conflicto social que reina en el país, los congresistas de diferentes bancadas le dieron luz verde a la nueva ley, llamada a convertirse en uno de los pilares de la labor de control de la Contraloría General de la República sobre la administración pública.

El sentido de la nueva norma queda en claro desde su primer artículo, al disponer expresamente que las declaraciones juradas de intereses dejan de estar a cargo de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM -al derogar el Decreto de Urgencia 020-2019-, siendo obligatorio para todos los servidores públicos, sin excepción, presentarla directamente al Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflictos de Intereses de la Contraloría General de la República.  

Es importante indicar, que esta disposición legal garantizará una mayor autonomía e independencia en el control, fiscalización y sanción de la DJI, de conformidad con el artículo 82º de la Constitución y de los principios constitucionales de lucha contra la corrupción, transparencia y buenas prácticas de integridad, en la gestión pública del país.

En este marco, la norma faculta a la CGR a controlar, revisar, publicitar, fiscalizar, prevenir, mitigar y sancionar todo lo relativo a la DJI, a partir de la información que le sea remitida por las oficinas de recursos humanos y de logística de cada entidad pública, sobre las listas de servidores obligados a la presentación de este instrumento, lista que ha sido ampliada y precisada en el artículo 3º de la Ley 31277, incluyendo a prácticamente todos los funcionarios y servidores públicos que ejercen labores en el Estado.

Todo lo cual, sin duda alguna, hace una importante diferencia respecto al D.U. 020-2019, dispositivo que solo otorgaba funciones de publicidad, pero sin mayor capacidad de control.

Por otro lado, la nueva ley amplía también el contenido de la DJI, de modo tal que ésta debe contener información referida no solo al declarante sino también a su cónyuge o conviviente, así como sobre las actividades que desarrollen o hayan desarrollado los obligados en el exterior, lo que permite que la identificación de presuntos conflictos de intereses sea más integral y con mayores elementos de análisis y sistematización usando las herramientas disponibles de gestión de “big data” por parte de la Contraloría, especialmente considerando que muchas veces los actos de corrupción y de la inconducta funcional se realicen a través de terceros o del traslado de fondos fuera del país.

Un tercer avance a resaltar es que la norma obliga a presentar la DJI no solo a funcionarios o servidores que ya vienen laborando en el Estado, sino también a quienes postulan o van a ser designados en ciertos cargos relevantes para el Estado, incluyendo a todo candidato a cargo de elección popular; así como candidatos a miembros del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional del Justicia; candidatos a Defensor del Pueblo y Contralor General de la República; a  ministros y viceministros de Estado; al Presidente y Director del Banco Central de Reserva; al jefe del RENIEC o la ONPE; al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y sus superintendentes; al Presidente y directores de Indecopi y de los organismos reguladores; al Superintendente Nacional de Registros Públicos y sus adjuntos; al Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y sus adjuntos; a Jueces y Fiscales de todos los niveles, incluyendo a los supernumerarios, e incluso a otros que establezca el reglamento respectivo.

De esta manera, el control de los posibles conflictos de interés no solo tendrá un carácter posterior, como viene siendo hasta ahora, sino ahora también con carácter preventivo, lo cual es un avance central para evitar que personas que hayan incurrido o de las cuales se sospeche una inconducta funcional previa y hechos de corrupción, lleguen a ejercer un cargo público con decisión sobre recursos del Estado.

Este control preventivo se refuerza además en el artículo 9º de dicha ley, el cual faculta a la CGR para promover, en coordinación con las oficinas de integridad institucional o las que hagan sus veces, acciones para la prevención y mitigación de los conflictos de intereses.

Así, la nueva norma precisa que los procedimientos de revisión y fiscalización de la DJI tendrá por objeto determinar si los intereses declarados por el sujeto obligado son compatibles con el ejercicio de sus funciones, pudiendo ejercer los servicios de control y otros relacionados que correspondan, para la identificación de responsabilidades administrativas, civiles y penales conforme a las normas vigentes aplicables.

Para ejercer esta labor, se hace hincapié en la necesidad de una mayor interoperabilidad entre la CGR con las entidades públicas y privadas, a fin de tener acceso a la información o base de datos actualizadas que administre, recabe, sistematice, cree o posea cada entidad.

Como puede apreciarse, la Ley 31277 contiene disposiciones sumamente importantes dirigidas a fortalecer la labor de control de la CGR, las que se suman a las facultades que ya tiene respecto de otros instrumentos similares, como son las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (DJIBR), regulada a través de la Ley 27482, en consonancia con los artículos 40º y 41º de la Constitución.

En conclusión, la norma que comentamos fortalece la labor de control de la CGR en su tenaz lucha contra la corrupción y la inconducta funcional y como bien lo ha reiterado públicamente el Contralor General de la República, se convierte en un instrumento más que coadyuva a fortalecer la institucionalidad democrática del país, en la esperanza ciudadana del bien común y el bienestar de nuestros ciudadanos. Ese es el reto.

Luis Miguel Iglesias.
Abogado y Doctor en Derecho. Comprometido en construir un sistema de justicia democrática, eficiente que fortalezca la convivencia social.

8 comments on “Intereses bajo control: Nuevas facultades para la Contraloría

  1. Emerson Rucoba

    Excelente artículo, lo que nos permite tener claro el espíritu de la Ley y el rol fundamental que cumple la Contraloría General… buena iniciativa.

  2. Tomás Tello

    En efecto la publicación de la Ley n.° 31277 fortalece la labor de control de la CGR, sobre todo en la actual coyuntura en que resulta de vital importancia identificar oportunamente un posible conflicto de intereses de los funcionarios y servidores que ya vienen trabajando en el Estado a través del control posterior, así como de aquellos que son propuestos para ocupar cargos importantes en el aparato estatal, mediante un control preventivo. La experiencia en provincias mostraba que la Ley n.° 27482 necesitaba de un instrumento que complemente su alcance, coadyuvando así con el bienestar de la población.

  3. Roy Vera Chung

    Intersante artículo donde dilucida la importante labor de la CGR aplicando el control preventivo. Excelente trabajo de la alta dirección. Un gran logro institucional que permitirá transparencia de los funcionarios.

  4. Christian Omar Ampuero Gonzalez

    Excelentes noticias, las nuevas atribuciones a la Contraloría permitirán seguir avanzado en la lucha contra la corrupción y fortalecer la gestión de autoridades probas.

  5. Jessica Bravo Silva

    En hora buena. La Contraloría es la llamada a ejercer el control de toda información de los funcionarios y servidores públicos. Solamente así se podrá determinar a través del cruce de información data relevante sobre posibles conflictos en la gestión.

  6. Carlos Zavala

    Muy buena noticia. Excelente artículo de opinión acerca del rescate de instrumento que permitirá determinar si los intereses declarados por el declarante son compatibles con el ejercicio de sus funciones, pudiendo la CGR ejercer los servicios de control, para la identificación de responsabilidades administrativas, civiles y penales en el funcionario.

  7. Javier Chapilliquen

    Excelente artículo, La disposición de la Inteligencia Artificial y el uso del Big Data, para analizar e interpretar datos y tomar las mejores decisiones, son herramientas importantes para CGR.

  8. Óscar Zafra

    Muy buena información compartida, con la finalidad de contribuir con la transparencia y las buenas prácticas en la gestión pública.
    Felicitaciones doctor Luis Miguel.

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