Luis Miguel Iglesias Opinión

Restableciendo la capacidad sancionadora de la Contraloria

El viernes 02 de julio, de manera sorpresiva, el Ejecutivo observó la autógrafa de la Ley que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y que establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 21 de mayo y remitida para su promulgación el 10 de junio último. De este modo, se frustró la posibilidad de que la Contraloría recupere su capacidad sancionadora y mantenga su liderazgo en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional en el país.

Como se recuerda, mediante sentencia N°00020-2015-PI/TC publicada en abril del 2019, el Tribunal Constitucional (TC) prácticamente suprimió las facultades sancionadoras de la Contraloría al declarar inconstitucional el artículo 46º de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que tipificaba las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional. Así, suspendió los procedimientos en trámite y brindando impunidad a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos que habían incurrido en casos de corrupción, muchos de ellos de gravedad.

A pesar de las nefastas consecuencias de dicha decisión, el Ejecutivo hizo poco o nada para responder a las observaciones del TC o para restablecer plenamente las atribuciones del máximo órgano de control del Estado. Por su parte, la Contraloría enfrentó el problema suscitado remitiendo el 19 de mayo del 2020 el Proyecto de Ley 5283/2020-CGR al Congreso de la República, señalando expresamente en el oficio de remisión que el proyecto apuntaba a contribuir al fortalecimiento de la potestad sancionadora, tipificar a nivel legal de manera taxativa y clara las conductas infractoras, así como establecer las sanciones a aplicar, solicitando su pronto trámite a fin de que cientos de procedimientos sancionadores no cayeran en saco roto.

Lamentablemente, las circunstancias políticas y sanitarias conocidas llevaron a que el debate de dicha iniciativa legislativa demorara más de la cuenta. Para inicios de mayo del presente año la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso logró emitir un dictamen aprobado POR UNANIMIDAD a favor del proyecto de ley de la Contraloría. Este dictamen planteaba un texto sustitutorio que recogía propuestas de otros seis proyectos de ley dirigidos a modificar los artículos 11, 45, 46, 47, 48, 51, 56, 57, 58 y 59 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Específicamente, en el caso del artículo 46º incluyó prácticamente todos los tipos de conducta infractora propuestos por la Contraloría General de la República.

Como se señaló en la exposición de motivos del proyecto de ley, para la formulación de las 32 infracciones graves o muy graves recogidas finalmente en la autógrafa del Congreso se siguieron diversos criterios, como la identificación de los bienes jurídicos de especial importancia para el Estado; el significativo impacto de estas infracciones en la gestión pública; la casuística y experiencia acumulada de los órganos procesales y los aportes efectuados por los órganos de control gubernamental. Asimismo, se consideraron aspectos de predictibilidad, simplificación y uniformidad de conceptos, buscando con ello superar la principal objeción del TC al régimen de infracciones anterior, calificado de no respetar el subprincipio de tipicidad o taxatividad que a su vez forma parte del principio de legalidad reconocido en el artículo 2, inciso 24, literal d), de la Constitución vigente.

A pesar de este esfuerzo de mayor claridad y ajuste al texto constitucional, una de las principales observaciones hechas por el Ejecutivo a la autógrafa de ley es que la modificación del artículo 46º contendría igualmente “términos genéricos e imprecisos” similares a la versión original, señalando expresamente que “tal redacción no permitiría determinar las normas cuya inobservancia configuraría infracción, tampoco permitiría identificar con exactitud cuáles son las conductas pasibles de sanción, ni la clase de daño que deben producir las conductas para que sean pasibles de una sanción”, por lo que se estaría recayendo nuevamente en un supuesto de inconstitucionalidad.

Si bien esta no es la única objeción presentada, incluyéndose también observaciones sobre el respeto al derecho de defensa, al nombramiento y remoción de los vocales del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, o sobre la presunta superposición de competencias entre éste y el Tribunal del Servicio Civil, para el Ejecutivo todas estas objeciones son subsanables y materia de enmienda, mas no lo referente a la tipificación de infracciones incluidas en el artículo 46º, la que es considerada incluso “lesiva al ordenamiento jurídico”. Sin embargo, al ser esta reforma la base de toda la iniciativa legislativa, es claro que con ello solo se busca mantener a la Contraloría como una entidad vacía de poder y de ejercer un efectivo control sobre el funcionamiento de la administración pública.

Esta situación debilita además a la Contraloría General de la República del Perú y la limita en comparación con sus  pares de América Latina al observar que la mayor parte de Entidades Fiscalizadoras Superiores de la región cuentan con importantes facultades sancionadoras que les permite cumplir a cabalidad sus funciones, sea en materia de “responsabilidad pecuniaria”, como es el caso de la Contraloría General de la República de Chile (Título IV del Decreto 2421); de “responsabilidad fiscal”, como en el caso de la Contraloría General de la República de Colombia (Ley 610 de 2000 y Decreto 403 de 2020), o “sanción por faltas administrativas” con multa, como es el caso de la Contraloría General del Estado de Ecuador (Capítulo 5 de la Ley 2002-73). No cabe duda de que el principal perjudicado con esta decisión es el propio Estado peruano, además de los ciudadanos, al no contar con un órgano de control fortalecido y eficiente que ejerza un control efectivo sobre los procedimientos y el uso de recursos públicos, y que cuente con el marco normativo para que pueda separar a las manzanas podridas de aquellas que sí rinden frutos a favor del desarrollo nacional. Esperemos, por tanto, que el Congreso de la República cumpla con su deber histórico a favor de la lucha anticorrupción.

Luis Miguel Iglesias.
Abogado y Doctor en Derecho. Comprometido en construir un sistema de justicia democrática, eficiente que fortalezca la convivencia social.

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